MIAMI, Estados Unidos. ─ La organización no gubernamental Prisoners Defenders (PD) aseguró este jueves que la Constitución cubana instaurada en 2019 se ha convertido en un instrumento para legitimar violaciones de derechos humanos en la Isla y reforzar el control del régimen castrista sobre la ciudadanía.
Un informe legislativo impulsado por PD sostiene que la Carta Magna no sólo blinda a la dictadura actual “al declarar al sistema como ´irreversible´”, sino que también “consolida la violación de la libertad de pensamiento” y desecha la separación de poderes, un instrumento necesario para el funcionamiento democrático del Estado y sus instituciones.
El documento indica que la Constitución “ampara la vulneración de todos los supuestos derechos recogidos” en ella. “Al no recoger el derecho de recurso legal de defensa de éstos (no existe Tribunal de Garantías Constitucionales ni procedimiento para ello), y no establecer a la Carta Magna como Ley de orden superior frente a cualquier otra, sino que supedita su articulado a las leyes previas vigentes (todos los artículos de capítulo II, de “derechos”, como el 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 62, 66, 67, 79 y anteriormente en el artículo 45). No se indica que deberán articularse leyes para cumplir con estos derechos, se supedita a las leyes previas vigentes. Por tanto, no estamos ante una Carta Magna, o Constitución, sino un panfleto propagandístico sin valor ni categoría superior rectora de la sociedad, que nació para incumplirse”, refleja el informe.
Prisoners Defenders recordó que la Carta Magna “se sitúa incluso por debajo del Partido Comunista, una entidad que la marca como supraconstitucional”.
La organización, radicada en Madrid, destacó que desde la aprobación de la nueva Constitución de Cuba el 10 de abril de 2019 hasta el 10 de abril de 2021, se han aprobado 1 946 normas jurídicas, que incluyen 1 368 resoluciones, 262 acuerdos del Consejo de Estado, 75 decretos presidenciales, 62 acuerdos de la Asamblea Nacional, 61 acuerdos del Consejo de Ministros, 51 Decretos-Leyes, 50 decretos del Consejo de Ministros y 17 leyes. El informe refiere que “ni una sola de todas estas legislaciones nuevas que haya recogido las necesarias reformas de ley y reglamentos para la implantación de los posibles avances en definición de uno sólo de los derechos fundamentales que la Constitución recogía en materia de libertades y que las leyes vigentes prohíben”.
Todo ello contrasta con la aplicación de numerosas represivas de los derechos fundamentales “contraviniendo la propia Constitución”, como el Decreto-Ley 370, “que penaliza el ejercicio de la libertad de expresión, información, comunicación y prensa independiente en internet; la Ley 128/2019, “que penaliza usos ´no adecuados´ de los símbolos patrios y obliga al acto forzado de rendirles honores”; o el Decreto Ley 389 de 2019 de Consejo de Estado, “que permite la contrainteligencia y métodos de investigación oscura, como la vigilancia electrónica sin la autorización ni proceso judicial, propios de la lucha frente al terrorismo pero sin restricciones de uso para la población”.
Prisoners Defenders también señala como violatorias del derecho ciudadano la Resolución 80 de 2019 de Ministerio de Comunicaciones, “que permite la restricción de anchos de banda selectiva según intereses de ´seguridad nacional´, lo que legaliza dejar sin Internet a disidentes y opositores de forma selectiva”; así como el Decreto Ley 373 de 2019 de Consejo de Estado, “que crea la figura legal del ´creador audiovisual y cinematográfico´, necesaria para ejercer como tal, y el ´Comité de Admisión´ de creadores, para penalizar y perseguir de forma arbitraria a los creadores audiovisuales no ´admitidos´”.
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