MIAMI, Estados Unidos. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inauguró su 190 Período de Sesiones con una audiencia pública centrada en Cuba, en la que se discutieron las graves violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad por motivos políticos en la Isla.
El encuentro virtual contó con la participación de varios activistas y organizaciones de derechos humanos.
Rosa María Payá, directora de la Fundación para la Democracia Panamericana y coordinadora de la plataforma ciudadana Cuba Decide, denunció un patrón de chantaje utilizado por el régimen cubano contra defensores de derechos humanos.
“Denunciamos el patrón de chantaje a los defensores de derechos humanos con la cárcel o el exilio, un patrón utilizado cientos de veces en los últimos años para forzar a los activistas al exilio y también contra decenas de prisioneros políticos”, afirmó Payá.
Además, alertó que el régimen cubano pretende usar los cuerpos de los prisioneros como moneda de cambio para obtener concesiones de la comunidad internacional. “Algunos de estos presos han sido acosados en prisión por agentes del Estado con el chantaje de que solo podrán salir de prisión si aceptan irse de Cuba”, añadió.
Payá también destacó los abusos y el hostigamiento que sufren los familiares de los presos políticos, quienes a menudo enfrentan detenciones arbitrarias o son forzados al exilio. El “uso de las torturas físicas, psicológicas y hasta farmacológicas contra las prisioneras y prisioneros políticos” fue otra de las graves denuncias que mencionó.
Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, presentó estadísticas sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Entre enero de 2022 y abril de 2024, la organización documentó 3.234 incidentes de violaciones.
“En 2023 detectamos un incremento del 65% de los incidentes y en los primeros cuatro meses de este año registramos 702 violaciones, lo que ya significa un 33% más”, explicó Vargas. Estos incidentes incluyen hostigamiento, persecución, golpizas, expulsiones de centros de trabajo o de estudios, y atentados.
Vargas también subrayó la violencia específica dirigida contra las mujeres. “860 de los 1.577 incidentes del año 2023 fueron violaciones contra los derechos de las mujeres y en lo que va de este año, 416 de los 702 incidentes registrados tuvieron como víctimas a mujeres, siendo maltratadas, torturadas, dejadas, acosadas y hostigadas por representantes del Estado”, agregó.
Durante la audiencia, se presentaron testimonios de presos políticos y de sus familiares. Entre ellos, se destacó el caso de Carlos Michael Rodríguez Morales, quien continúa ingresado en el centro médico de la cárcel de Guamajal, en la provincia de Villa Clara, debido a una huelga de hambre.
Otros testimonios incluyeron los de Emilio Román Rodríguez, padre de tres prisioneros políticos; Lisdani Rodríguez Isaac, prisionera política actualmente embarazada; María Julia Beltrán, madre del joven preso político Julián Mazola Beltrán; y Marta Beatriz Ferrer, hija del preso político José Daniel Ferrer.
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