MIAMI, Estados Unidos. – No es de extrañar que el mismo gobernante que convocó en cierto momento ―el 11 de julio 2021― a su pueblo a salir a la calle con lo que fuera a defender a la Revolución de sus detractores pacíficos, sostenga la equivocadísima percepción de que lo que se reporta sobre feminicidios y violencia de género en Cuba “se exagera”. Eso fue lo que manifestó Miguel Díaz-Canel Bermúdez ante la Asamblea Nacional del Poder Popular hace varios días.
En reciente columna que escribí sobre el tema, lancé un cálculo aterrador basado en las estadísticas recopiladas de forma independiente en los primeros seis meses del año: que las organizaciones feministas cubanas reportarían 90 feminicidios en 2023. No ha pasado un mes desde que hice ese cálculo, y ya me voy quedando corta: vamos por 53 cubanas asesinadas por sus parejas o exparejas, lo que quiere decir que no serán 90, sino cerca de 106.
¿Le parece al mandamás villaclareño que semejantes cifras y pronósticos no son razón suficiente de alarma? ¿Al dictador del corazón de Lis Cuesta le parecen tales reportes “una exageración”?
Ningún mandatario serio se atrevería a pronunciar semejante agravio o a minimizar tamaña tragedia. Catorce de los 25 países con las tasas más altas de feminicidios en el mundo están en América Latina, según la CEPAL. Según el informe A Gender Analysis of Violent Deaths (2016) de la entidad Small Arms Survey, las subregiones del planeta con las tasas más altas de muerte violenta en las mujeres son Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Brasil, México, Argentina, Honduras, El Salvador y República Dominicana encabezan la lista; Chile, por el contrario, tiene la tasa más baja.
En su informe del 24 de febrero de 2020 para el Atlantic Council, titulado Women protest for their lives: Fighting femicide in Latin America, Isabel Kennon y Grace Valdevitt señalaban que ha habido algún progreso desde 2012, ya que 17 países en América Latina hoy distinguen entre feminicidio y homicidio en sus códigos penales, y evalúan los asesinatos de mujeres desde una perspectiva de género. Además, esos gobiernos ofrecen estadísticas oficiales y las reportan a los medios de prensa.
No así en Cuba. Desde diciembre de 2019, las cubanas esperan una respuesta coherente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En ese entonces, 40 activistas feministas pidieron oficialmente al Parlamento que considerara urgentemente una ley integral contra la violencia de género y que asignara una figura jurídica al feminicidio. La Asamblea respondió con un cronograma legislativo hasta 2028 que no incluye ninguno de esos reclamos. Es obvio que en la Isla impedir, reducir y castigar el asesinato de mujeres no es una prioridad gubernamental.
Un sistema legal claro y de fácil acceso para reportar y encausar los feminicidios es fundamental si se quiere hacer frente a los crímenes machistas. Diferenciar entre feminicidio y homicidio permite que las investigaciones se lleven a cabo con perspectiva de género, y que el castigo impuesto a los asesinos sea más fuerte. Para ello es necesario que el feminicidio exista como figura jurídica en los códigos penales. Así sucede en Panamá, por ejemplo, donde la sentencia por feminicidio es de 25 años de cárcel, cinco más que para un homicidio; en Honduras, donde la sentencia es de entre 30 y 40 años de cárcel (por homicidio es de entre 25 y 30 años); o en México, donde la sentencia por feminicidio es de entre 40 a 60 años de cárcel, más una multa.
Lo primordial ante todo para lidiar con este flagelo es que las autoridades reconozcan que existe un problema grave. Muchos países lo han hecho, incluso han establecido ministerios de la mujer, estaciones de policía y cuerpos policiales femeninos entrenados para lidiar con la violencia de género y los feminicidios. Perú, por ejemplo, estableció en 2016 un plan nacional contra la violencia de género a implementarse a través del Ministerio de la Mujer y la entidad de Poblaciones Vulnerables. Si Perú, con 33,72 millones de habitantes, ha podido tomar este importante paso, ¿cómo no podría hacerlo Cuba, con 11,32 millones?
La respuesta es simple y cruda: las autoridades cubanas no reconocen el feminicidio como problema crítico nacional. Mientras, para Cuba es urgente una ley integral contra la violencia de género. Ahora en 2023, no para después de 2028. Y urgen también un cambio de gobierno: con el machismo de Estado ¡no se puede!
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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