SAN JUAN, Puerto Rico. — Cada vez más observamos el aumento de los vuelos de deportación desde Estados Unidos hacia Cuba. Los repatriados son cubanos que ingresaron al país norteño de manera ilegal en busca de asilo político y libertad, o que fueron interceptados en su travesía.
Algunas de las deportaciones registradas en las últimas semanas han sido dramáticas: la del padre que fue devuelto a la Isla dejando atrás solo a su hijo de 10 años; la de otro padre que no pudo ver a su hija recién nacida; la angustia de la madre al ver el retorno forzado de su único hijo a su país de origen, donde impera la opresión bajo un régimen tiránico.
Hay que distinguir entre deportar a un ser humano a un país, quizás pobre, pero con libertades y respeto a los derechos humanos, y deportarlo a un país donde impera una cruenta tiranía totalitaria. Este último es el caso de las dictaduras existentes en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Deportar hacia dictaduras a seres humanos que buscan asilo y libertad para que vuelvan a estar sometidos a la esclavitud y la opresión es un acto de crueldad y de cooperación con las fuerzas represivas del país recipiente del deportado y, por tanto, una violación de los derechos humanos del deportado que fue devuelto a un régimen de opresión.
Ciertamente, la entrada ilegal a un país es un acto que puede conllevar la deportación, sin embargo, existe en el derecho internacional suscrito por la gran mayoría de las naciones, incluyendo Estados Unidos, el derecho de asilo al perseguido que huye en busca de libertad. Así lo establece claramente el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que, expresamente, dice: “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier, en cualquier país”.
En el caso particular de los Estados Unidos, su propia Declaración de Independencia reconoce y garantiza la libertad a los seres humanos en el país: “Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.
La administración Biden tiene pleno conocimiento de la crítica situación respecto a la falta de respeto a los derechos humanos de los ciudadanos que existe en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Luego, tales deportaciones son hechas con conocimiento del impacto violatorio que tendrá en las libertades y los derechos humanos de los deportados a esos países.
Los informes sobre derechos humanos que publica periódicamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos (Country Reports on Human Rights), consistentemente han estado señalado las múltiples violaciones de estos en Cuba, Nicaragua, y Venezuela. En ese sentido, cada deportado es un acto a sabiendas de que se devuelve un ser humano a la opresión.
La acción de deportar a un ser humano hacia un país donde las libertades y derechos humanos son conculcadas a sus ciudadanos como norma cotidiana constituye un acto similar al que desempeñaban los rancheadores en el tiempo de la esclavitud. Los rancheadores eran aquellas personas que, durante la esclavitud, en los siglos XVII, XVIII y parte del XIX, perseguían a los esclavos cimarrones (esclavos fugitivos) para devolvérselos a sus amos. En otras palabras: deportar a un ser humano a una tiranía es convertirse en colaborador de los represores del pueblo.
Es triste que un país de libertades se convierta en cómplice de las más atroces tiranías del continente devolviendo seres humanos a la esclavitud y la opresión, en vez de darles asilo y respaldo a los que escapan de las dictaduras para que puedan vivir en un país con libertad.
“Errar es de humanos… rectificar es de sabios”, según decía el poeta británico Alexander Pope. El gobierno de Estados Unidos debe rectificar su política migratoria respecto a cubanos, nicaragüenses y venezolanos que huyen de las crueles tiranías en sus países, detener las deportaciones y propiciar un remedio migratorio que les otorgue refugio y asilo con la garantía de vivir con libertad.
Del mismo modo, los exiliados cubanos, nicaragüenses y venezolanos en los Estados Unidos —muchos de los cuales ya han adquirido la ciudadanía americana y, por tanto, el derecho al voto — deben unir sus fuerzas para protestar y exigir a Washington que detenga las deportaciones de sus compatriotas hacia sus países de origen.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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