MIAMI, Estados Unidos. – A partir de este lunes 1 de julio, las empresas estatales tendrán límites de precios y ganancias al negociar con las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), según la “Resolución No. 209” del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba (ordinaria, número 57) el pasado 25 de junio.
La medida forma parte del “paquetazo económico” anunciado por el régimen a finales de 2023 con el nombre eufemístico de “proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”.
La resolución señala que la medida tiene como objetivo “contener los gastos en que incurren las entidades estatales en sus relaciones económicas con las formas de gestión no estatal, a través de la determinación de una utilidad máxima en la aceptación de precios y tarifas”.
La normativa fija que las entidades estatales deben acordar precios y tarifas cuya tasa de utilidad máxima no exceda del treinta por ciento (30%) sobre el total de los costos y gastos, además de la cuantía correspondiente por la aplicación de los impuestos sobre las ventas y los servicios.
Asimismo, otorga a los consejos provinciales y municipales la facultad de aprobar los precios y tarifas máximas de los bienes y servicios que seleccionen de entre aquellos adquiridos por las entidades estatales provenientes del sector no estatal, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.
Presuntamente, la disposición surge en respuesta al “alto nivel de inflación alcanzado en los últimos años” y es un intento del Gobierno de reducir los gastos y controlar la inflación a través de controles de precios y sanciones a los comerciantes. Sin embargo, evita abordar el hecho de que el aumento imparable del valor de bienes y servicios se debe principalmente a la profunda crisis económica que enfrenta el país, agravada por la Tarea Ordenamiento implementada en enero de 2021.
Actualmente, las mipymes comparten un escenario económico de corte centralizado con la empresa estatal socialista (la principal para el Gobierno), las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia.
Por otro lado, han introducido en el mercado nacional productos que escaseaban o que no existían en la Isla a precios denunciados como “exorbitantes” por una parte de la población.
Aunque están reconocidas como unidades económicas con personalidad jurídica con características propias, las mipymes no pueden constituirse en esferas como la salud, las telecomunicaciones, la energía, la defensa y los medios de comunicación.
Tras su aprobación, activistas y periodistas independientes han denunciado que funcionarios del régimen e incluso represores se esconden tras las nuevas empresas, presentadas a la comunidad internacional como “sector privado” en la Isla.
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