MIAMI, Estados Unidos ― El Centro de Información Legal Cubalex identificó al menos cuatro personas previamente monitoreadas por violaciones de derechos humanos entre los 2.010 beneficiarios incluidos en el Decreto presidencial 1212/2026, la lista oficial de indultos divulgada por el régimen cubano.
Las coincidencias detectadas por la organización corresponden a Ana Laura Parra González, Maikel Seara Padrón, Yudimar Barallobre Columbie y Kevin Lay Laureido Rojas, todos vinculados a casos previamente documentados por detenciones, procesos penales cuestionados, agresiones o violaciones de garantías judiciales.
El hallazgo, de acuerdo con Cubalex, expone nuevamente la falta de transparencia del Estado cubano en torno a los indultos, pues el decreto no permite confirmar de manera independiente los delitos sancionados, las razones por las que cada persona fue beneficiada ni los criterios utilizados para seleccionarlas.
En el caso de Yudimar Barallobre Columbie, Cubalex indicó que fue detenido y agredido físicamente por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y altos oficiales de la Seguridad del Estado el 14 de noviembre de 2021, en su vivienda en Ciego de Ávila, en el contexto de la represión vinculada a la marcha cívica convocada para el 15N. La organización precisó que no ha podido verificar los delitos que se le imputaron ni si su inclusión en la lista de indultados de 2026 corresponde a aquella detención.
Otro de los casos señalados es el de Kevin Lay Laureido Rojas, sometido en 2025 a un juicio militar en Isla de la Juventud por abandonar la unidad en la que había sido incorporado al Servicio Militar Activo (SMA). Según Cubalex, la Fiscalía solicitó para él cuatro años de privación de libertad. Una fuente desde la Isla de la Juventud relató a la organización: “Se lo llevaron obligado, él no soportó y se escapó para su casa. Allá lo fueron a buscar y lo metieron preso”.
Cubalex añadió que, según información disponible en la prensa, una comisión médica había declarado previamente al joven no apto para el Servicio Militar debido a problemas psiquiátricos y ortopédicos que presentaba desde hacía años.
Sobre Maikel Seara Padrón, residente en Nuevitas, Camagüey, la organización recordó que sus familiares denunciaron públicamente en 2025 que llevaba casi dos años en prisión provisional por un presunto robo en el frigorífico municipal, sin que se celebrara juicio ni se dictara sentencia. Según esa denuncia familiar, el proceso se desarrolló sin elementos probatorios suficientes para destruir la presunción de inocencia.
En cuanto a Ana Laura Parra González, manifestante del 11J en Matanzas, Cubalex citó documentación de Human Rights Watch según la cual fue detenida junto a su hermano durante una protesta pacífica, acusada de “desorden público” y sometida a una medida cautelar de reclusión domiciliaria mientras esperaba juicio. El 20 de septiembre de 2021 se le impuso una multa de 1.000 pesos y un agente le indicó que su causa penal sería archivada. No obstante, Cubalex aclaró que no ha podido verificar que la persona incluida en el Decreto 1212/2026 sea la misma ni que su inclusión guarde relación con esos hechos.
Para la organización, la presencia en la lista de personas previamente documentadas por entidades de derechos humanos como no privadas de libertad, sin que el decreto permita confirmar identidades ni causas, muestra las dificultades de seguimiento generadas por la opacidad estatal. Cubalex sostiene que esa falta de información restringe el acceso ciudadano a datos de interés público y obliga a depender de subregistros, en lugar de fuentes oficiales completas.
El análisis también detectó la presencia de personas con causas vinculadas a tribunales militares y a Salas de los Delitos contra la Seguridad del Estado. Cubalex identificó 95 personas con al menos una causa juzgada por ese tipo de salas, para un total de 102 causas, cifra equivalente al 4,7% de las personas indultadas.
La organización advirtió que ese dato pudiera entrar en contradicción con declaraciones oficiales previas según las cuales no se considerarían para excarcelaciones los llamados delitos contra la autoridad, aunque aclaró que no existen elementos suficientes para comprobarlo. Además, precisó que esas salas pueden conocer causas por delitos contra la Seguridad del Estado, pero también determinados delitos graves no relacionados con esa categoría, por lo que la información disponible no permite concluir que se trate efectivamente de condenas por delitos contra la Seguridad del Estado.
El decreto, según el análisis, solo hace referencia a causas, salas y tribunales correspondientes mediante los nombres de los indultados, pero no especifica los delitos por los cuales fueron sancionados. Sobre esa base, Cubalex afirmó que no ha identificado dentro del conjunto analizado a ningún manifestante del 11J ni a otra persona sancionada por delitos contra la Seguridad del Estado que conste en sus registros.
El estudio detectó además 286 personas, equivalentes al 14% del total de indultados, con varias causas tramitadas en tribunales militares, para un acumulado de 300 causas. Los datos muestran una concentración temporal en procesos recientes, especialmente entre 2023 y 2026, así como una concentración territorial en tribunales provinciales y municipales de La Habana y en varias salas penales provinciales.
Cubalex señaló que el Estado no explica por qué fueron seleccionadas esas causas para revisión e indulto y no otras, ni transparenta los criterios utilizados para escoger a las personas beneficiadas. Esa ausencia de información impide establecer cuántos casos correspondían realmente a delitos militares o contra la Seguridad del Estado, pues ambos órganos también pueden conocer otras conductas previstas en la legislación penal.
Para la ONG, la elevada concentración de causas provenientes de tribunales militares sugiere que una parte significativa pudiera estar relacionada con hechos de naturaleza económica, debido a que esa jurisdicción puede conocer conductas previstas en la legislación penal ordinaria cuando intervienen personas sujetas al fuero militar o cuando los hechos ocurren en entidades y espacios bajo jurisdicción militar.
La organización recordó que en Cuba una parte significativa de la actividad económica está controlada por conglomerados empresariales vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), cuyos trabajadores y operaciones pueden quedar sujetos a la jurisdicción militar. Por ello, consideró posible que una parte importante de estos casos corresponda a delitos comunes vinculados a esas estructuras y no necesariamente a delitos militares.
Cubalex también advirtió que ha documentado casos en los que la jurisdicción militar se ha utilizado para castigar la expresión crítica y disciplinar ideológicamente a antiguos integrantes del aparato estatal, aunque insistió en que la falta de información sobre los delitos imputados impide determinar con certeza la naturaleza de las condenas.
La organización destacó que varias personas reincidentes fueron indultadas pese a que la declaración oficial indicaba que no serían beneficiadas. En total, 407 personas, equivalentes al 20%, aparecen con más de un registro, mientras que 173 tienen múltiples causas dentro del mismo año. Cubalex precisó que fueron excarceladas dos personas con ocho y nueve causas, además de otras diez que tenían entre cinco y seis.
El análisis sostiene que esas contradicciones ponen en duda la calificación oficial de la medida como un “gesto humanitario”.
En sus conclusiones, la organización sostiene que la información oficialmente divulgada resulta insuficiente para verificar de manera independiente los criterios aplicados en la selección de los indultados. La falta de datos sobre los delitos sancionados, las razones que motivaron cada concesión y los parámetros de elegibilidad limita la transparencia de una medida de evidente interés público.
“En conjunto, los resultados confirman que el sistema de justicia penal cubano continúa operando bajo elevados niveles de opacidad”, señaló la organización, que también advirtió que esa opacidad dificulta el escrutinio público de decisiones estatales con impacto directo sobre derechos fundamentales y limita la capacidad de la sociedad civil para documentar y evaluar de manera completa sus efectos.
