LA HABANA, Cuba.- Más de catorce mil personas se han sumado a la petición iniciada en la plataforma change.org por Carlos Payá Sardiñas solicitando a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que interceda ante el Estado cubano para poder investigar las “muertes no aclaradas” de Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Ruegan, específicamente, “que la familia pueda acceder a las actas procesales, evidencias del caso y, de igual forma, se realice una investigación transparente, objetiva e imparcial de los hechos y circunstancias, en donde participen expertos internacionales y expertos designados por la familia”. Para el hermano de Oswaldo, “esta sería la única forma de llegar a la verdad por las vías jurídicas idóneas y confiables”.
Oswaldo Payá Sardiñas fue uno de los más visibles líderes políticos en Cuba a finales de los años noventa e inicios de los 2000; fue el fundador del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), una organización disidente que aboga por un cambio político en Cuba. El MCL gestó el Proyecto Varela, un proyecto de ley que pedía reformas legislativas para el logro de mayores libertades individuales en Cuba y que logró gran repercusión internacional entre 2002 y 2003. Esta notable trayectoria fue reconocida por el Parlamento Europeo, que le otorgara el Premio Sájarov; Payá también sería nominado al Premio Nobel de la Paz.
“El activismo de mi hermano Oswaldo Payá estuvo siempre enmarcado en la Defensa de los Derechos Humanos, la Democracia y el diálogo como instrumentos para mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano, en tales actividades en el pretendido ejercicio de sus Derechos Civiles, asumió posiciones críticas al gobierno cubano, lo cual generó persecuciones y amenazas de diversa índole, y muy lamentablemente falleció (al igual que Harold Cepero, joven activista del MCL) en circunstancias aún no aclaradas en fecha 22 de julio de 2012, en la provincia de Granma (Cuba) presuntamente como consecuencia de un ´accidente automovilístico´, según la información pública de las autoridades del Estado de Cuba”, señala el hermano del activista.
A más de nueve años del deceso, la familia no ha tenido acceso al expediente del caso y, por tanto, desconocen las causas reales de su muerte, los detalles del lugar del suceso, así como el resto de las evidencias recolectadas y analizadas durante el proceso penal. Tampoco les permitieron asistir a las vistas del juicio, ni incorporar evidencias para esclarecer los hechos, ni contar con la intervención de asesores legales y expertos forenses que representaran los derechos e intereses de la familia como víctimas indirectas.
“Tales restricciones -explica Carlos Payá en la petición- generan graves dudas respecto a la objetividad e imparcialidad de las autoridades involucradas en el caso. Tal opacidad ha sido el mecanismo de la injusticia. Nuestro derecho al debido proceso ha sido conculcado y consecuentemente nuestro derecho a la verdad. El tiempo ha transcurrido y tenemos que vivir con la idea fija de las diversas hipótesis existentes de la causa de la muerte de Oswaldo y de las inconsistencias y contradicciones de la versión oficial”.
Según el informe jurídico “El caso Oswaldo Payá”, publicado en 2015 por Human Rights Foundation, las evidencias reunidas hasta el momento apuntan a que el incidente que causó la muerte a Payá y a Cepero fue provocado y no un accidente.
No es esta la primera ocasión en que el MCL se dirige a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU para investigar la muerte de quien fuera su líder. También en 2014 dos grupos parlamentarios españoles pidieron al Congreso la creación de una comisión de investigación al respecto, ya que Payá ostentaba la doble nacionalidad, la cubana y la española. Otros gobiernos, como el de Estados Unidos, y organizaciones internacionales de derechos humanos han solicitado igualmente un esclarecimiento del caso.
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