LA HABANA, Cuba. – Cuando Yamila Argüelles recibió el último pago de la venta de su vivienda, decidió invertirlo con la esperanza de verlo crecer, en lugar de gastarlo por completo. Ahora estaba recibiendo los últimos 2.000 dólares de los 6.000 que había pedido por su pequeño apartamento en Santos Suárez, La Habana, pagados por la compradora en tres plazos, según un acuerdo mutuo.
Siguiendo el consejo de un amigo emprendedor, y aún sin recibir la licencia necesaria, Yamila abrió a principios de agosto de este año una pequeña tienda de artículos de primera necesidad en un local alquilado del barrio Los Sitios, en Centro Habana.
“Me arriesgué, y no porque quien no arriesga no gane, sino porque si no te arriesgas y esperas a que estén todos los papeles, se añejan tú y toda tu mercancía”, afirma esta joven informática de 27 años, que como miles de trabajadores cubanos emigró al sector privado.
Al presentar su proyecto como trabajadora por cuenta propia en la Dirección Municipal de Trabajo, le comunicaron de forma clara que había retrasos y que su aprobación podría tardar más de tres meses. “Y yo no podía esperar tanto”, cuenta. “Ya había comprado equipos, mercancía; había hecho mi pequeña inversión. Por eso me arriesgué y abrí sin papeles”, cuenta a CubaNet.
Temía que si esperaba el tiempo que tardaban los trámites, gastara el dinero en otros menesteres o desistiera. Y sabiendo que, por un buen tiempo, no recibiría una suma similar, “era ahora o nunca”, explicó.
Su amigo le había advertido sobre los riesgos y la posibilidad de multas, sobornos y una “cacería” desgastante por parte de los inspectores. Lo que no esperaba que llegaran tan pronto.
Al tercer día de la apertura, apareció un inspector de la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología. Yamila está convencida de que algún vecino fue el responsable de aquella primera visita.
“Estoy más que segura”, afirma. “En toda esa cuadra y en las aledañas hay tiendas parecidas, incluso más abastecidas que la mía, pero algunos emprendedores cubanos tienen tan metido el germen del comunismo que creen que, porque haya más negocios en el área, las ventas bajarán. En un país con escasez de todo, hay mercado para todos”.
Aunque le hizo pasar un primer mal rato, asegura Yamila que el inspector dijo que la ayudaría porque veía a “una joven con ganas de emprender y que a la juventud había que apoyarla”.
“Me dijo: ‘No tienes papeles. Ya por eso tienes una multa, pero te voy a llevar bien’. Y lo que hizo fue indicarme cómo debía organizar la mercancía en el almacén y en la nevera, y darme una que otra recomendación de las tantas absurdas que dan”, relata.
Aunque no la multó, le aconsejó agilizar los trámites, como si dependiera de ella, y advirtió que en dos o tres semanas volvería, suponiendo que para entonces ya estaría aprobado su proyecto.
Sin embargo, en las dos semanas siguientes aún no estaba. Eso no impidió que Yamila siguiera vendiendo, asumiendo el riesgo.
Un mes después, en septiembre, apareció otra inspectora de Higiene. Le pidió el número de licencia y, al decirle que aún no la tenía y que esperaba la aprobación de su proyecto, la funcionaria cuestionó cómo vendía sin autorización. Yamila le respondió que no podía esperar, porque de ella dependía su padre, que se encontraba muy delicado de salud.
Según la joven, la mujer ladeó la cabeza y concluyó que la infracción no era tan grave, pues “a fin de cuentas todo el mundo vende sin licencia”. Entró al local, examinó la mercancía, abrió la nevera y el refrigerador sin pedir permiso y le dio algunas recomendaciones.
“Me di cuenta de que estaba husmeando, viendo qué podía interesarle. Al terminar, se cruzó de brazos y me preguntó qué hacía conmigo, como una abuela regañando, y le respondí que si ella, que era inspectora, no sabía…”.
La funcionaria le informó que por no tener la licencia podría imputarle una multa. “¡‘Póngala’, le dije”, narra Yamila. “Yo lo que no quería era darle más vueltas al asunto”. Sin embargo, la funcionaria le hizo saber que su intención no era multarla, que “no había que llegar a eso”. Y en ese momento Yamila confirmó lo que sospechaba.
