MIAMI, Estados Unidos ― El jefe de misión de la Embajada de EE.UU. en La Habana, Mike Hammer, visitó a Lizandra Cuza, esposa del luchador cubano de artes marciales mixtas Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como “Spiderman”, quien permanece preso tras protestar desde el balcón de su vivienda en Marianao, La Habana, contra la crisis en Cuba.
La sede diplomática difundió el encuentro en sus redes sociales y calificó al deportista como “un luchador en todo el sentido de la palabra”. También lamentó que su “injusto” encarcelamiento esté haciendo “sufrir a su familia”.
En el video publicado por la Embajada, Cuza relató a Hammer que la detención de su pareja fue violenta y estuvo a cargo de oficiales vestidos de civil, en el momento en el que el deportista regresaba de entrenar.
“Realmente ha sido prácticamente un secuestro. Javier venía saliendo de entrenar y lo agarraron así, desprevenido. Lo tiraron contra el piso. Le dieron golpes, lo maltrataron”, denunció la joven.
Cuza insistió en que no había justificación para la fuerza empleada contra él. “No había necesidad de darle golpes, ni de secuestrarlo de la manera que lo hicieron, porque fue un secuestro”, afirmó ante el diplomático estadounidense.
Hammer transmitió a la familia la preocupación de Washington por el caso y por la situación de los cubanos que salen a expresar su descontento en medio de la crisis que atraviesa la Isla. El funcionario también trasladó a Cuza el compromiso de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, con los “cubanos de a pie” y con quienes expresan públicamente sus ideas.
Martín Gutiérrez, de 34 años, permanece recluido en el Combinado del Este. Enfrenta acusaciones de “incitación a manifestaciones y desorden público”, según denunció su esposa en declaraciones anteriores a Martí Noticias. El atleta fue detenido el 24 de abril después de realizar durante varios días transmisiones desde el balcón de su vivienda en Marianao.
En esas intervenciones públicas, el deportista criticó los prolongados apagones, la escasez de alimentos y medicamentos, el aumento de la violencia y el consumo de drogas entre jóvenes cubanos.
La esposa del deportista había denunciado anteriormente que la familia ha recibido información limitada sobre el proceso judicial y depende principalmente de las comunicaciones del abogado defensor. En una entrevista anterior, explicó que la defensa solicitó un cambio de medida cautelar y esperaba respuesta de la Fiscalía.
“Él simplemente expresó su sentir, él habló de su realidad”, dijo Cuza al reclamar la liberación del atleta. “Lo único que exigimos es que lo liberen, que lo dejen libre, porque es que no ha cometido delito ninguno”.
Solo en abril, el régimen sumó 23 nuevos presos políticos, entre ellos deportistas, artistas, periodistas independientes, sindicalistas y activistas pacíficos, de acuerdo con la ONG Prisoners Defenders, que incluyó al atleta en su base de datos.
La organización confirmó que la detención fue ejecutada por agentes vestidos de civil, con violencia física, sin orden de arresto ni tutela judicial, y que el deportista permaneció inicialmente en paradero desconocido hasta confirmarse su reclusión en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado.
Las autoridades intentaron desacreditar al atleta alegando que padecía supuestos trastornos mentales. No obstante, un examen médico oficial descartó alteraciones psiquiátricas.
Prisoners Defenders documentó 1.260 prisioneros políticos y de conciencia al cierre de abril pasado. La organización sostuvo que las autoridades cubanas siguen recurriendo a acusaciones como “desórdenes públicos”, “desacato” o “sabotaje” para criminalizar formas de expresión crítica.
