MIAMI, Estados Unidos ― El Gobierno de EE.UU. sancionó este jueves a ocho entidades estatales cubanas y tres oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) vinculados con el desarrollo militar y la industria del níquel. El Departamento de Estado anunció las designaciones como parte de la presión de la Administración de Donald Trump contra lo que denominó el “aparato de explotación del níquel” y el “complejo militar-industrial” del régimen cubano.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro incorporó este 17 de septiembre a las 11 personas jurídicas y naturales en su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés).
Cuatro de las entidades fueron sancionadas por operar en el sector de defensa y material relacionado de la economía cubana. Las otras cuatro quedaron señaladas por sus actividades en el sector de los metales y la minería. Los tres militares fueron incluidos por ejercer cargos directivos en organizaciones bloqueadas bajo la Orden Ejecutiva 14404.
Communist Cuba is a corrupt failed state and a persistent threat to U.S. national security, sitting less than 100 miles from American shores. While ordinary Cubans endure blackouts, food shortages, and brutality, regime elites continue to hoard the island’s resources for…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 17, 2026
Entre los objetivos se encuentra el Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores (SIMPRO), al que el Departamento de Estado atribuyó la fabricación de simuladores y la preparación de personal de las FAR y otras entidades gubernamentales. La OFAC lo clasifica como una empresa estatal dedicada a la investigación científica y la defensa, con sede en Nuevo Vedado, en La Habana.
También fue sancionado el Centro de Investigación y Desarrollo Naval (CIDNAV), ubicado en Casablanca, municipio de Regla. De acuerdo con la ficha oficial estadounidense, esa entidad participa en programas de investigación para la Marina de Guerra Revolucionaria. La OFAC registró tanto a SIMPRO como a CIDNAV como organizaciones establecidas el 9 de julio de 2009.
La lista incluye además al Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería (CIDAI), radicado en Camagüey. Washington le atribuye investigaciones destinadas al desarrollo, la adquisición, la modernización y la evaluación de armamento de infantería.
El cuarto objetivo del área militar es el Centro de Investigación, Desarrollo y Producción Grito de Baire, identificado también como GELCOM y Grupo de la Electrónica de Comunicaciones. Según el Departamento de Estado, la empresa produce equipos electrónicos y de comunicaciones. La OFAC la ubica en Nuevo Vedado y la clasifica como una entidad estatal dedicada a actividades de investigación y defensa.
Las sanciones alcanzaron asimismo a los directores generales de tres de esos centros. Washington identificó a Joaquín Francisco Cancio Monteagudo como coronel superior de las FAR y director general de SIMPRO; a Dioglis Pedrera Argüello como capitán y director general de CIDNAV; y a Julio Hurtado Betancourt como coronel superior y director general de CIDAI.
Los tres fueron designados mediante la sección 2(a)(i)(E) de la Orden Ejecutiva 14404, aplicable a dirigentes, funcionarios, altos ejecutivos o integrantes de juntas directivas del Gobierno cubano o de entidades bloqueadas.
En la industria del níquel, EE.UU. sancionó a la Empresa de Servicios Técnicos de Computación Comunicaciones y Electrónica (SERCONI), una entidad estatal que, según el Departamento de Estado, proporciona herramientas y servicios a las empresas cubanas del sector.
La Empresa de Ingeniería y Proyectos del Níquel (CEPRONIQUEL) también fue incluida por ejecutar proyectos de ingeniería y coordinar operaciones estatales de extracción de minerales. Medios oficiales cubanos han descrito anteriormente a CEPRONIQUEL como coordinadora de las acciones del Grupo Empresarial Cubaniquel.
El tercer objetivo es el Centro de Investigaciones del Níquel Capitán Alberto Fernández Montes de Oca (CEDINIQ), dedicado a la investigación, el desarrollo y la innovación industrial. La lista se completa con Pinares S.A., una empresa estatal encargada, según Washington, de realizar estudios geológicos de yacimientos minerales.
Los registros de la OFAC sitúan a SERCONI, CEPRONIQUEL y CEDINIQ en Moa, mientras que Pinares S.A. aparece radicada en Nícaro. Las cuatro entidades se encuentran en la provincia de Holguín, principal territorio de la industria cubana del níquel.
El Departamento de Estado sostuvo que ese sector genera divisas para el Gobierno cubano mediante la explotación de los recursos naturales y afirmó que los ingresos benefician al régimen antes que a la población.
La composición de la lista muestra que Washington no se limitó a señalar empresas extractoras. La medida alcanza servicios informáticos, ingeniería, investigación industrial y prospección geológica, es decir, varios de los eslabones técnicos que respaldan la actividad minera estatal.
Como consecuencia de las designaciones, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en EE.UU. o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser informados a la OFAC.
Las personas y empresas sujetas a la jurisdicción de EE.UU. tampoco pueden realizar transacciones con los designados, salvo que exista una autorización, licencia o exención aplicable. La prohibición comprende la entrega o recepción de fondos, bienes y servicios.
El bloqueo se extiende, además, a cualquier empresa que sea propiedad, directa o indirectamente y en una proporción de 50% o más, de una o varias personas sancionadas, aunque esa compañía no aparezca expresamente en la lista SDN. La regla obliga a bancos y empresas a revisar las estructuras de propiedad antes de procesar pagos o mantener relaciones comerciales.
La orden ejecutiva también permite al Departamento del Tesoro adoptar medidas contra instituciones financieras extranjeras que realicen o faciliten transacciones significativas para personas bloqueadas. Entre las posibles consecuencias figuran restricciones al mantenimiento de cuentas corresponsales en EE.UU. y el bloqueo de activos de la propia institución financiera.
Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404 el 1 de mayo de 2026. La norma autoriza sanciones contra quienes operen en los sectores cubanos de energía, defensa, metales y minería, servicios financieros y seguridad, además de funcionarios, familiares adultos, entidades estatales y personas señaladas por corrupción o graves violaciones de derechos humanos.
La orden amplió las facultades derivadas de la emergencia nacional que Trump declaró el 29 de enero. La Casa Blanca justificó entonces la medida con acusaciones sobre la cooperación de La Habana con Rusia, China e Irán, el respaldo a actores considerados hostiles por Washington y la represión de opositores y periodistas independientes.
La Administración estadounidense ya había empleado ese instrumento contra otros componentes del poder cubano. El 4 de junio incluyó en la lista SDN a Miguel Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta Peraza; al general Alejandro Castro Espín; el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; los Comités de Defensa de la Revolución; Minera La Victoria; el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y Amistur Cuba, entre otros.
El 23 de junio, el Departamento de Estado añadió a la lista a Almacenes Universales, Rafin, el Banco Financiero Internacional, la Empresa Siderúrgica José Martí —Antillana de Acero— y Geominera.