Aunque no tiene mucha experiencia con ellos, afirma que el modo de operar de los inspectores suele ser simple y no es un secreto: detectan una irregularidad, dicen cuál sería la multa y, de forma indirecta, dejan entrever que existen otras maneras de evitarla, como “dejarles caer algo a ellos”.
Después de varias vueltas y mensajes implícitos que Yamila ignoró, la inspectora se fue sin imponerle la multa y tras recomendarle que cumpliera con las indicaciones, pues volvería.
Yamila cree que la mujer tuvo un golpe de pudor y, por eso, no logró su objetivo. “Podía ser mi abuela; y a esa edad, que tanto respeto se exige, caer en la desfachatez de pedir a la cara o dejarse sobornar, debe dar un poquito de pena”, considera.
Tras haber corrido con suerte por segunda vez, Yamila supo que la tercera sería la vencida. “Con esta gente no se tiene tanta suerte”, afirma. La tercera y, en efecto, la vencida, llegó el 22 de septiembre, cuando la visitaron tres inspectores de la Dirección Provincial de Comercio de La Habana. Aunque mostraron cierta comprensión por el hecho de que ella vendiera sin licencia —ya que tenían conocimiento de los retrasos por parte de los organismos responsables—, le impusieron una multa de 5.000 pesos por no aceptar transferencias bancarias.
“Casualmente —aunque ya no sé qué tan casual fue—, ellos iban pasando en el momento en que una mujer me preguntó desde la calle si yo aceptaba transferencias y le respondí que no. Enseguida me cayeron”, cuenta.
La Resolución 93/2023 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) establece la obligatoriedad para los establecimientos de venta de garantizar a los clientes el acceso y uso de los canales electrónicos, es decir, contar con las facilidades de pago a través de las pasarelas nacionales para la comercialización de bienes y la prestación de servicios.
Para Yamila, es un obstáculo que obliguen a los comerciantes a operar mediante un canal que no garantiza estabilidad ni liquidez. “Los cajeros nunca tienen dinero. Cuando hay, se forman colas interminables; a veces, la única forma de obtener efectivo es pagándole una comisión a alguien fuera del propio cajero. A la hora de comprar mercancía a mayoristas por transferencia, cobran un porcentaje extra. No da resultado”, se queja.
Son muchas las razones que desaniman a los pequeños comerciantes cubanos. Aunque por ahora no piensa abandonar su proyecto, hay días en que Yamila quiere desistir. “No tengo aspiraciones de convertir esto en una gran empresa. Quería algo que me diera para el diario, pero no contaba con tantas trabas”, admite.
Antes de iniciar este negocio, la joven tenía planeado emigrar a Brasil junto a su hermano, tras la venta de una casa que ambos heredaron. Pero cuando lo tenía todo listo, su padre fue diagnosticado con cáncer. Decidió quedarse, mientras que su hermano partió.
“La orden de recaudar está dada”
Además de la falta de incentivos económicos al sector privado y de la ausencia de un mercado cambiario formal, este año se ha caracterizado por un entorno de mayor control fiscal sobre la actividad privada. Los inspectores que multaron a Yamila el pasado 22 de septiembre, y que también acudieron al resto de los negocios de la zona, no llegaron a la zona por una revisión rutinaria, sino como parte del “IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las indisciplinas sociales y las ilegalidades”, desarrollado entre el 22 y el 26 de septiembre.
Según el Gobierno cubano, el objetivo de los más de 4.000 inspectores desplegados por todo el país era enfrentar las ilegalidades, “fortalecer el respeto al orden interior” y la “estabilidad en el país”. Para los emprendedores y vendedores cubanos como Yamila, la historia es otra: “La orden de recaudar está dada”. Razón lleva cuando la prensa oficial parece celebrar la detección de infracciones, la imposición de multas, el decomiso de mercancía y el cierre de establecimientos.
Los tres “ejercicios” anteriores en 2025 no fueron distintos.
Para este en específico, la Agencia Cubana de Noticias (ACN) resaltó la efectividad con un titular del 25 de septiembre: “Unas 7.500 multas en ejercicio nacional contra delitos”. La nota detalla que ese número corresponde, según el Ministerio de Finanzas y Precios, a las multas impuestas el día anterior. También indica que en la misma fecha se realizaron 12.240 inspecciones y se detectaron irregularidades en 9.612 centros.
