La ONU exige explicaciones al Estado cubano por denuncias de detenciones, exilio forzado y tortura

MIAMI, Estados Unidos ― Cuatro relatoras especiales de Naciones Unidas reclamaron explicaciones al régimen cubano por denuncias de persecución sistemática, detenciones arbitrarias, desapariciones temporales, tortura y exilio forzado contra defensores de derechos humanos, activistas y artistas en la Isla, según una comunicación oficial enviada a La Habana el pasado 7 de enero.

En esa carta, las expertas alertan sobre “un patrón sistemático de criminalización de la disidencia y el uso de la coerción, incluyendo la detención arbitraria y el exilio forzado”.

La comunicación fue firmada por Gina Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Alexandra Xanthaki, relatora especial en la esfera de los derechos culturales; Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, según la propia ONU, están integrados por expertos independientes que actúan sobre casos individuales y sobre patrones más amplios de violaciones mediante el envío de comunicaciones a los Estados.

El documento centra sus señalamientos en los casos de José Daniel Ferrer García, Yosvany Rosell García Caso y Maykel Castillo Pérez, y sostiene que desde 2021 las alegaciones recibidas “parecen indicar una represión estructural y sistemática contra el disenso político”. En el caso de Ferrer, la carta recuerda que su detención de 2019 fue considerada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria como una “detención arbitraria de tipo I, II, III y IV”, y añade denuncias posteriores sobre desaparición temporal, deterioro de salud y posibles actos que, de confirmarse, podrían constituir tortura o tratos crueles e inhumanos. 

Sobre García Caso, las relatoras recogen denuncias de huelga de hambre, hospitalización en estado crítico, vigilancia estricta y hostigamiento a su familia. En cuanto a Maykel Castillo, señalan que habría sido objeto de persecución judicial para silenciar la expresión creativa con contenido crítico.

Uno de los pasajes más duros de la carta es el referido al patrón de “prisión o exilio”. Las relatoras sostienen que, según la información recibida, esa práctica consistiría en forzar a activistas y defensores de derechos humanos a abandonar el país bajo amenazas, ya sea como condición para su excarcelación o para evitar procesos penales desproporcionados. El texto añade que esa estrategia “se percibe como un mecanismo de control de seguridad interna diseñado para neutralizar a la disidencia” y advierte que afectaría directamente el derecho de estas personas a permanecer en su propio territorio.

“Sin pretender prejuzgar la veracidad de la información recibida, quisiéramos expresar nuestra más profunda preocupación”, escribieron las expertas, antes de pedir al estado cubano que explique la base fáctica y legal de las detenciones, la persecución judicial de los activistas mencionados, la revocación de la libertad condicional de Ferrer, la condena de Castillo y las medidas adoptadas para garantizar que los defensores de derechos humanos puedan permanecer en el país “sin coerción”. También piden información sobre las garantías a la libertad de expresión artística y sobre las medidas para que los defensores puedan actuar sin temor a acoso o penalización.

La propia carta establece que “toda respuesta recibida” se hará pública en un plazo de 60 días. La ONU explica además que las comunicaciones y las respuestas estatales permanecen confidenciales durante ese período antes de pasar a la base pública de procedimientos especiales. En la ficha pública del caso, abierta ya al público, no consta por ahora respuesta alguna del Estado cubano.

Esa ausencia de respuesta ha sido interpretada por Prisoners Defenders como una “aceptación tácita” de las acusaciones. La organización, junto con Consorcio Justicia, aseguró en una nota publicada este martes que ambas fueron denunciantes en el proceso y sostuvo que el silencio del régimen equivale a asumir la realidad represiva denunciada.