MIAMI ― Estados Unidos exportó 2.548.110 dólares en gasolina y fueloil a Cuba entre enero y febrero de este año, de acuerdo con datos del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba. Ese nivel de exportación tuvo lugar incluso mientras Washington mantenía su presión sobre el suministro energético al régimen y habilitaba una excepción para el sector privado, una vía que en la Isla ha coincidido con la autorización de empresas vinculadas a GAESA, a ministerios y a la familia Castro para importar combustible.
La agencia Reuters reportó que, solo desde comienzos de febrero pasado, proveedores estadounidenses enviaron al sector privado cubano alrededor de 30.000 barriles de combustible equivalentes a unos 4,8 millones de litros. El secretario de Estado, el cubanoamericano Marco Rubio, defendió esa política como una estrategia “enteramente diseñada para colocar al sector privado y a los cubanos privados individuales —no afiliados al Gobierno, no afiliados a los militares— en una posición privilegiada”.
En su guía oficial, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés) indicó que la excepción Apoyo al pueblo cubano (en inglés, Support for the Cuban People, SCP) permite autorizar exportaciones de gas y otros productos petrolíferos al sector privado cubano y también ventas directas a individuos, sin límites específicos de cantidad o valor, siempre que el uso sea privado y no genere ingresos principalmente para el Estado ni contribuya al funcionamiento estatal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció una política favorable de licencias para ciertas reventas de petróleo de origen venezolano destinadas a Cuba, pero excluyó expresamente a personas o entidades asociadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), los servicios de inteligencia, otras instituciones gubernamentales cubanas y las instituciones financieras de propiedad cubana.
Ahí es donde el diseño estadounidense choca con la realidad cubana descrita por una reciente investigación de CubaNet. Según ese reportaje, hasta el 16 de febrero unas 150 empresas cubanas habían presentado solicitudes formales para importar combustible. De una propuesta inicial, 25 fueron certificadas antes del 7 de febrero y luego se sumaron otras 11 mipymes estatales y “privadas”, además de Servitec Mariel, empresa ubicada en la Zona Especial de Desarrollo Mariel y propiedad de GAESA. Después del 7 de febrero, el proceso se abrió a 390 mipymes privadas; de ellas, 113 habían presentado documentación completa y 42 habían sido autorizadas.
La misma investigación de CubaNet identificó entre las entidades ya aprobadas a Cinesoft Recreación y Cinesoft Digital, ambas pertenecientes a Cinesoft, empresa de aplicaciones informáticas del Ministerio de Educación; a Cambute S.R.L., vinculada a la Asociación de Combatientes de la Revolución y, en última instancia, a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior; al proyecto de desarrollo local GAIA, propiedad de Lisa Titolo Castro, con al menos dos contratos firmados para importar combustible; y a Cubapack Internacional, perteneciente a GAESA.
De este modo, CubaNet concluyó que el canal presentado oficialmente como una válvula para el sector no estatal aparece atravesado por estructuras estatales, paraestatales o conectadas con la élite gobernante.
La contradicción no pasó inadvertida ni para Washington. La propia BIS endureció después el mecanismo: desde el 4 de marzo suspendió la disponibilidad de la excepción SCP para cualquier operación que implicara el depósito de fondos extranjeros en un banco de propiedad cubana, al considerar que ese tipo de transacciones presenta un “riesgo inaceptable” de beneficiar principalmente al Gobierno cubano y a sus servicios militares o de inteligencia.
De acuerdo con Reuters, el combustible exportado de Estados Unidos a Cuba llega sobre todo en tanques ISO con capacidad aproximada de 21.600 litros. Hasta finales de febrero se habían descargado en Cuba alrededor de 200 de esos tanques, la inmensa mayoría con diésel.
En la Isla, la reventa comercial no está permitida: el combustible solo puede ser usado por quienes lo importan.
Según la citada agencia inglesa, algunas empresas colocaron esos depósitos junto a sus instalaciones y otras alquilaron infraestructuras inactivas en la Isla para almacenar mayores volúmenes, siempre con la condición de limitar la distribución al sector privado.
La magnitud de esos envíos sigue siendo pequeña frente a la dimensión de la crisis. Hasta hace poco Cuba necesitaba unos 100.000 barriles diarios de combustible importado para alimentar sus centrales eléctricas y cubrir la demanda regular de vehículos y aviones. La Isla apenas produce alrededor del 40% del combustible que requiere.
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