MIAMI, Estados Unidos ― El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, acusó este martes al modelo económico cubano controlado por los militares de concentrar la riqueza y el poder en una minoría vinculada al régimen, mientras restringe las oportunidades de la población.
“En todo el mundo, el crecimiento económico proviene de la competencia, el emprendimiento y la transparencia. El modelo cleptocrático de Cuba, controlado por los militares, concentra la riqueza y el poder en manos de unas pocas élites del régimen, mientras limita las oportunidades de los cubanos de a pie”, escribió Segura.
El mensaje incluye una fotografía de una antigua caja registradora en un establecimiento cubano, sobre la cual aparece la frase: “GAESA. El monopolio de las empresas estatales significa estancamiento”.
Segura asumió como secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental el pasado 14 de agosto.
GAESA es un conglomerado subordinado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias con intereses en sectores estratégicos de la economía cubana. El Departamento del Tesoro estadounidense lo considera una empresa matriz controlada por los militares y con presencia en el turismo, las inversiones financieras, las importaciones y exportaciones y el procesamiento de remesas. Entre sus subsidiarias se encuentran la financiera Fincimex y numerosas empresas de comercio, turismo, transporte, almacenamiento y servicios.
El conglomerado ya figuraba entre las entidades cubanas sancionadas por Washington, pero el 7 de mayo de 2026 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) la sancionó bajo la Orden ejecutiva 14404. Firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, esa disposición permite bloquear propiedades e intereses de personas o entidades relacionadas con sectores como los servicios financieros, la energía, la defensa, la minería y la seguridad en Cuba.
Al anunciar aquella medida, el Departamento de Estado afirmó que GAESA controlaba al menos el 40% de la economía cubana y podía disponer de hasta 20.000 millones de dólares en “activos ilícitos”. Washington presentó ambas cantidades como estimaciones públicas, sin aportar estados financieros auditados del conglomerado.
El Gobierno cubano rechazó en junio las acusaciones de corrupción y enriquecimiento formuladas contra el conglomerado. “El GAE no es una estructura opaca, ni paralela al Estado cubano; ha sido, por el contrario, una respuesta articulada de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la Revolución cubana”, sostuvo una declaración oficial.
La Habana aseguró que sus empresas fueron creadas para generar divisas destinadas a inversiones sociales y negó que constituyeran una vía de enriquecimiento para una minoría.
A finales de julio, el régimen de la Isla amplió formalmente el espacio permitido a los negocios privados. El Decreto 160, publicado el 28 de julio, establece que los actores no estatales pueden ejercer cualquier actividad económica lícita salvo aquellas expresamente prohibidas o condicionadas. El Gobierno afirmó que la reforma eliminó 46 prohibiciones y flexibilizó parcialmente otras 36, en un país donde ya funcionaban más de 15.600 mipymes.
La nueva regulación, sin embargo, mantiene bajo control estatal o sujetas a autorización numerosas áreas económicas. Entre ellas figuran la refinación de petróleo, la producción y venta mayorista de tabaco, el transporte marítimo internacional, los servicios postales, los seguros, la atención médica, la publicación de periódicos, las transmisiones de radio y televisión y el ejercicio del periodismo.
Por otro lado, el Gobierno reconoció que el producto interno bruto disminuyó un 1,1% en 2024 y acumuló una caída cercana al 10% desde 2019. En diciembre pasado, Miguel Díaz-Canel admitió que el PIB había decrecido más de un 4% al cierre del tercer trimestre de 2025, aunque las autoridades proyectaron un crecimiento de aproximadamente el 1% para 2026.
Segura se pronunció cinco días después de que la OFAC sancionara a otras ocho empresas estatales cubanas, al Ministerio de la Construcción y a tres funcionarios vinculados al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. El canciller del régimen, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió que el secretario de Estado, Marco Rubio, continuaba “castigando a empresas cubanas con el propósito deliberado de afectar la economía del país e impedir que el Gobierno de Cuba garantice los servicios básicos a la población”.
