LIMA, Perú — Una mujer identificada como Lizandra fue enviada a prisión provisional en la provincia cubana de Sancti Spíritus tras ser denunciada por presuntos maltratos físicos contra sus tres hijos menores de edad, entre ellos un niño de apenas tres años, así como contra su propia madre.
El caso generó una fuerte reacción pública luego de que trascendiera que la acusada podría quedar en libertad bajo una fianza de 50.000 pesos hasta la celebración del juicio.
El activista Guillermo Rodríguez Sánchez, quien divulgó la denuncia en Facebook, aseguró que la mujer “llevaba muchísimo tiempo maltratando de manera atroz a su hijo de tres años” y sostuvo que el menor presentaba visibles huellas de golpes en el rostro.
“Estamos hablando de manos de golpes, no de un chancletazo ocasional”, afirmó Rodríguez Sánchez al citar testimonios de vecinos del edificio donde reside la acusada.
De acuerdo con esos relatos, la mujer también “agredía de forma salvaje a la anciana” abuela de los menores, su propia madre.
Según la denuncia, la acusada había sido citada en ocasiones anteriores por la Policía y sometida a breves períodos de detención, tras los cuales regresaba a la vivienda.
La detención más reciente se produjo después de un nuevo episodio de violencia doméstica. Testigos citados por Rodríguez Sánchez señalaron que la mujer “se le fue arriba como una fiera al niño de tres años”, lo que provocó la intervención de vecinos y posteriormente de agentes policiales.
Inicialmente, la posibilidad de que quedara libre bajo fianza generó críticas en redes sociales, donde usuarios y activistas pidieron una actuación más severa de las autoridades.
Finalmente, y tras la presión pública, el tribunal dispuso la prisión provisional como medida cautelar hasta la celebración del juicio.
“Gracias a la visibilidad y la presión de las redes sociales el tribunal ordenó cambio de medida, prisión hasta el juicio”, escribió Rodríguez Sánchez.
El activista criticó que la decisión se produjera solo tras la exposición pública del caso. “Pena y vergüenza es lo que da que haya que recurrir a Facebook para lograr lo que se debe aplicar por lógica”, sostuvo.
El caso se suma a otras denuncias recientes de violencia y abuso infantil en distintas provincias del país, hechos que resaltan la brecha entre las reformas legales aprobadas por el régimen como el Código de las Familias de 2022 y la aplicación efectiva de mecanismos de protección a menores.
