BUENOS AIRES, Argentina.- En octubre de 2023, Cuba fue el país más votado del Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) en la Asamblea General de la ONU, para integrar por sexta vez el Consejo de Derechos Humanos (CDH), alcanzando 146 votos y superando a Brasil (144), República Dominicana (137) y Perú (108). Como había tres lugares en el CDH para el GRULAC, Perú quedó afuera.
Cuba es uno de los países que ha ocupado por mayor cantidad de tiempo una silla en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a pesar de que incumple con el requisito de asumir un mayor compromiso con el sistema universal de Naciones Unidas. Al respecto, un mes después de ser reelecta para integrar el CDH, el régimen cubano se sometió a su cuarto examen periódico universal en derechos humanos en este organismo creado en el año 2006 y que funciona en Ginebra.
En dicha oportunidad, varios países le recomendaron a Cuba ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que firmó en 2008; y establecer invitaciones abiertas y permanentes a los distintos procedimientos especiales de derechos humanos de la ONU.
Sin implementar dichas recomendaciones, Cuba continúa siendo electa toda vez que la resolución de la ONU lo permite (ningún país puede integrar el organismo más de dos períodos consecutivos). Además, desde la creación del CDH de la ONU la situación de derechos humanos en Cuba ha empeorado en todos los sentidos, llegando en estos últimos años a ostentar un récord de presos políticos y de personas que emigraron del país.
Las recomendaciones a la dictadura
Por tal motivo, fueron varios los países que en noviembre pasado le reclamaron a Cuba en Ginebra por sus situaciones más graves en materia de derechos humanos.
En el espacio de un minuto durante el último examen periódico universal en el CDH, conocido como “diálogo interactivo”, que los estados miembros de la ONU dispusieron para formular recomendaciones, la dictadura cubana rechazó las siguientes:
- Poner fin al acoso, la represión y las detenciones y privaciones de libertad arbitrarias que sufre la sociedad civil, en particular los defensores de los derechos humanos, y salvaguardar todos los derechos civiles y políticos, incluida la libertad de circulación, garantizados por la Constitución cubana (Reino de los Países Bajos);
- Poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia que hayan sido privados de libertad por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica (Nueva Zelanda);
- Velar por el pleno cumplimiento de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y permitir el acceso de observadores independientes de los derechos humanos a los juicios y a las prisiones y demás centros de privación de libertad (Suecia);
- Poner en libertad a todas las personas recluidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de opinión y de expresión, especialmente a los niños (Ucrania);
- Poner en libertad a las aproximadamente mil personas recluidas injusta o arbitrariamente, entre ellas las que, según se informa, fueron encarceladas por ejercer su derecho de reunión pacífica, por investigar actividades del Gobierno e informar sobre ellas o por expresar su disidencia. Una vez puestas en libertad, se les debe permitir viajar libremente, tanto dentro como fuera del país (Estados Unidos de América);
- Derogar el artículo 176 del Código Penal cubano (Irlanda);
- Poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas recluidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica (Bélgica);
- Poner en libertad sin demora a todas las personas que siguen encarceladas por las protestas del 11 de julio de 2021 y a todos los demás presos políticos (Alemania);
- Poner fin a su sistema unipartidista para permitir la celebración de elecciones realmente libres y limpias, en las que participen múltiples partidos políticos y que ofrezcan a los ciudadanos alternativas reales para su gobierno (Estados Unidos de América);
- Introducir las modificaciones necesarias en la legislación para retirar a los tribunales militares la competencia de juzgar a civiles (Montenegro);
- Mejorar la transparencia de las debidas garantías procesales en el momento de la detención y antes del juicio, así como durante las audiencias de imposición de la pena, especialmente en el caso de las personas que han sido privadas de libertad por defender los derechos humanos en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 u otras protestas (Canadá);
- Modificar la competencia de los tribunales militares para impedir que conozcan de casos en los que haya civiles implicados (Chile);
- Garantizar el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, así como a la libertad de opinión y de expresión, poner en libertad a todos los presos políticos, en particular los menores de edad, y prevenir la trata de personas, en consonancia con las obligaciones internacionales de Cuba (Lituania);
- Prevenir y erradicar las privaciones de libertad arbitrarias, el acoso y la intimidación, las amenazas y los ataques contra la reputación sufridos por los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los artistas (Luxemburgo);
- Velar por que los miembros de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los periodistas puedan actuar con libertad y seguridad, particularmente mediante la derogación de las restricciones que establece el nuevo Código Penal (Rumanía);
- Reformar las disposiciones del Código Penal que impiden el ejercicio pleno de la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación (España);
- Modificar las disposiciones de su Código Penal a fin de impedir que se utilice para restringir la libertad de expresión y de reunión (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);
- Poner fin a la práctica de recluir arbitrariamente a periodistas, miembros de la oposición, defensores de los derechos humanos, agentes religiosos y otras personas que intentan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales (Estados Unidos de América);
- Poner fin a las restricciones arbitrarias y la criminalización del derecho a la libertad de reunión pacífica y adoptar nuevas medidas para evitar el uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden que vigilan las reuniones (Armenia);
