Legisladores demócratas piden a Trump cambiar política hacia Cuba por crisis humanitaria

MIAMI, Estados Unidos ― Un grupo de 52 legisladores demócratas del Congreso de Estados Unidos pidió este jueves al presidente Donald Trump que abandone la línea de máxima presión sobre Cuba, al advertir que esa política no solo ha fracasado durante décadas, sino que está agravando la crisis que padecen los cubanos. 

En una carta fechada este 2 de abril, los 52 legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado ―encabezados por Gregory W. Meeks y Tim Kaine―, afirman: “Le escribimos con gran urgencia para expresar nuestra alarma por la grave crisis humanitaria en Cuba, una crisis que su administración está empeorando activamente mediante la expansión de una política que ha fracasado durante más de seis décadas”. 

Luego continúa asegurando que, “durante 64 años, Estados Unidos ha confiado en la premisa equivocada de que la máxima presión produciría un cambio político en la Isla” y dice que “no ha sido así”. 

“Redoblar estrategias fallidas restringiendo el acceso a la energía y la atención médica es contrario a los valores estadounidenses y está exacerbando innecesariamente una crisis humanitaria”, sostienen los firmantes.

La misiva describe un cuadro de deterioro acelerado en la Isla y carga directamente contra la política de Washington. “Las condiciones en Cuba se están deteriorando rápidamente. Los apagones generalizados, la escasez de bienes básicos y el colapso de la infraestructura crítica están ejerciendo una presión extraordinaria sobre los cubanos de a pie. Los más vulnerables —los niños, los ancianos y las personas con enfermedades crónicas— están soportando la carga más pesada. Como los hospitales no pueden mantenerse en funcionamiento por la escasez de combustible, a los pacientes se les está negando tratamiento, y habrá personas que morirán si usted no cambia de rumbo de inmediato”, advirtieron los firmantes.

Los legisladores también rechazaron explícitamente cualquier salida militar. En la carta recordaron recientes declaraciones de Trump sobre Cuba y le respondieron que la política de Estados Unidos debería facilitar el acceso de los cubanos “a alimentos, medicinas y energía, no cortarlo”. Remataron con una frase que resume el tono del documento: “Estados Unidos no puede sacar a Cuba del colapso económico y la represión política con bombardeos”. En el cierre, instaron a la Casa Blanca a “priorizar la diplomacia por encima de tácticas de presión fallidas”.

Apenas una semana antes, el pasado 26 de marzo, Meeks y la congresista Pramila Jayapal anunciaron la presentación del Prevent an Unconstitutional War in Cuba Act (Ley para prevenir una guerra inconstitucional en Cuba), un proyecto para impedir que Trump use fondos federales para emplear la fuerza militar “en o contra la República de Cuba” sin autorización del Congreso.

Frente a ese reclamo, la Casa Blanca no ha dado señales de un cambio real de rumbo. El 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que declaró que la situación con respecto a Cuba constituía una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y proclamó una emergencia nacional. 

Antes, el 30 de junio de 2025, la Casa Blanca ya había reforzado formalmente la política de Washington hacia la Isla, incluida la prohibición de transacciones directas o indirectas con entidades controladas por los militares cubanos y el endurecimiento de la aplicación de restricciones de viaje.

De hecho, la propia Casa Blanca insistió esta semana en que no había modificado su política de sanciones, pese a haber permitido la llegada a Cuba de un petrolero ruso sancionado. En la conferencia de prensa del 30 de marzo, la vocera presidencial Karoline Leavitt dijo ante los periodistas: “Esto no es un cambio de política. No ha habido un cambio formal en la política de sanciones”. 

Luego añadió: “Permitimos que este barco llegara a Cuba para atender las necesidades humanitarias del pueblo cubano”. Además, Leavitt sostuvo que Estados Unidos todavía se reserva el derecho de incautar embarcaciones que se dirijan a Cuba y violen la política de sanciones estadounidense.