PUERTO PADRE, Cuba.- Vive por estos días la nación venezolana el resultado de la predeterminación y premeditación criminal de Nicolás Maduro. Resulta que, bajo Maduro y su clan, Venezuela ya no clasificaría ni como democracia mínima, que según el concepto académico es la forma de “democracia”, donde, aunque necesariamente no se garantizan la protección de los derechos y las libertades individuales, sí es posible la realización de elecciones libres y justas porque los ciudadanos pueden votar y elegir a sus líderes.
Y Venezuela duele a los cubanos que amamos la libertad entre cadenas, porque los venezolanos hoy, si no consiguen hacer valer su derecho de votar y elegir al presidente de la nación, van por la misma angosta y enmarañada vereda que Cuba, ese estrechísimo trillo de la dictadura totalitaria.
Redicho está. Pero digámoslo otra vez. Sin jurisdicción y ante todo por ser un proceso inconcluso por parte de la autoridad electoral idónea, que es –o debía ser– el Consejo Nacional Electoral (CNE), y sin evidencias fidedignas como son las actas comiciales originales, pero que por más de dos semanas han sido insuficiente e imparcialmente preservadas, para luego ser llevadas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, necesario es preguntar:
¿Qué credibilidad nacional e internacional puede tener el Tribunal Supremo para pronunciarse en materia de las elecciones presidenciales del pasado domingo 28 de julio…?
Como bien se sabe, anclado en el poder por la fuerza militar, policial y parapolicial de los “colectivos”, sujetándose de los poderes del Estado que ha hecho suyos, Nicolás Maduro intenta validar unas elecciones que sabe irremediablemente pérdidas, pretendiendo tocar fondo en un mar de pueblo agitado, donde ya está por hundirse, y recurriendo a ardides leguleyos, mientras unas veces baila y otras despotrica, nos hace recordar el filo de una navaja, sí, por supuesto, el de la navaja de Ockham.
Según el Principio de Ockham, la pluralidad no se debe postular sin necesidad. O dicho más sencillo: cuando se ofrecen dos o más explicaciones de un suceso, es preferible la explicación completa más simple, por aquello de no multiplicar entidades sin necesidad.
Y la pregunta es simple: ¿A quién corresponde contar los votos y quién obtuvo mayor votación, Nicolás Maduro o Edmundo González?
Y Nicolás Maduro nos recuerda el Principio de Ockham porque recurriendo al TSJ para que valide su “triunfo”, superpone entidades y hace incursionar a los magistrados del Tribunal Supremo en la jurisdicción exclusiva del poder electoral, haciendo que ambos, el TSJ y el CNE, incurran en nulidad, uno por acción y otro en omisión por viciar el principio jurídico de efectividad.
El principio de efectividad jurídica es universal en cualquier democracia, y es rector de la jurisdicción constitucional, porque todo juez o tribunal, está obligado a garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales todos, obligándose, a respetar las debidas garantías y los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección de un debido proceso en las relaciones jurídicas.
Esa acción antijurídica de Nicolás Maduro, reclamante no como mero candidato presidencial, sino en su condición de jefe de Estado, lo que implica un abuso de poder, llevando a las máximas autoridades judiciales y electorales de Venezuela a una actuación contrahecha, conduce a una interrogante de contexto criminológico y de antropología criminal, porque rebasa los caracteres de una persona como delincuente individual, al constituirse el jefe de un Estado en autor de un crimen de lesa humanidad, por lo que, perentoria y necesariamente hay que preguntar:
Al convertirse en dictador de Venezuela… ¿Cuál es la predeterminación y la premeditación criminal de Nicolás Maduro?
Aunque carecemos de un perfil de psicología clínica y de psicología operativa de esta persona, vemos a un Nicolás Maduro irascible, insultante, bravucón, y entonces no resulta rara la situación de delito de lesa humanidad que vive el pueblo venezolano a manos de este individuo.
En el ámbito criminológico la predeterminación circunscribe los signos, síntomas o señales que muestra una persona con predisposición a delinquir; son factores de origen genético, ambientales o psicosociales que distinguen a la persona con autocontrol de la propensa a asumir riesgos ilícitos.
Entonces no resulta extraño o poco probable que el sujeto con predeterminación, criminológicamente hablando, en lugar de sortear escollos para por medios lícitos conseguir sus objetivos, sin importar cómo, para lograr sus propósitos concurra en premeditación criminal, que es la planificación consciente, anticipada y decididamente hostil del delito.
La doctrina jurídica conceptúa tres estadios de la premeditación como circunstancia agravante de la responsabilidad penal: el período cronológico, que es el tiempo transcurrido entre la ideación criminal y la ejecución del crimen; el factor moral, que es, la perversión sistemática que mantiene firme y perseverante el propósito criminal; y, por último, el factor psicológico que ya al inicio apuntábamos, y concierne al estado anímico resuelto en la planificación del delito.
Visto a la luz de las Ciencias Penales, prima facie (a primera vista) caben pocas dudas respecto a la predeterminación de Nicolás Maduro como persona propensa a asumir riesgos ilícitos para conseguir sus objetivos; como creíble resulta que, toda su actuación, es resultado de una muy prolongada premeditación criminal en la que, el factor cronológico, presumiblemente data de antes de la muerte de Hugo Chávez, lo que explicaría que el ex teniente coronel golpista, devenido presidente constitucional arropado por Fidel Castro, lo nombrara su sucesor; y del mismo modo, ese estado anímico resuelto para ir contra sus adversarios políticos sin importar la amoralidad de los procedimientos, claramente advierte que, Nicolás Maduro, de Miraflores no se va, a no ser que lo echen.