- Modificar o derogar las disposiciones del nuevo Código Penal que limitan aún más la libertad de expresión, como los artículos 143 y 120, apartado 1 (Bélgica);
- Modificar el nuevo Código Penal para erradicar el acoso y la intimidación contra las organizaciones no gubernamentales y eliminar las restricciones que les son aplicables, también en lo que respecta a los periodistas independientes, los artistas, los estudiantes universitarios y los activistas de la oposición (Canadá);
- Velar por que el Gobierno no obstaculice indebidamente el acceso a Internet mediante controles de uso injustificados, reconociendo que los cubanos han adoptado ampliamente la utilización de la tecnología móvil para ejercer el derecho a la libertad de expresión (Canadá);
- Prevenir y hacer cesar los actos de hostigamiento, intimidación, amenaza y descalificación contra defensores de los derechos humanos, periodistas, artistas y sus familias (Ecuador);
- Derogar las leyes que restringen la libertad de expresión y de asociación y adecuar el marco jurídico a las normas internacionales, como se recomendó anteriormente (Finlandia);
- Garantizar la libertad de reunión, de opinión y de prensa y crear un clima favorable para una sociedad civil independiente, en particular modificando debidamente los artículos 143 y 120 del Código Penal cubano, entre otros (Alemania);
- Poner en libertad a las personas que han sido recluidas por ejercer la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión (Irlanda);
- Modificar las disposiciones del Código Penal que tipifican como delito la difamación y que limitan la libertad de opinión y de expresión, tanto en línea como en medios no electrónicos (Irlanda);
- Salvaguardar la actividad libre e independiente de los defensores de los derechos humanos y los periodistas sin que esta entrañe ningún tipo de perjuicio ni consecuencia legal o penal (Italia);
- Cumplir las normas internacionales del trabajo y dejar de utilizar prácticas coercitivas para manipular y presionar a los trabajadores a fin de que participen en el programa de exportación de mano de obra, como las misiones médicas (Estados Unidos de América);
- Establecer un marco jurídico que garantice plenamente y sin restricciones los derechos laborales de los periodistas, en particular la posibilidad de asociarse para crear medios de comunicación independientes y trabajar en ellos (Bélgica); y
- Garantizar la atención médica necesaria a los opositores políticos encarcelados (Eslovaquia).
La respuesta de la dictadura cubana fue rechazar dichas recomendaciones y definirlas como “sesgadas políticamente y construidas sobre bases falsas, derivadas de los intentos de desacreditar a Cuba por parte de quienes, con sus ambiciones hegemónicas, se niegan a aceptar la diversidad y el derecho de libre determinación del pueblo cubano. Esas recomendaciones no se avienen al espíritu de cooperación y respeto que exige este ejercicio”.
Este es el método soberbio, impune y recurrente de la dictadura más longeva de América Latina de intentar negar la realidad represiva y pretender que un “examen” internacional sea un trámite amigable y complaciente que legitime su política de Estado de criminalización de los derechos humanos.
¿Cómo puede haber diversidad y libre determinación del pueblo cubano con un régimen constitucional que consagra el partido único y niega el pluralismo político? ¿Cómo puede la dictadura cubana acusar de tener ambiciones hegemónicas a países democráticos como Suecia, Bélgica, Irlanda, Chile, Canadá, Lituania, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Rumania, Finlandia, Eslovaquia y los Países Bajos?
Cuando en octubre próximo se presente en la Asamblea General de la ONU la resolución anual de condena al embargo norteamericano a Cuba, la dictadura cubana al solicitar el apoyo de estos mismos países, ¿les recordará que son “sesgados ideológicamente”? Y estos países democráticos, ¿van a votar dicha resolución sobre el embargo sin aprovechar para reiterarle a Cuba en ese espacio su recomendación rechazada de manera irrespetuosa en el Consejo de Derechos Humanos, regalándole gratis un triunfo internacional a la dictadura que les acusó de tener “ambiciones hegemónicas”?
En las masivas potestas sociales del 11 y 12 de julio de 2021, espontáneas, pacíficas y realizadas en todo el país, con demandas de libertad que a través de las redes sociales pudieron ser vistas por el mundo entero, quedó claro que el gobierno no democrático del Partido Comunista Cubano carece de apoyo popular y que la imposición constitucional de una ideología oficial es segregación política, por lo cual centenares de manifestantes se encuentran injustamente en prisión.
La longeva dictadura
Esta longeva dictadura militar se mantiene por la represión interna, el capitalismo de estado por parte de la privilegiada nomenclatura gobernante y también por la complacencia internacional. A pesar de que los países democráticos en la ONU son una minoría y ese es uno de los motivos por los cuales la dictadura cubana es en los hechos una suerte de “miembro permanente” del Consejo de Derechos Humanos, igualmente es mucho más lo que se podría hacer en favor de las aspiraciones democráticas del pueblo cubano. Por ejemplo, transformar las recomendaciones durante el EPU de Cuba en una política pública.
Es decir, a través de sus embajadas en La Habana, o concurrentes en Cuba desde otros países (como México), los países que reclamaron por la liberación de presos políticos reunirse o al menos estar en contacto con sus familiares; quienes se expresaron en favor de respetar la libertad de prensa, mantener intercambios con periodistas independientes en Cuba y lo propio ante los pedidos en favor de la vigencia de la libertad de asociación con colegas de la sociedad civil independiente cubana, incluyendo la cooperación económica internacional.
Las recomendaciones comprometidas con los derechos humanos durante el EPU de Cuba son un gesto de solidaridad democrática internacional para aplaudir, pero también pueden estar acompañadas de una aplicación efectiva que en los hechos implique no extender a referentes democráticos de Cuba la ilegalidad y represión que la dictadura les impone.
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