LA HABANA, Cuba.- Cinco presos políticos recluidos en la prisión de Melena del Sur, en Mayabeque, y un opositor recientemente excarcelado, enviaron a CubaNet una carta en la que exigen una “liberación nacional” de Cuba y denuncian lo que describen como décadas de represión, falta de libertades y encarcelamiento de opositores por motivos políticos. En la misiva, los prisioneros de conciencia aseguran que no buscan la confrontación violenta, sino el fin de un sistema que consideran responsable del deterioro económico y social del país.
La carta fue firmada por José Armando Martínez Blanco, condenado a cinco años de prisión por los supuestos delitos de atentado y desacato; Yuri Almenares González, condenado a siete años de cárcel por supuesta difusión de noticias falsas y propaganda enemiga de carácter continuado; Duannis Dabel León Taboada, condenado a 14 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J); Adrián Curuneaux Stivens, sentenciado a un total de 11 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, desacato y agresiones; Armando Michel Rivera Cortina, sancionado a cinco años de privación de libertad en 2025 por desobediencia y difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires; y Aníbal Yaciel Palau Jacinto, excarcelado el pasado 11 de julio tras cumplir íntegramente una condena de cinco años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11J en Güines.
“Nosotros no buscamos la guerra, solo apoyamos ser liberados de ese yugo que hace más de 60 años nos oprime como pueblo”, afirmaron los firmantes, quienes cuestionaron los argumentos oficiales sobre las causas de la crisis nacional y rechazaron que el deterioro de Cuba sea atribuido únicamente al embargo estadounidense.
Los reclusos señalan que el país atraviesa una profunda crisis política, económica y social debido a las decisiones del Gobierno cubano. “No se trata de bloqueo o embargo económico, se trata de la realidad del drama que se ha vivido en Cuba después de 1959”, escribieron.
En la misiva también denunciaron la existencia de mecanismos de presión dentro de las estructuras estatales y militares. Los autores aseguran haber conversado durante su encarcelamiento con miembros de instituciones oficiales que, según ellos, expresarían inconformidad con el sistema político vigente.
“Damos testimonio al haber tenido la posibilidad de conversar a lo largo de nuestro encierro con personas que trabajan como estos, siendo miembros del MININT, pensamientos reales referidos de sus bocas expresando su descontento hacia el régimen del cual son miembros”, señalaron.
Los firmantes también criticaron la campaña oficial conocida como “Mi firma por la patria”, asegurando que trabajadores estatales y otros sectores de la sociedad serían presionados para participar.
“A muchos los chantajean psicológicamente, otros son chantajeados de forma directa”, afirmaron en el documento.
La carta hace referencia además a episodios históricos de la oposición cubana, como el Proyecto Varela y la llamada Primavera Negra de 2003, cuando 75 opositores fueron condenados a prisión por el régimen cubano.
Los presos cuestionaron la falta de espacios legales para la crítica política dentro de la Isla y preguntaron por qué si el Gobierno asegura garantizar libertades existen personas encarceladas por expresar opiniones contrarias.
“¿Por qué no permiten utilizar medios de difusión masivos legales en el país para difundir la verdad? ¿Por qué tantas personas encarceladas por su empeño en el combate contra el régimen actual, incluso luchando pacíficamente?”, escribieron.
En el documento, los seis firmantes también expresaron su respaldo a las acciones impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, a quienes identificaron como aliados en lo que consideran una lucha por la “liberación nacional” de Cuba.
La prisión de Melena del Sur ha sido señalada por organizaciones opositoras y familiares de reclusos como uno de los centros donde permanecen encarceladas personas condenadas tras procesos vinculados a protestas antigubernamentales y actividades opositoras al régimen.
