MIAMI, Estados Unidos ― La ONG UN Watch acusó a varios relatores y expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de favorecer narrativas afines al régimen cubano, minimizar la responsabilidad interna de La Habana en la crisis de derechos humanos y centrar sus pronunciamientos en las sanciones de Estados Unidos, según el informe From Watchdogs to Ideologues (De vigilantes a ideólogos), publicado este mes.
El documento sostiene que parte del sistema de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas ha dejado de actuar como un mecanismo independiente de vigilancia y se ha convertido, en determinados casos, en una plataforma de activismo político, sesgo antioccidental y escasa rendición de cuentas.
UN Watch, organización con sede en Ginebra dedicada al monitoreo de la ONU, examinó una muestra de 13 mandatos temáticos del Consejo de Derechos Humanos a partir de comunicados, informes oficiales, comparecencias, publicaciones en redes sociales y materiales de fuente abierta.
El señalamiento más directo sobre Cuba aparece en el capítulo dedicado a Alena Douhan, relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. UN Watch afirma que Douhan “se ha esforzado por exonerar al Estado policial cubano” y que su visita a la Isla, realizada en noviembre de 2025, tuvo como objetivo principal “atacar las sanciones estadounidenses”, a las que atribuyó desde la escasez de alimentos hasta la migración, sin formular críticas sustantivas a las políticas autoritarias del Gobierno cubano.
La propia relatora, en sus conclusiones preliminares difundidas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que visitó Cuba del 11 al 21 de noviembre de 2025 para “evaluar el impacto de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven en Cuba y de otras personas afectadas”. En el documento, Douhan agradeció al Gobierno cubano “la forma constructiva en que facilitó esta visita” y detalló reuniones con altos funcionarios, incluidos representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asamblea Nacional, varios ministerios, el Banco Central, BioCubaFarma, ETECSA y autoridades provinciales.
Aunque Douhan reconoció “la responsabilidad primaria de Cuba en la promoción y protección de los derechos humanos”, quitó valor a ese apartado por los “esfuerzos del Gobierno para mitigar el impacto de las sanciones”. Sus recomendaciones se dirigieron fundamentalmente a Washington: “Insto a los Estados Unidos a levantar o suspender todas las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, incluyendo la regla del 10%, la aplicación extraterritorial por pagos en USD, la prohibición a buques, y amenazas de revocación de visas o ESTA”.
UN Watch cuestiona precisamente ese enfoque: a su juicio, la relatora desplaza el centro del análisis desde la responsabilidad del Estado cubano hacia la política estadounidense. El informe también recuerda que, en febrero de 2025, expertos de la ONU condenaron la decisión de Estados Unidos de mantener a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y pidieron levantar las medidas coercitivas unilaterales contra la Isla.
El reporte coloca el caso de Douhan dentro de un patrón más amplio de vínculos o acercamientos entre relatores de la ONU y gobiernos autoritarios. Según UN Watch, la oficina de Douhan recibió 1,3 millones de dólares de China, Rusia y Qatar, lo que —afirma la organización— plantea dudas sobre su independencia. El informe sostiene que sus visitas y reportes han tendido a presentar a países como China, Irán, Siria, Cuba, Venezuela y Zimbabue como víctimas de sanciones occidentales, con poca atención a la represión, la corrupción, los conflictos internos o los fallos de gobernanza.
Otro caso señalado es el de George Katrougalos, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. UN Watch afirma que Katrougalos mantiene relaciones cercanas con los gobiernos de Cuba, China, Irán y Rusia, y recuerda que en enero de 2025 se reunió en La Habana con Miguel Díaz-Canel durante la Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba difundió la visita y Díaz-Canel agradeció públicamente la asistencia del experto.
El reporte también señala que Katrougalos condenó posteriormente la permanencia de Cuba en la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo. Para UN Watch, ese posicionamiento ilustra cómo algunos expertos de la ONU presentan a regímenes autoritarios como víctimas de un orden internacional dominado por Occidente, mientras reducen el escrutinio sobre las restricciones internas a los derechos civiles y políticos.
Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, στο πλαίσιο του Συνεδρίου Balance of the World, στην Αβάνα. pic.twitter.com/ER2eXV4YlW
— George Katrougalos/Γιώργος Κατρούγκαλος (@gkatr) January 30, 2025
La organización también dedica espacio a Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre el derecho a la salud, quien en julio de 2025 se reunió con el embajador cubano ante la ONU y elogió el encuentro, según el informe. UN Watch contrasta esa cercanía con el deterioro del sistema sanitario cubano y con las denuncias sobre las misiones médicas internacionales de Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido en un informe reciente que esas misiones plantean “serios interrogantes” sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales del personal sanitario involucrado.
En otro apartado, UN Watch vincula a Cuba con la creación y expansión de ciertos mandatos temáticos dentro del sistema de Procedimientos Especiales. El informe indica que el mandato del relator especial sobre el derecho a la alimentación fue establecido en 2000 a iniciativa de Cuba, y sostiene que La Habana y otros países del Movimiento de Países No Alineados promovieron mandatos centrados en derechos económicos, sociales y de “tercera generación” que, según la ONG, terminaron desviando recursos y atención desde la protección de individuos frente a la represión estatal hacia agendas políticas contra democracias occidentales.
El actual relator sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, también es incluido en el informe como parte de esa tradición. UN Watch sostiene que Fakhri ha empleado su mandato para promover narrativas críticas de las economías de mercado y de las sanciones occidentales, con especial énfasis en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea e Israel.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU define los Procedimientos Especiales como expertos independientes con mandatos para informar y asesorar sobre derechos humanos desde perspectivas temáticas o de país. Según el ACNUDH, a noviembre de 2025 existían 46 mandatos temáticos y 13 mandatos por país. Aunque sus conclusiones no son jurídicamente vinculantes, sus informes suelen ser citados por gobiernos, tribunales, medios, universidades y organizaciones civiles como referencias autorizadas.
UN Watch advierte que esa autoridad puede amplificar denuncias no verificadas o análisis parciales cuando los expertos actúan con sesgo político. En el caso cubano, la preocupación central del informe es que varios relatores habrían adoptado marcos narrativos favorables a La Habana: presentar la crisis de la Isla casi exclusivamente como consecuencia de sanciones estadounidenses, omitir o reducir el peso de la represión interna y legitimar al Gobierno cubano mediante visitas, comunicados o reuniones públicas.
La crítica contrasta con los diagnósticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Cuba. La CIDH ha incluido al país en el capítulo IV-B de su informe anual de forma sostenida por considerar que carece de elementos esenciales de una democracia representativa. En su informe sobre las misiones médicas cubanas, la Comisión señaló la persistencia del sistema de partido único, la falta de separación de poderes, el cierre de espacios cívicos y la persecución de voces críticas, factores que —según el organismo interamericano— derivan en violaciones sistemáticas de derechos humanos y restricciones a libertades ciudadanas.
El informe de UN Watch concluye que estos patrones no son fallos aislados, sino síntomas de una distorsión estructural del sistema de Procedimientos Especiales. Para la organización, la combinación de nombramientos politizados, mandatos ideológicos, financiación opaca y ausencia de sanciones efectivas permite que algunos expertos utilicen la autoridad de Naciones Unidas para favorecer a regímenes autoritarios y debilitar la credibilidad del sistema internacional de derechos humanos.
