MIAMI, Estados Unidos — Juan Pablo Segura, secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, retomó este jueves las acusaciones de Marco Rubio contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), al difundir un video en el que el jefe de la diplomacia estadounidense asegura que el conglomerado posee más recursos que el propio Gobierno cubano y no los destina a cubrir las necesidades de la población.
“El secretario Rubio lo ha dejado claro: GAESA tiene ‘más dinero que el propio Gobierno’, y, sin embargo, ‘ni una sola carretera, ni un solo puente, ni un solo grano de arroz’ llega a los cubanos de a pie”, escribió Segura junto a las palabras de Rubio.
Se trata de declaraciones que hizo Rubio el 8 de mayo pasado durante una comparecencia ante la prensa en Roma, al término de una visita a Italia y el Vaticano. El secretario de Estado respondía a una pregunta sobre si había encontrado coincidencias con el papa León XIV respecto a la política estadounidense hacia Cuba, un día después de que Washington impusiera sanciones a GAESA, su presidenta ejecutiva y la empresa mixta Moa Nickel S.A.
“Está el Gobierno cubano, y tiene un presupuesto; luego está esta empresa privada, que tiene más dinero que el Gobierno. Nada del dinero de esa empresa se destina a construir una sola carretera, un solo puente o a proporcionar un solo grano de arroz a un solo cubano, aparte de las personas que forman parte de GAESA”, afirmó Rubio. Aunque utilizó la expresión “empresa privada”, tanto el Departamento de Estado como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) identifican a GAESA como una entidad controlada por los militares cubanos.
Rubio sostuvo que las medidas no estaban dirigidas contra la población: “Lo que estamos sancionando es una empresa que básicamente se está apoderando de todo lo que genera dinero en Cuba y colocándolo ilegalmente en los bolsillos de unos pocos miembros del círculo del régimen. Por tanto, no son sanciones contra el pueblo cubano, porque el pueblo cubano no se beneficia de GAESA. Es una sanción contra esta empresa que está robando al pueblo cubano para beneficiar a unos pocos”.
También anticipó entonces que Washington adoptaría nuevas medidas.
Las sanciones anunciadas el 7 de mayo incluyeron a GAESA, a su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, y a Moa Nickel S.A., una empresa mixta de la canadiense Sherritt International y la estatal Compañía General de Níquel. Las medidas bloquearon las propiedades e intereses de los designados bajo jurisdicción estadounidense y prohibieron las transacciones con ellos por parte de ciudadanos y empresas de Estados Unidos; además, expusieron a posibles sanciones a compañías e instituciones financieras extranjeras que realizaran operaciones significativas con GAESA.
El Departamento de Estado afirmó entonces, a partir de “estimaciones públicas”, que GAESA controlaba al menos el 40% de la economía cubana, que sus ingresos probablemente triplicaban los del presupuesto estatal y que podía disponer de hasta 20.000 millones de dólares en activos considerados ilícitos por Washington.
La dimensión financiera de GAESA continúa siendo objeto de controversia debido a la falta de información pública. Reuters señaló que las estimaciones externas sobre el control económico del conglomerado oscilan entre el 40% y el 70%, mientras sus cuentas no aparecen en el presupuesto cubano. La agencia recordó además que la entonces contralora general de la República, Gladys Bejerano, declaró en 2024 que GAESA no estaba bajo la jurisdicción del organismo fiscalizador que dirigía.
El régimen cubano ha rechazado las acusaciones de enriquecimiento y desvío de recursos. En junio, un texto publicado por el diario oficial Granma aseguró que “el GAE no es una estructura opaca, ni paralela al Estado cubano” y afirmó que sus fondos habían contribuido a inversiones en la termoeléctrica de Felton, obras hidráulicas, policlínicos, consultorios y escuelas. La publicación presentó al conglomerado como una respuesta económica a las sanciones de Washington y negó que fuera “la vía de enriquecimiento de unos pocos”.
Hace una semana, Washington lanzó una nueva ronda de sanciones contra nueve entidades cubanas —entre ellas el Ministerio de la Construcción— y tres funcionarios vinculados al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