Las principales infracciones estaban relacionadas con la política de tarifas de precios, aunque también se detectaron otras “violaciones como pizarras informativas desactualizadas, violaciones a normas higiénico-sanitarias, no utilización de pasarelas de pago y cuentas bancarias inmovilizadas”.
Según la nota, se llevaron a cabo 63 decomisos en 11 provincias y el importe total de las sanciones ascendió a 23 millones 888.000 pesos.
“Una carnicería”, expresa Yamila. “Desde la forma en que dicen la noticia se puede ver que el verdadero objetivo de estas campañas es recaudar dinero a toda costa”.
Sin embargo, cree que a ella la siguen “llevando bien”. No es el caso de Mayra, una mujer de 46 años que vende en el interior de su vivienda en Guanabacoa, La Habana. El mismo día en que a Yamila la multaron con 5.000 pesos, a Mayra la sancionaron con 16.000 por comercializar productos que no estaban contemplados en el listado de su proyecto.
“Estoy a punto de cerrarlo”, comenta Mayra, afligida. “No puedo vivir para pagar multas. Todas las ganancias se me van en eso”.
El resto de la semana del “IV Ejercicio Nacional…”, Mayra no abrió su casa por miedo a que llegaran más inspectores. Ahora solo vende por las tardes, cuando ―afirma― ya no deben pasar.
También en Guanabacoa, una persona que pidió proteger su identidad dio detalles a CubaNet sobre el clima que vivieron los consumidores esa semana: “Imagínate que no hay dónde comprar nada. Todo ha cerrado. Aquí han puesto hasta 9.000 pesos de multa por no estar organizado el almacén o por una basurita que cayó al piso”.
Desde 2024, el Gobierno incrementó el monto de las sanciones: hoy muchas alcanzan un valor mínimo de 15.000 o 16.000 pesos. Aunque estas sanciones elevan los ingresos inmediatos, economistas como Pedro Monreal han advertido que no corrigen el desequilibrio que origina la inflación, caracterizado por la baja oferta interna y un déficit fiscal que continúa entre los más altos del mundo.
Paradójicamente, todas estas regulaciones, sanciones y represalias contra el sector privado cubano llegan en el mismo momento en que este se ha consolidado como el sector que sostiene una parte significativa de la oferta de bienes y servicios del país.
“Con los viejitos son más abusadores”
Muy cerca de la tienda de Yamila está la céntrica calle Reina, donde es común ver a numerosos vendedores en los portales. También es habitual, cuenta Yamila, verlos correr y esconderse en las entrecalles cuando hay inspectores cerca.
“A ellos los sofocan mucho también y no le están haciendo daño a nadie. Un vendedor, de lo que sea, lo que hace es resolver un problema. Y más cuando el Estado ya no puede. Además, la mayoría son viejitas que buscan sus cuatro pesitos para sobrevivir al día a día”.
Concha es una de ellas. Tiene 68 años, una pierna con linfangitis y una chequera que no alcanza para la mayoría de sus medicamentos. “Yo no puedo correr”, dice. “Si me agarran, me agarraron. Pero es abusivo. Te multan y te quitan las cajitas de cigarros y los jaboncitos, lo poco que una tiene”.
Maribel dice que ella sí corre. Es más joven. Tiene 53 años, pero una nieta huérfana de padre y con la madre presa, que tiene que criar. No puede permitir que decomisen la mercancía que consigue con tanto esfuerzo. “Yo me desaparezco en cuanto me entero de que andan cerca o, cuando hay inspecciones que duran semanas, no vendo durante el día. A eso de las 5:00 y pico [de la tarde] subo a Reina o Monte y me siento a vender mis cigarros, condones y cafecito”.
Yamila piensa que, si bien no se debe ser prepotente ni intimidante con los inspectores, sí hay que imponer respeto y alzar la voz cuando haga falta. La última inspección que tuvo fue apenas tres días después de la multa y, desde que llegaron las dos mujeres que la visitaron esa vez, algo le pareció extraño.
Eran pasadas las 3:00 de la tarde. “A esa hora nadie trabaja en Cuba. Nadie que trabaje para el Estado. Y menos cuando hay que caminar, visitar lugares y eso; a menos que saques algún provecho”, afirma.
