MIAMI, Estados Unidos. – El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró 739 incidentes violatorios de derechos en centros de detención y reclusión que se relacionan con problemas de salud y falta de atención médica, entre el 1ro. de marzo de 2023 y el 31 de mayo de 2024.
De acuerdo con el CDPC, entre las violaciones más frecuentes documentadas durante el último año, se encuentran el incumplimiento de las prescripciones médicas y el no suministro de medicamentos por parte de las autoridades.
Al respecto, numerosos presos políticos han denunciado que cuando sus familiares les llevan medicamentos, las autoridades no los aceptan o no se los hacen llegar. También han denunciado que a veces les niegan la atención médica como una forma de tortura. Esto incluye desde la indolencia de los guardias ante situaciones delicadas de salud hasta la demora para llevar a los reclusos a las consultas médicas, de acuerdo con un reportaje publicado por Diario de Cuba.
Entre el 1ro. de marzo de 2023 y el 31 de mayo de 2024, el CDPC también registró 44 personas fallecidas en prisión. De ellas, 32 (72,73%) murieron como consecuencia de la tardanza de las autoridades para proveerles medicamentos o atención médica.
Además, las condiciones sanitarias, de hacinamiento y alimentación de las prisiones ocasionan frecuentes brotes de tuberculosis, dengue, sarna, diarreas, enfermedades respiratorias y de la piel, así como plagas de roedores, chinches y otros insectos, que por lo general no son debidamente tratadas por las autoridades penitenciarias.
Otra denuncia común es la desatención de los requerimientos de aquellos reclusos con condiciones médicas especiales, como las personas que viven con VIH, enfermedades crónicas o trastornos psiquiátricos, o quienes requieren dietas especiales.
En declaraciones a Diario de Cuba, el abogado Juan Carlos González Leyva, quien preside el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, describió el escenario como “un desastre total”: “Es bien difícil que un preso obtenga asistencia de medicina general. No existe atención estomatológica y cuando los reclusos tienen fiebre, catarro, o se contagian por algún brote de diarrea, se curan solos. En las prisiones no les dan ningún tipo de medicamento, ni aunque tengan dengue”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) establece que el derecho a la salud es “inclusivo” para todas las personas, sin distinción, y que la situación financiera no exime al Estado de garantizar “el disfrute de unos niveles mínimos esenciales de derecho a la salud”, aun en circunstancias adversas.
También las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos establecen que la asistencia médica a las personas privadas de libertad es una responsabilidad del Estado.
Según el Reglamento del Sistema Penitenciario cubano, en los centros de internamiento se garantiza el cumplimiento de los programas de salud bajo la responsabilidad del órgano de Servicios Médicos del Ministerio del Interior, en coordinación con la Dirección de Salud correspondiente. Sin embargo, las constantes denuncias de reclusos muestran que el derecho a la salud de las personas privadas de libertad no está garantizado fuera del papel.
González Leyva, quien mantiene contacto con decenas de reclusos y recibe sus denuncias por teléfono, afirmó que en las prisiones “no existen los primeros auxilios, que son claves en la asistencia médica; los presos infartan y están horas tirados en el piso o en la enfermería. Muchas veces sus compañeros tienen que golpear las rejas durante un largo rato para que los guardias respondan, mientras la víctima tiene fuertes dolores en el pecho”.
En ocasiones, también relató González Leyva, quienes sobreviven a estos incidentes no son llevados a un hospital equipado con los recursos para tratamientos intensivos. “Los presos no son escuchados cuando tienen una situación de crisis o peligro para su vida. Los oficiales dicen que están fingiendo y la mayoría de veces estas situaciones desembocan en la muerte del recluso; otras, los llevan moribundos para el hospital, después de varios días quejándose”.
Amnistía Internacional (AI) lleva adelante una campaña en redes sociales llamando al Gobierno cubano a cesar “la negación del acceso a la atención médica” a personas privadas de libertad, entre otras violaciones. A finales de mayo, se unió al CDPC para expresar en un comunicado su “profunda preocupación” por el prisionero de conciencia Loreto Hernández, detenido con su esposa Donaida Pérez por manifestarse el 11J.
Hernández, condenado a siete años, estuvo hospitalizado por varias semanas en 2023. Su familia solicitó una licencia extrapenal por razones de salud. A pesar de que un médico proporcionado por el Estado recomendó su liberación, “un tribunal le negó la licencia, manteniendo en riesgo la salud de Loreto Hernández”, denunció AI.
Jorge Luis García Pérez, conocido como “Antúnez” y hermano de Hernández, afirma que el líder de los Yorubas Libres de Cuba “está siendo víctima de un intento de asesinato, clínicamente inducido, por parte de la alta oficialidad de la policía política”.
Según Antúnez, su hermano ha tenido “una fuerte recaída de su estado de salud”, que se expresa en un “cambio de coloración en su piel, restos de sangre en la orina y en las heces fecales, [y] pérdida de conciencia (desmayos temporales) bastantes frecuentes en un día”. La exigencia de la excarcelación de Hernández se apoya en el desenlace de otros casos, como el de Fernando García Consuegra (66), quien falleció el pasado 9 de octubre de 2023 en la prisión de Valle Grande (La Habana) tras un ataque cardíaco.
Además de empeorar las condiciones de salud preexistentes, el encierro en el sistema penitenciario cubano puede ocasionar nuevos padecimientos. Según González Leyva, “el sistema carcelario en Cuba, lejos de sanar a una persona, la enferma, la destruye, tanto por la falta de alimentación como por las condiciones de los lugares donde viven los presos, totalmente antihigiénicas, sin agua potable, rodeados de moscas, en la insalubridad total”.
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