MIAMI, Estados Unidos. — Laura María Gil González, hija del ex viceprimer ministro y exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, reaccionó este lunes al anuncio oficial de que el juicio oral contra su padre comenzará mañana martes, 11 de noviembre, y será restringido por “razones de Seguridad Nacional”.
En un audio difundido en Facebook por el periodista Mario Pentón, la joven subrayó que su padre no es espía y adelantó que intentará asistir a la vista junto a su hermano.
“No lo sabíamos [que el juicio comenzará este martes]; no sabemos si podemos entrar o no, evidentemente no va a ser a puertas abiertas”, dijo Gil González. La joven también recordó que el proceso que se inicia este martes es por espionaje y reiteró su convicción de la inocencia de su padre con respecto a ese cargo: “Estoy segura de que no, de que espía no es”.
También sostuvo que, ocurra lo que ocurra en sala, mantendrá su postura: “A mí nadie me va a hacer cambiar esa idea, nadie”.
El Tribunal Supremo Popular (TSP) señaló la fecha y hora del inicio del juicio contra Gil Fernández en una nota oficial divulgada este lunes por medios estatales. “Conforme a lo establecido en los artículos 153 de la Constitución de la República de Cuba y el 477.1 de la Ley del Proceso Penal, por razones de seguridad nacional asistirán al juicio las partes y las personas autorizadas por el Tribunal”, reza el breve comunicado.
Según el propio artículo 477.1, “el juicio oral es público a menos que razones de seguridad nacional, moralidad, orden público o el respeto debido a la víctima o al perjudicado, o a sus familiares, aconsejen celebrarlo a puertas cerradas”.
En su mensaje, Gil González cuestionó la falta de publicidad del proceso y anunció que ella y su hermano harán “todo lo posible” para entrar a la sala este martes. Asimismo, aseguró que la familia pretende seguir la vista “de primera mano” y recalcó que defenderá la inocencia de su padre frente al cargo de espionaje.
La hija del exministro relató además incidencias que, según dijo, dificultaron su comunicación este lunes: “Mi Whatsapp está restringido (…) por 24 horas”, dijo. Además, precisó que tenía la “conexión pésima”, pese a que en el lugar donde se encontraba “normalmente no hay mala conexión”.
A finales de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó haber presentado la acción penal y el expediente del caso al TSP. La FGR señaló entonces: “Se solicitó responsabilidad por los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial”, indicó la entidad.
Por su parte, el TSP aseguró que “en cumplimiento del debido proceso”, los abogados y el acusado habrían tenido “acceso al expediente y a las conclusiones provisionales de la Fiscalía”. Sin embargo, al invocar “razones de seguridad nacional”, la autoridad judicial restringió el acceso a “las partes y las personas autorizadas por el Tribunal”, lo que excluye a la ciudadanía y a la prensa salvo autorización expresa.
La posición de la familia ha sido pedir máxima transparencia. La semana pasada, la propia Gil González reclamó un proceso abierto: “Me sumo al llamado popular de que el juicio sea público, televisado, con libre acceso a la prensa internacional e independiente”. Y adelantó que su padre no se declararía culpable: “No reconocerá ‘bajo ninguna circunstancia’ ningún delito; defenderá cada una de sus actuaciones, y con pruebas”.
A esa línea se sumó la expresentadora de televisión María Victoria Gil Fernández, hermana del acusado, quien dijo a Telemundo 51: “Mi hermano sabe muchas cosas que no les conviene a mucha gente que se sepa… ¿Alguien puede creer que Alejandro Gil actuó solo?”.
En su audio de este lunes, Gil González insistió en que, llegado el caso, las autoridades deberían explicar con precisión el fundamento de cualquier sanción: “Por dignidad (…) tendrían que tener la moral para dar una nota (…) y decir entonces qué fue lo que realmente hizo, qué recibió a cambio y para quién trabajó”. Admitió que, del resto de los cargos imputados, “hay cosas cuestionables” que, “por supuesto” no le competen “solo” a su padre, pero sostuvo que, respecto del cargo de espionaje, “digan lo que digan, enseñen las pruebas que sean, hagan lo que hagan”, no le interesa porque está convencida de la inocencia de su padre.
En la práctica, la reserva del juicio impide la verificación pública de afirmaciones institucionales relativas al “debido proceso” y limita el escrutinio sobre cuestiones clave como la individualización de cargos, la existencia de coimputados, la naturaleza de las pruebas y la cadena de custodia de documentos supuestamente “clasificados”.
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