MIAMI, Estados Unidos. — La decisión del Departamento del Tesoro de sancionar a Ceiba Investments Limited coloca en el centro de la atención a una de las compañías extranjeras que más ha apostado por los negocios con el régimen cubano durante las últimas décadas.
Registrada en la isla de Guernsey (célebre centro financiero offshore), el fondo cotiza en la Bolsa de Londres desde 2018, y se presenta como un fondo de inversión dedicado al sector inmobiliario y turístico en Cuba.
El nombre inicial de la empresa, fundada a finales de los años 90, fue Beta Gran Caribe Found Limited y desde 2001 su principal gestor ha sido el abogado neerlandés Sebastiaan Berger, quien se mantiene dirigiendo el fondo en la actualidad.
Ceiba, que ha sido investigada por Cubanet desde 2019, nació con un objetivo muy específico: captar capital internacional para invertir exclusivamente en proyectos inmobiliarios en Cuba.
Su modelo de negocios se apoyó en empresas mixtas con entidades estatales cubanas, especialmente en el sector turístico, de oficinas y de bienes raíces de alto valor, un segmento reservado por el régimen para inversionistas extranjeros cuidadosamente seleccionados.
Uno de los principales socios operativos de Ceiba ha sido la cadena española Meliá Hotels International.
A través de las empresas mixtas Miramar S.A. y TosCuba S.A., el fondo tiene participación en cinco hoteles administrados bajo marcas de Meliá: Meliá Habana, Meliá Las Américas, Meliá Varadero, Sol Palmeras y Meliá Trinidad Playa.
Además de los hoteles, Ceiba posee otro valioso activo en Cuba. Desde abril es la propietaria total del emblemático Miramar Trade Center, el principal complejo de oficinas y centro de negocios internacionales de Cuba.
Lo adquirieron cuando compraron la totalidad de Monte Barreto, una inmobiliaria que hasta ese momento gestionaban junto a GAESA, a través del CIMEX.
Dada su relación con el brazo económico de las Fuerzas Armadas, no resulta extraño que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) haya sancionado este jueves a la compañía al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, que autoriza medidas contra personas y entidades que operen en sectores estratégicos de la economía cubana o que proporcionen apoyo material, financiero o tecnológico al régimen.
La propia Ceiba había reconocido el pasado 11 de mayo que existía una alta probabilidad de ser incluida en la lista de sanciones estadounidenses. En un comunicado a sus inversionistas, la empresa admitió que podía ser designada «en cualquier momento» y advirtió que ello dificultaría sus relaciones con bancos y proveedores de servicios internacionales, aunque aseguró que no poseía activos en Estados Unidos.
Qué implican las sanciones
La inclusión en la lista de la OFAC bloquea cualquier bien o interés en bienes que la empresa posea en Estados Unidos y prohíbe, en términos generales, que personas y empresas estadounidenses realicen transacciones con la compañía.
Además, la Orden Ejecutiva 14404 contempla la posibilidad de imponer restricciones adicionales a instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas con personas o entidades sancionadas, aunque esas medidas requieren determinaciones posteriores y no se aplican de forma automática.
Al mismo tiempo, la OFAC emitió varias licencias generales para facilitar el cierre ordenado de operaciones. Estas autorizan, hasta el 22 de agosto, determinadas transacciones necesarias para liquidar inversiones, títulos de deuda, acciones y contratos derivados vinculados con Ceiba, así como ciertas operaciones relacionadas con misiones diplomáticas y consulares de terceros países en Cuba.
