CDMX, México ― El Gobierno de México dio un nuevo paso para ampliar su cooperación educativa con el régimen cubano mediante intercambios de programas de formación, docentes, investigadores y estudiantes. El anuncio siguió a una reunión celebrada el lunes 24 de agosto en la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero las autoridades no precisaron cuántas personas participarían, qué instituciones estarían involucradas, cuál sería el presupuesto, cómo se financiarían las actividades ni cuándo comenzarían.
El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, recibió a Walter Baluja García, ministro de Educación Superior de Cuba; Eugenio Martínez Enríquez, embajador de La Habana en México, y otros integrantes de la delegación cubana. En la reunión también participó Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario mexicano de Educación Superior.
Delgado Carrillo afirmó que el encuentro estuvo dirigido a robustecer los vínculos bilaterales y compartir “buenas prácticas” en el diseño de programas de formación y proyectos conjuntos. “Agradecemos y celebramos la continuidad de estos lazos de amistad y cooperación en favor del desarrollo educativo”.
Martínez Enríquez indicó que ambas partes “evaluaron oportunidades de cooperación para fomentar el intercambio de programas de formación, de docentes, investigadores y estudiantes”.
Ninguno de los mensajes difundidos sobre la reunión anunció la firma de un nuevo instrumento jurídico ni ofreció información sobre los criterios para seleccionar a los participantes, las condiciones de los intercambios o las obligaciones que asumiría cada Gobierno.
La reunión en la SEP formó parte de una visita de trabajo de Baluja a México durante los días 24 y 25 de agosto. La Embajada cubana informó que la agenda incluyó acciones con el Tecnológico Nacional de México (TecNM) dentro de un programa bilateral dedicado a la investigación aplicada y la innovación tecnológica.
El ministro también se reunió con Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para desarrollar una agenda académica, científica y tecnológica, e impartió la conferencia “Educación Superior. Ciencia y Tecnología” en la sede de esa organización.
El pasado 1 de junio, Baluja y el director general del TecNM, Ramón Jiménez López, firmaron en La Habana un convenio de colaboración académica. La publicación oficial del organismo mexicano señaló que el pacto buscaba promover la movilidad académica, la investigación conjunta, la innovación tecnológica y el intercambio de conocimientos y experiencias, pero tampoco detalló montos, plazos, metas cuantificables ni número de beneficiarios.
La cooperación tampoco comenzó este año. El 5 de febrero de 2024, la SEP y el Ministerio de Educación Superior de Cuba suscribieron otro convenio durante el XIV Congreso Internacional de Educación Superior, celebrado en La Habana. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, entonces subsecretario mexicano de Educación Superior, declaró que el instrumento permitiría acciones concretas mediante el aporte de expertos y los intercambios institucionales. La Agencia Cubana de Noticias informó que la XVI Cumbre de Rectores Cuba-México, realizada en diciembre de 2023, ya había producido 13 convenios de colaboración.
El TecNM está integrado por 254 instituciones —126 institutos tecnológicos federales, 122 descentralizados y seis centros especializados— y atiende a más de 600.000 estudiantes de licenciatura y posgrado. No obstante, los anuncios oficiales no identifican cuáles de esas instituciones participarían en los intercambios con Cuba ni si la iniciativa abarcaría también universidades mexicanas ajenas a ese sistema.
El acercamiento se produce pese a las restricciones políticas documentadas dentro del sistema educativo cubano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en Cuba persisten patrones de persecución y discriminación por razones políticas en el ámbito laboral, así como “vulneración de la libertad académica y de cátedra”. Freedom House otorgó al país cero de cuatro puntos en libertad académica en su evaluación de 2025 y documentó expulsiones de profesores y estudiantes como represalia por sus opiniones o actividades políticas.
