LA HABANA, Cuba. – La flamante Asamblea Nacional del Poder Popular abrió el telón con la aprobación, en el mes de mayo de este 2023, de la Ley de Comunicación Social. Su contenido, distribuido en 19 capítulos, 107 artículos y dos títulos fundamentales, no vino más que a redundar en la ostensible falta de libertades que ha caracterizado desde sus inicios al castrismo, como si este alguna vez hubiera necesitado del respaldo de un papel para disponer sobre la vida y la muerte de sus ciudadanos, mucho menos para determinar qué género de información consumen, pues el Estado cubano, supuesto dueño de los únicos medios informativos legales del país, está de hecho secuestrado por un grupo mafioso.
Con todo, la presente legislación supone un ataque definitivo a nuestros derechos individuales, si bien estos no han dejado de ser ignorados y pisoteados desde el 1º de enero de 1959. Ya la propiedad privada sobre los medios de comunicación había quedado proscrita en la Constitución cubana de ese año, y en la de 2019 quedó sentenciado que estos “son de propiedad socialista” y “no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”. Así lo replica ahora el artículo 28 de la nueva ley, que además incluye a las organizaciones políticas, sociales y de masas (todas supeditadas al régimen). El artículo 13, por su parte, prohíbe el empleo de los contenidos para “subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista”, mientras que el artículo 51, además de vedar “contenidos que justifiquen y reproduzcan el ciberacoso”, impide usar “contenidos elaborados a partir de imágenes, textos, audios y videos ya existentes, para crear realidades falseadas con cualquier fin o propósito”. Esto último, por cierto, tiene muy preocupados a algunos conocidos que en los últimos tiempos se habían aficionado a hacer memes por diversión.
Con motivo de esta nueva ley un amigo me comenta: “Ya estamos prácticamente como en Corea del Norte. Yo mismo, cada vez que me mandan algo de política, lo miro y enseguida lo borro, por si acaso. No vaya a ser que un día me cojan el móvil y cuando venga a ver me metan preso”. Lamentablemente, mi amigo no anda muy desacertado. De hecho, en el tema libertad de prensa la mayor de las Antillas se ubica en último lugar en la región, y en el puesto 172 de las 180 naciones evaluadas en la Clasificación Mundial de Reporteros Sin Fronteras. Además, a diferencia del uso en países democráticos, donde cualquier ciudadano puede criticar sin miedo a represalias tanto a políticos como al propio sistema, la presente ley soslaya no solo los debidos mecanismos que protegen el derecho a la libre expresión de los ciudadanos, sino también la creación de instancias independientes que garanticen el respeto a los demás derechos a ella asociados.
Y es que para mantenerse en el poder, al régimen de La Habana le resulta imperioso el control absoluto sobre los medios de comunicación masiva, especialmente ahora que el hambre y la escasez de todo tipo van anulando en la población el miedo a tomar las calles. Por suerte para el totalitarismo, la especialidad de periodistas y comunicadores a su servicio no es descubrir y dar a conocer la verdad, sino tergiversar los hechos para servir a sus propósitos.
Los cubanos estamos presenciando ahora mismo una crisis económica, social y sanitaria inverosímil y sin precedentes. La carestía de artículos de aseo y demás productos de primera necesidad no cede. La falta de combustible impide servicios imprescindibles como el abasto de agua o el suministro eléctrico –durante varios días seguidos al interior del país–, paraliza el transporte público, deprime el transporte comercial, e incluso imposibilita labores primordiales como trasladar los alimentos a su destino final. Alimentos que, por consiguiente, están “cada día más caros y más perdidos”, al decir de una amiga jubilada que más de una vez ha regresado a su casa con los pies adoloridos y las manos vacías después de un día de colas y agromercados. El impotente sistema de salud pública pierde la batalla contra el coronavirus, el grueso del personal sanitario ha sido exportado hacia otros países, los centros hospitalarios se desmoronan ante nuestros ojos y los medicamentos solo aparecen, si acaso, en el mercado informal.
De esta manera, el panorama que dio lugar a las protestas del 11 de julio de 2021 no solo no luce mejor, sino que ha empeorado. La nomenclatura es consciente de que está en juego su permanencia en el poder. En este trance, mantener al pueblo desinformado es decisivo. De ahí que el régimen de partido único haya decidido blindarse tras un panfleto al mejor estilo de la dialéctica artificial estalinista, rebosante de enunciados sesgados y alarmistas del tipo “preservar la seguridad nacional”, “guerra política, ideológica, económica y cultural que enfrenta la Revolución cubana”, “continuidad del proyecto socialista”, entre otros claros indicadores de que su objetivo es justamente suprimir cualquier vestigio de libertad de prensa, de expresión y de acceso a la información pública, pues el totalitarismo no puede sobrevivir en presencia de la verdad.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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