MIAMI, Estados Unidos —La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar (republicana por Florida) advirtió este jueves al presidente Donald Trump que sus políticas migratorias “han ido demasiado lejos” y sostuvo que los hispanos que contribuyeron a su regreso a la Casa Blanca en 2024 “hoy se sienten traicionados”.
La pieza, de 30 segundos y grabada frente a la Casa Blanca, fue producida en español y en inglés y constituye el primer anuncio de Salazar para las elecciones generales que será difundido en medios del sur de Florida, informó Reuters. En la versión en español, la legisladora centró su crítica en el alcance de los arrestos migratorios realizados durante el verano.
“Señor presidente, sus políticas migratorias han ido demasiado lejos. En julio, su gobierno detuvo a 50.000 personas y la mitad de ellas no tenían antecedentes penales. Cuidado con lo que le dicen sus asesores”, declaró Salazar en el video.
La congresista vinculó después la aplicación de la política migratoria con el respaldo electoral que Trump recibió de una parte del voto latino. “Los mismos hispanos que lo llevaron a la Casa Blanca en el 2024, hoy se sienten traicionados. Usted es el único que puede resolver este problema que arrastra el país desde hace 40 años”, afirmó.
Un mensaje al presidente Trump sobre inmigración | María Elvira Salazar pic.twitter.com/jEwtL7Mbe8
— María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) September 17, 2026
Salazar declaró que no estaba pidiendo una amnistía. “Yo no estoy hablando de amnistía, estoy hablando de darles una vida digna en la tierra prometida. Y solo usted puede hacerlo”, concluyó.
Un análisis de The Guardian contabilizó 49.571 arrestos de inmigrantes en julio. El 51% de los arrestados no tenía condenas ni cargos penales previos, de acuerdo con ese examen de los datos.
El mismo conjunto de registros mostró que casi 34.000 personas fueron expulsadas de EE.UU. durante julio. La ausencia de cargos o condenas, sin embargo, no define por sí sola la situación migratoria de cada detenido. Reuters comprobó que entre los arrestados había personas con solicitudes de asilo, peticiones de residencia u otros procesos legales pendientes, así como individuos sin una orden definitiva de deportación.
Los arrestos se acercaron a 51.000 en agosto y marcaron un récord por tercer mes consecutivo, informó Reuters a partir de datos preliminares. Las deportaciones, en cambio, se mantuvieron alrededor de 1.200 diarias. En julio, las personas con condenas penales representaron menos de una cuarta parte de los arrestos, frente a casi 60% en diciembre de 2024, el mes anterior al retorno de Trump a la presidencia.
La Administración sostiene que su ofensiva persigue a quienes permanecen ilegalmente en el país y que sus acciones han propiciado la salida de millones de inmigrantes. El Departamento de Seguridad Nacional negó a Reuters que existan cuotas de arrestos. La Casa Blanca, no obstante, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la agencia sobre el anuncio de Salazar.
El Departamento de Seguridad Nacional respondió a las críticas de Salazar mediante una declaración enviada a Fox News y divulgada por Bill Melugin, corresponsal de la cadena. Un portavoz aseguró que, bajo el liderazgo de Trump y del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, “no habrá amnistía para los inmigrantes ilegales”. La agencia afirmó que continuará con la que calificó como la campaña de deportaciones masivas “más histórica” de Estados Unidos y defendió que los agentes de ICE están aplicando las leyes aprobadas por el Congreso, independientemente de las objeciones de la congresista.
El portavoz agregó que las únicas opciones que Estados Unidos debería ofrecer a los inmigrantes indocumentados son un pasaje de regreso a sus países o un pago de 3.000 dólares para que abandonen voluntariamente el territorio. “No ignoraremos el Estado de derecho”, concluyó.
La respuesta presentó el reclamo de Salazar como una petición de amnistía, aunque la legisladora había aclarado expresamente que no solicitaba esa medida, y no abordó su cuestionamiento sobre la elevada proporción de detenidos sin antecedentes penales.
El mensaje de Salazar aparece a menos de dos meses de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. Salazar, representante del Distrito 27 de Florida, que incluye la Pequeña Habana y otras zonas de Miami con numerosa población latina, busca la reelección frente al demócrata Eliott Rodríguez, expresentador de televisión. Analistas no partidistas citados por Reuters clasifican la contienda como “probablemente republicana”, aunque competitiva.
La composición del distrito aumenta el costo político de la política migratoria para la congresista. Cerca de tres cuartas partes de sus residentes son hispanos, señaló The Guardian. Trump ganó allí por 15 puntos porcentuales en 2024 y Salazar retuvo su escaño por una diferencia de 20 puntos. Una encuesta nacional Reuters/Ipsos realizada en septiembre situó en 39% la aprobación del manejo de la inmigración por parte del presidente, frente a 50% poco después de su regreso al poder en enero de 2025.
La apelación a una “vida digna” remite a la principal propuesta migratoria impulsada por Salazar en el Congreso. La republicana y la demócrata Verónica Escobar presentaron el 15 de julio de 2025 una versión actualizada y bipartidista de la Ley Dignidad, identificada como H.R. 4393, que combina medidas de control fronterizo con un mecanismo de regularización para determinados inmigrantes indocumentados.
El texto oficial establece que el denominado Programa Dignidad estaría disponible para personas que lleven más de cinco años en EE.UU. y hubieran llegado antes del 31 de diciembre de 2020. Los solicitantes tendrían que superar una verificación de antecedentes, cumplir las leyes federales y estatales, pagar impuestos atrasados y abonar 7.000 dólares durante siete años, además de comparecer ante el Departamento de Seguridad Nacional cada dos años.
Quienes completen el programa podrían solicitar un estatus renovable que los protegería de la deportación y les permitiría trabajar y viajar. La propuesta excluye el acceso a prestaciones federales condicionadas por ingresos y no abre, mediante ese programa, una vía hacia la residencia permanente ni la ciudadanía. Para los beneficiarios de DACA y otros jóvenes llegados durante la infancia, el proyecto contempla un régimen distinto de residencia permanente condicional y la posibilidad posterior de ajustar su estatus por estudios, trabajo o servicio militar.
El proyecto también propone el uso obligatorio del sistema E-Verify para empleadores, nuevas barreras y tecnología en la frontera, cambios al sistema de asilo y mayores sanciones contra traficantes de personas. Esas condiciones forman la base de la distinción que Salazar establece entre su iniciativa y una amnistía general.
Aunque la congresista afirmó que solo Trump puede resolver el problema, la solución que ella promueve es legislativa: necesita avanzar en el Congreso antes de llegar a la firma presidencial. El mandatario sí conserva, a través del Poder Ejecutivo y del Departamento de Seguridad Nacional, capacidad para fijar prioridades y métodos de aplicación de las leyes migratorias, precisamente el aspecto que Salazar cuestionó en su anuncio.
