MIAMI, Estados Unidos ― El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó en Miami una demanda civil para revocar la ciudadanía estadounidense de Víctor Manuel Rocha, exembajador en Bolivia y exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional, condenado por actuar durante décadas como agente encubierto del régimen cubano.
La acción fue interpuesta este jueves ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida y busca anular la naturalización que Rocha obtuvo en 1978, cinco años después de haber iniciado, según admitió en el proceso penal, su colaboración clandestina con los servicios de inteligencia de Cuba.
Rocha, nacido en Colombia, fue condenado en abril de 2024 a 15 años de prisión tras declararse culpable de conspirar para actuar como agente de un gobierno extranjero, conspirar para defraudar a EE.UU. y actuar ilegalmente como agente de una potencia extranjera. En aquel proceso, el exdiplomático admitió que desde 1973 apoyó en secreto la misión de inteligencia del régimen cubano contra EE.UU. y que mantuvo esa relación mientras ocupaba cargos de alta confianza dentro del aparato diplomático estadounidense.
El Departamento de Justicia sostiene ahora que Rocha obtuvo la ciudadanía “mediante mentiras, ocultamiento y traición”, porque durante su proceso de naturalización declaró bajo juramento que no había cometido delitos por los que no hubiera sido arrestado, que no estaba afiliado al Partido Comunista de Cuba, que no apoyaba ni promovía el comunismo y que creía en la Constitución y en la forma de gobierno de EE.UU. “Nada de esto era cierto”, indicó el Departamento en su comunicado.
“Bajo ninguna circunstancia debe permitirse que un agente de un adversario extranjero ostente el título de ciudadano estadounidense”, dijo Brett Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia. “Nuestra misión es clara: erradicar a estos defraudadores y preservar el carácter sagrado del proceso de naturalización para quienes cumplen nuestras leyes. Cualquier individuo que haya mentido durante el proceso de naturalización para ganar un punto de apoyo en este país enfrentará todo el peso del Departamento de Justicia”.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, afirmó que Rocha “no era un operativo de bajo nivel”, sino un embajador de Estados Unidos y alto funcionario del Gobierno que “admitió haber servido en secreto al régimen cubano durante décadas”. “El Distrito Sur de Florida ayudó a derribar a uno de los espías cubanos más prolíficos jamás descubiertos en Estados Unidos. Este caso civil de desnaturalización trata de terminar el trabajo”, añadió.
Rocha ha sido considerado por las autoridades estadounidenses como una de los infiltrados que más tiempo se ha mantenido colaborando con un gobierno extranjero y uno de los casos de mayor alcance dentro del Gobierno de EE.UU. El exdiplomático sirvió en el Departamento de Estado entre 1981 y 2002, periodo en el que tuvo acceso a información no pública, incluida información clasificada, y capacidad para influir en la política exterior estadounidense. También ocupó cargos en el Consejo de Seguridad Nacional entre 1994 y 1995 y fue embajador de EE.UU. en Bolivia entre 2000 y 2002.
Entre sus puestos más sensibles estuvo el de subdirector principal de la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana entre 1995 y 1997, cuando las relaciones diplomáticas formales entre Washington y La Habana no estaban restablecidas. Después de salir del Departamento de Estado, Rocha realizó otros actos destinados a apoyar a los servicios de inteligencia cubanos, según la admisión recogida por el Departamento de Justicia.
La investigación se apoyó en encuentros de Rocha con un agente encubierto del FBI que se hizo pasar por representante de la Dirección General de Inteligencia de Cuba. En esas reuniones, realizadas en 2022 y 2023, Rocha hizo declaraciones reiteradas sobre sus “décadas” de trabajo para el Gobierno cubano y se refirió a una trayectoria que abarcaba “40 años”, de acuerdo con el Departamento de Justicia.
“Rocha admitió haber actuado como agente del Gobierno cubano al mismo tiempo que ocupaba numerosos puestos de confianza en el Gobierno de EE.UU., una traición asombrosa al pueblo estadounidense y un reconocimiento de que cada juramento que hizo a Estados Unidos fue una mentira”, dijo en abril de 2024 Matthew G. Olsen, entonces fiscal general adjunto de la División de Seguridad Nacional, tras la declaración de culpabilidad y la sentencia.
El acuerdo de culpabilidad obligó a Rocha a cooperar con EE.UU., incluida su asistencia en cualquier evaluación de daños relacionada con su trabajo para Cuba. Además, debió renunciar a futuros beneficios de jubilación derivados de su empleo previo en el Departamento de Estado y ceder al Gobierno estadounidense cualquier ganancia que pudiera recibir por publicaciones vinculadas a su conducta criminal o a su servicio gubernamental.
