GUANTÁNAMO, Cuba. ─ Más de sesenta años no han bastado a quienes se atreven a presentarse como conocedores de la realidad de nuestro país y ─encima─ a asegurar que el castrismo tiende hacia un cambio democrático.
Antes de proclamarse la nueva Constitución, cuando la represión contra la sociedad civil independiente alcanzó mayor virulencia y pretendió ser exportada por la dictadura como una acción legítima del Estado “en defensa del pueblo y de la patria socialista”, una política avezada como la señora Federica Mogherini llegó a expresar que Cuba era una democracia de partido único.
De ser cierto a los déspotas cubanos les cabría el honor de haber hecho un aporte trascendental a la teoría política. Pero en el mundo no hay un solo ejemplo de democracia que haya sido consolidada por la acción de una sola fuerza política, por mucho que esta se auto califique como “fuerza superior de la sociedad”.
Durante toda su estancia en La Habana, el señor Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea, no ha perdido oportunidad para encomiar públicamente lo que él considera evidentes esfuerzos del régimen cubano para cumplir con importantes acuerdos, declaraciones e instrumentos jurídicos internacionales. Con una convicción que no ofrece dudas acerca del triste papel que ha desempeñado en contra de los legítimos intereses del pueblo cubano, este señor afirmó recientemente que en Cuba no había una dictadura. Y conste que el señor Navarro lleva varios años viviendo en Cuba, es un diplomático de carrera y un ciudadano que procede de un país democrático.
Josep Borrell, alto representante para la política exterior de la Unión Europea, otro diplomático de carrera que también debería conocer la diferencia entre una dictadura y una democracia, se ha pronunciado públicamente en contra de las medidas coercitivas implementadas por sucesivas administraciones estadounidenses contra la dictadura cubana, pero no ha dicho una sola palabra sobre la flagrante, masiva y reiterada violación de los derechos humanos cometida por esta contra el pueblo.
El colmo de algunos de estos “entendidos” sobre la realidad cubana fue que en ocasión del reciente VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba llegaron a afirmar que el país se adentraba en un momento de cambio sólo porque Raúl Castro y los dirigentes históricos de su dictadura abandonaban formalmente el poder. Hay que ser muy proclive a conclusiones festinadas o muy dados a las ilusiones etílicas para hacer tales afirmaciones.
Muchísimos cubanos no se han dado por enterados de que Marino Murillo Jorge ya no está en el Buró Político del Comité Central del PCC. Otros muchos desconocen quien es ese Luis Alberto Rodríguez López-Calleja que desde la nada aparente ha obtenido mayor visibilidad aupado por los nexos que ha tenido y mantiene con la familia Castro y por lo que representa para ella en cuanto a la continuidad de la concentración de poder económico y político.
A pesar de la represión que en estos mismos momentos se ejecuta en contra del pueblo cubano, esos “entendidos” se atreven a edulcorar nuestro panorama insinuando cambios y aperturas que sólo existen en su imaginación.
Este viernes 30 de abril, en la concurrida calle Obispo de La Habana, fuerzas de la Seguridad del Estado, de conjunto con otros esbirros de la policía castrista, arremetieron brutalmente contra jóvenes vinculados al Movimiento San Isidro que protestaban para que se respeten los derechos de Luis Manuel Otero Alcántara, contra el hostigamiento contra dicho artista y para que se les permitiera verlo.
Los videos que circulan en las redes resultan muy ilustrativos acerca de la violencia ejecutada y la reiterada violación del derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión. Hechos incontrastables como ese y otros similares que han signado nuestra historia en las últimas seis décadas no parecen suficientes para convencer de su equívoco a estos adláteres internacionales del castrismo camuflados con ropaje democrático.
No acaban de entender ─o no quieren hacerlo─ que la sociedad cubana está absolutamente controlada por una dictadura. No quieren entender que el artículo 1 de ese engendro castrista llamado Constitución, que asegura que “Cuba es un estado socialista de derecho y de justicia social”, y por más señas, “democrático”, no es más que otra construcción semántica del castrismo.
En Cuba no hay ─ni habrá─ un Estado socialista de derecho y justicia social mientras exista una dictadura de partido único, porque la esencia autoritaria que resulta inherente a este tipo de sociedad es incompatible con el diálogo, el respeto a la tolerancia y a los derechos humanos y porque las autoridades cubanas se han aferrado ilegalmente al poder y han convertido en enemigo a todo ciudadano que defiende el derecho a la otredad y al disenso. No habrá Estado de derecho porque el autoritarismo es diametralmente opuesto a la libertad y siempre busca anularla.
No tenemos un Estado socialista de derecho porque el pueblo carece de empoderamiento real. La cúpula que dirige este país ha secuestrado para su beneficio la soberanía del pueblo mientras la ofrece en su discurso como un ejercicio pleno cuando en realidad es un producto enteco, desprovisto de eficacia y carente de los mecanismos de control de los dirigentes que ocupan importantes cargos sin contar con el voto del pueblo.
En un Estado de derecho los límites no son sólo para el ciudadano, sino también para el Estado, sus dependencias y funcionarios. La Constitución cubana proclama en su artículo 9 que cumplir estrictamente la legalidad socialista es una obligación de todos, pero eso, más que una norma jurídica que debería ser respetada, se asume como una consigna más y ya sabemos cuál ha sido el papel desempeñado por estas.
Un Estado que viola impunemente la propia Constitución que promulgó no puede ser de derecho, por mucho que sus dirigentes lo reiteren hipócritamente. Y de eso también se han desentendido los defensores internacionales del castrismo.
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