LIMA, Perú – El Tribunal Provincial de Camagüey condenó a cadena perpetua al cubano Osvaldo Fernández Pichardo por el ataque con arma blanca contra una agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), ocurrido en mayo de 2025 en esta ciudad.
Un reporte del portal oficial Cubadebate señala que la sentencia fue dictada por la Sala Primera de lo Penal, imponiendo una sanción conjunta por los delitos de terrorismo, así como por portación y tenencia ilegal de armas o explosivos.
El hecho tuvo lugar el 29 de mayo en el boulevard de la calle República, donde el acusado agredió por la espalda a una oficial uniformada y desarmada, provocándole lesiones graves que comprometieron su vida, si bien la víctima sobrevivió a las heridas.
Durante el juicio, las autoridades sostuvieron que la acción no fue un acto espontáneo. Según la versión presentada, el acusado habría sido contactado por una persona residente en Estados Unidos, identificada como activista contra el régimen cubano, quien le habría ofrecido 600 dólares para ejecutar la agresión en un espacio público con el objetivo de “provocar temor en las personas, alterar el orden y fomentar sentimientos de inseguridad en la población”.
Reportes iniciales tras el incidente indicaban que Fernández Pichardo se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del ataque. No obstante, la investigación judicial concluyó que existió una motivación inducida desde el exterior.
Como parte de la sentencia, el tribunal también dispuso sanciones accesorias, entre ellas la privación de derechos públicos, el decomiso de bienes vinculados al hecho, la prohibición de salida del país y la obligación de indemnizar a la agente por los daños ocasionados.
La imposición de cadena perpetua a Osvaldo Fernández Pichardo resulta llamativa cuando se contrasta con la práctica judicial observada en otros casos de homicidio en Cuba, donde las sanciones han sido, en ocasiones, considerablemente menores.
Este contraste alimenta cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas y influencia de factores políticos dentro de la Isla en la calificación de los delitos, especialmente al haberse tipificado el hecho como terrorismo.
