LA HABANA, Cuba. – Uno de los mitos que ha echado a rodar la propaganda castrista es el de la supuesta continuidad del proceso revolucionario cubano, que habría comenzado el 10 de octubre de 1868, y que mantendrían ahora los personeros del régimen comunista que detentan el poder en la Isla. En ese sentido se inscribe la tan recurrente frase de Fidel Castro: “Nosotros ayer hubiésemos sido como ellos, y ellos hoy habrían sido como nosotros”.
Sin embargo, un vistazo a lo estipulado en la Constitución de Guáimaro, la primera Carta Magna elaborada por nuestros mambises para dar forma jurídica a la gesta independentista de 1868, y que este 10 de abril cumple 155 años, nos permite llegar a la conclusión de que la pretendida herencia que se ha adjudicado el castrismo no es más que una vil falacia.
En primer término sobresale el hecho de que los constituyentes de Guáimaro hicieron todo lo posible por evitar que la revolución naciera con un poder excesivamente personalista encarnado en la figura de Carlos Manuel de Céspedes. Aun reconociendo los méritos del hombre de La Demajagua, al ser el iniciador de la contienda libertaria, los elementos civilistas que tomaron parte en la redacción de la Constitución, entre los que destacaban Ignacio Agramonte, Antonio Zambrana y Salvador Cisneros Betancourt, se percataron del peligro de una tiranía militarista si no se establecía un marco regulador al accionar del presidente de la República en Armas.
En ese contexto la Carta Magna mambisa contempló la separación de poderes, para que la labor legislativa y judicial no se viera absorbida por el poder ejecutivo. Incluso la Cámara de Representantes, exponente del poder legislativo, recibió la mayor cuota de poder. Una facultad que posibilitó la destitución del propio presidente Céspedes cuando se vislumbraba la tan temida tiranía presidencialista.
Bueno, ¿y qué hicieron en ese sentido los barbudos de la Sierra Maestra una vez llegados al poder? Pues exactamente lo contrario de lo realizado por nuestros mambises.
Poco a poco Fidel Castro fue copando las máximas responsabilidades en el gobierno. A los dos meses de su llegada a La Habana ya era el primer ministro, y cinco meses después había desalojado al presidente de la República, Manuel Urrutia Lleó, quien era un obstáculo al poder omnímodo que Castro pretendía. De igual manera, pronto el “Comandante” sustituyó al resto de los ministros que se oponían a su mandato personalista que finalmente se extendió por espacio de más de 60 años.
Mas, no conforme con lo anterior, estableció en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) una especie de gobierno paralelo que le permitiera obrar sin tener que contar con el mecanismo oficial del Consejo de Ministros de la nación.
¿Y qué pudiéramos decir acerca de una hipotética separación de poderes en la sociedad dominada por el castrismo? Pues que nunca ha existido esa separación. Aquí los poderes legislativo y judicial son meras pantallas que no pueden encubrir el poder absoluto del ente ejecutivo.
Basta con decir que los jueces, antes que defender la verdadera justicia, deben atenerse a los dictados del gobernante partido único, del cual es muy probable que porten un carné en sus bolsillos.
Por otra parte, en la Asamblea Nacional del Poder Popular se mezclan los funcionarios gubernamentales con el resto de los diputados, en un escenario donde la unanimidad convierte en una pantomima la labor legislativa.
Como vemos, no hay nada que emparente el espíritu liberal de nuestros mambises con la estirpe totalitaria y marxista-leninista del castrismo. El eslogan de una sola revolución en Cuba, tan repetido en boca de los comunistas cubanos, no se lo creen ni ellos mismos.
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