MIAMI, Estados Unidos — El economista cubano Pedro Monreal acusó este miércoles al Gobierno de Miguel Díaz-Canel de socavar su propia reforma económica al calificar de “abusivos” los precios del sector privado y responder con sanciones, mientras asegura que pretende ampliar el mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera.
“Hablar de reforma mientras se castiga al mercado es sabotearla. Al presentar los precios y márgenes del privado como ‘abusivos’ e ‘ilegítimos’ y responder con sanciones, el relato oficial socava la reforma económica que dice impulsar”, escribió Monreal.
El economista se pronunció un día después de que la Presidencia cubana divulgara una reunión de Díaz-Canel con empresarios privados de los sectores de la alimentación, la agricultura, la energía, el transporte y el asesoramiento jurídico. El gobernante prometió mantener contactos sistemáticos con un sistema empresarial que, afirmó, incluye tanto las formas estatales como las no estatales.
Díaz-Canel afirmó: “Si no hay diálogo sistemático, no podemos saber qué estamos pensando y cómo vamos construyendo con consenso”. También dijo que las medidas adoptadas buscan favorecer el crecimiento de Cuba y establecer una relación adecuada entre las aspiraciones de los empresarios y las del país.
Sin embargo, durante el mismo encuentro, el gobernante arremetió contra lo que calificó de ganancias ilegítimas. La Presidencia indicó que Díaz-Canel vinculó la ganancia aceptable con el esfuerzo, la productividad, la eficiencia, la innovación y el riesgo, y pidió que el sector privado no se convirtiera en espacio de ilegalidades, evasión fiscal, especulación, corrupción, acaparamiento o fijación de precios desconectados de la realidad.
Monreal rechazó que la responsabilidad principal por la inflación recaiga sobre esos negocios. A su juicio, los precios crecientes y los márgenes privados son consecuencias previsibles de un modelo que restringe la oferta, distorsiona los precios relativos y cubre sus déficits mediante una emisión monetaria excesiva. “Achacar la responsabilidad principal a los actores privados es un artificio retórico que desvía la discusión sobre los problemas estructurales del modelo económico que intenta retocarse con las 176 medidas”, escribió.
“Los productos que la red comercial estatal no logra poner en los estantes aparecen gracias a la iniciativa privada, obviamente a precios que reflejan las situaciones concretas del mercado, no las preferencias ni elucubraciones de la burocracia”, agregó.
La aceleración de la inflación ha sido reconocida por las propias autoridades cubanas. El Índice de Precios al Consumidor aumentó un 2,56% en julio, acumuló un 15,12% durante los primeros siete meses de 2026 y alcanzó una variación interanual del 20,70%, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Los alimentos y las bebidas no alcohólicas registraron un incremento interanual del 26,36%, mientras el aceite comestible subió un 19,95% solo durante julio.
“Tratar de imponer una retórica sobre precios ‘abusivos”’ trastoca síntoma con causa”, sostuvo Monreal. Según su análisis, los márgenes privados también reflejan riesgos, costos de intermediación informal, incertidumbre jurídica y la necesidad de reponer inventarios a precios reales de mercado.
Las 176 transformaciones económicas y sociales fueron aprobadas por la Asamblea Nacional el 18 de junio y están agrupadas en 23 ejes. El Gobierno aseguró que buscan modernizar las estructuras productivas, diversificar las formas de gestión, fortalecer el sistema financiero, estimular la productividad y eliminar trámites que afectan tanto a empresas estatales como privadas.
Al informar sobre su implementación el 30 de julio, el primer ministro del régimen, Manuel Marrero Cruz, aseguró que habían sido presentadas y aprobadas 110 de las 121 transformaciones programadas para junio y julio, mientras otras cinco estaban parcialmente aprobadas. Las medidas de mayor complejidad quedaron previstas para agosto y septiembre, y tres fueron aplazadas hasta noviembre.
Dos días después de que el Parlamento aprobara el paquete, el Ministerio de Finanzas y Precios eliminó mediante la Resolución 150 de 2026 los precios minoristas máximos que regían para el pollo troceado, los aceites comestibles —excepto el de oliva—, la leche en polvo, las pastas alimenticias y las salchichas. El organismo justificó la decisión por el aumento de los costos de importación, el encarecimiento del dólar y la escasez de combustible.
Pese a la eliminación de aquellos topes nacionales, las autoridades han mantenido los controles administrativos contra precios considerados “abusivos” o “especulativos”. El Gobierno de La Habana informó que el 13 de agosto fueron fiscalizados 232 actores económicos en Centro Habana, con un saldo de 363 multas, 15 cierres de establecimientos, 11 ventas forzosas y dos retiros de licencia. Entre las infracciones enumeró el rechazo de transferencias, la ausencia de precios visibles, el uso de cuentas personales para recibir pagos y los precios calificados de abusivos o especulativos.
“Cuando el Estado se presenta como árbitro neutral de precios ‘justos’ pero protege sus propios márgenes en las tiendas estatales en divisas y castiga los del privado, pierde credibilidad”. afirmó Monreal. El economista reclamó reglas claras, aplicación uniforme de las normas y correcciones de las distorsiones estructurales que provocan la escasez.
“Mientras se mantenga la narrativa de culpabilización selectiva, el resultado será el retiro de la oferta formal, el paso a la informalidad o el cierre, reproduciendo el ciclo que las 176 medidas decían querer romper”, concluyó.
