MIAMI, Estados Unidos ― Un equipo técnico del Buró Federal de Investigaciones (FBI) llegó a Cuba esta semana para investigar de manera “exhaustiva e independiente” el incidente marítimo del 25 de febrero frente a la costa de Villa Clara, en el que murieron cinco personas tras un intercambio de disparos entre una lancha con matrícula estadounidense y una patrulla guardafronteras cubana.
De acuerdo con declaraciones de funcionarios estadounidenses a Reuters y AP, la Embajada de Estados Unidos en La Habana indicó que Washington no tomará decisiones basándose en lo que sostienen las autoridades cubanas, sino en una verificación independiente de los hechos.
La visita había sido anunciada desde La Habana semanas antes. El 13 de marzo, el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo en una comparecencia televisiva que el país estaba “a la espera de una visita de un grupo de expertos del FBI para seguir avanzando” en las investigaciones del caso.
Ese mismo día, la Presidencia cubana publicó además que funcionarios de ambos países habían sostenido conversaciones recientes y que estas estaban orientadas a buscar “soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales (…) entre las dos naciones”.
Según el Ministerio del Interior (MININT), la lancha rápida neutralizada, con matrícula de Florida FL7726SH, llevaba a 10 personas armadas y pretendía ejecutar “una infiltración con fines terroristas”. En el operativo, según La Habana, fueron ocupados fusiles de asalto, armas cortas, cócteles molotov, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje. Además de los sobrevivientes (cinco), fue arrestado en territorio cubano Duniel Hernández Santos, a quien las autoridades señalaron como la persona enviada desde Estados Unidos para recibir al grupo.
Las autoridades cubanas han mantenido que la intención del grupo era “promover el desorden público, ejecutar actos violentos y atacar unidades militares”.
El 3 de marzo, la Fiscalía General de la República informó oficialmente que los seis sobrevivientes que tripulaban la lancha rápida ―luego falleció una quinta persona a causa de las heridas provocadas durante el incidente― habían sido instruidos de cargo por delitos de “terrorismo”. La Fiscalía dispuso “su aseguramiento con la medida cautelar de prisión provisional”.
Washington mostró interés en obtener acceso consular a los detenidos porque al menos dos de ellos eran ciudadanos con doble nacionalidad cubano-estadounidense y otros eran residentes legales en Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la incursión no fue una operación del Gobierno estadounidense y que ningún funcionario de ese país participó en ella.
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