Después de presentarse con su carnet de inspectoras, una de las mujeres le informó a Yamila que estaba comercializando salchichas y aceite violando el precio máximo establecido en la Resolución 225. Ambos productos forman parte de los seis cuyos precios han sido topados por el MINCIN desde mediados de 2024.
Según la ACN, la mayoría de las infracciones detectadas durante el “IV Ejercicio…” —aproximadamente el 32% de las multas impuestas— se relacionaron con el Decreto 30, que define contravenciones, sanciones, medidas y procedimientos para personas naturales involucradas en la comercialización mayorista o minorista de bienes y servicios, y determina cuándo hay precios abusivos o especulativos; el Decreto-Ley 91, que regula infracciones administrativas de actores del sector no estatal; y la mencionada Resolución 225.
Cuando Yamila explicó que ni a ella ni a casi ningún pequeño comerciante les convenía comprar los paquetes de salchichas a 340 pesos para venderlos a 355, tal como dispone la normativa, una de las inspectoras, la que más habló durante el intercambio, le dijo que entonces no las comercializara.
“Ellos prefieren que se deje de comercializar el producto antes de que haya un mercado competitivo”, declara Yamila. “No tienen en cuenta la inflación, cómo sube el dólar, ni escuchan a los economistas. No obstante, les hice saber que la decisión de qué comprar o no con mi dinero me incumbía a mí, y obviamente eso no les gustó”.
La mujer le pidió el “proyecto” y cuando Yamila le dijo que no lo tenía, le señaló que estaba “sin papeles y guapeando”.
Ambas tuvieron un careo que incluyó, por parte de la inspectora, amenazas de multas por un total de 48.000 pesos, decomiso y cierre del establecimiento. Le repitió a Yamila que estaba vendiendo de manera ilegal y que ella estaba facultada para llamar a un carro y llevarse toda la mercancía. Yamila la desafió a que lo hiciera y sacó el celular para avisarle a su esposo.
En ese momento, las dos inspectoras susurraron algo que Yamila no alcanzó a escuchar. La que apenas hablaba les pidió calma, señaló que las cosas se habían salido de control y le informó a Yamila que no tomarían ninguna acción en su contra, pero que acatara las indicaciones porque otros inspectores no serían tan “generosos como ellas”. Luego se marcharon.
“Mi teoría es que no estaban tan facultadas como decían, o estaban fuera de servicio, fuera de horario. Apenas cogí el celular, se pusieron nerviosas y se fueron”, comenta Yamila. Por eso cree que, aunque todavía no tenga los papeles para trabajar por cuenta propia, no puede permitir que ningún inspector llegue a su negocio de manera arbitraria y con otras intenciones. “Por cómo les hablé, si de verdad estuvieran tan facultadas, hubieran decomisado y puesto la multa”.
Aunque reconoce que en otro país también estaría cometiendo una infracción, Yamila destaca que hay otras condiciones de mercado y garantías distintas que no existen para los comerciantes cubanos.
Julián, un joven de 36 años que tiene una cafetería en Monte, opina también que hay que hablarles fuerte: “La gente dice que con ellos no se discute porque es peor, pero a veces hay que ponerse firmes, porque son muy calculadores. Desde que entran tratan de ver qué tan débil o vulnerable eres, para ver hasta dónde pueden meterte el pie. Pero no es lo mismo con una viejita de Monte que conmigo. Con los viejitos son más abusadores”.
Cuenta que a los inspectores los recibe con frialdad y desprecio. “Ellos no son mis amigos ni llegan para ofrecerme algo beneficioso”. Cuando intentan convencerlo de que solo están haciendo su trabajo, él dice que ese trabajo es indecente. “¿Qué clase de trabajo es ese de joder a otros, quitarles lo poco que tienen y hacer pagar multas altísimas? Yo las pagaré mientras tenga respaldo; cuando no, cierro mi negocio e invierto en otra cosa, pero a ellos no les voy a dar nada, ni una galleta. Y que nadie me diga que ellos también están luchando. Me parece una forma deshonrosa de luchar. Deja de ser inspector de un Estado parasitario, monta un estante y ponte a vender también”.
Solo hasta el cierre del primer trimestre de 2025 se impusieron 425.012 multas que abonaron al presupuesto estatal más de 1.000 millones de pesos cubanos.
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