EE.UU. permitirá petróleo venezolano a privados cubanos, bajo revisión

MIAMI, Estados Unidos. – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), anunció este miércoles que aprobará determinadas solicitudes para la venta de petróleo de origen venezolano a Cuba, siempre que las transacciones respalden al “pueblo cubano” y no involucren ni beneficien a personas o entidades vinculadas al ejército, los servicios de inteligencia u otras instituciones gubernamentales de la Isla.

La posición oficial quedó recogida en la Pregunta Frecuente 1.238, publicada en la sección de sanciones a Venezuela del sitio web de la OFAC, y también fue anunciada en un boletín institucional del Departamento del Tesoro.

“¿Aprobaría OFAC la reventa de petróleo de origen venezolano a Cuba?”, es la pregunta que responde la entidad. En su respuesta, sostiene: “De conformidad con el apoyo y la solidaridad de Estados Unidos al pueblo cubano, la OFAC implementaría una política favorable de licenciamiento respecto a solicitudes específicas de licencia que busquen autorización para la reventa de petróleo de origen venezolano para su uso en Cuba”.

El texto precisa que, para acogerse a ese criterio favorable, “las transacciones solicitadas tendrían que ser coherentes con los términos y condiciones de la Licencia General de Venezuela (GL) 46A”, aunque aclara que “los solicitantes no necesariamente deben tener una entidad establecida en Estados Unidos y las limitaciones en la GL 46A con respecto a Cuba no aplicarían”.

La OFAC define además el alcance de esa política, de la cual indica que “está dirigida a transacciones que apoyen al pueblo cubano, incluido el sector privado cubano (por ejemplo, exportaciones para uso comercial y humanitario en Cuba)”.

Al mismo tiempo, delimita qué operaciones quedarían excluidas. Según el texto oficial, no estarían cubiertas las transacciones que involucren o beneficien a “cualquier persona o entidad asociada con el ejército cubano, los servicios de inteligencia u otras instituciones gubernamentales, incluidas entidades listadas en la Lista Restringida de Cuba del Departamento de Estado de EE.UU.”.

El documento también aclara el papel del Departamento de Comercio en este tipo de operaciones. “Como recordatorio, el Departamento de Comercio de EE.UU. regula principalmente la exportación o reexportación de petróleo de origen estadounidense a Cuba, así como todos los demás artículos sujetos a las Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR)”.

Asimismo, señala que las Regulaciones de Control de Activos Cubanos “generalmente autorizan a personas estadounidenses a participar en transacciones ordinariamente incidentales a la exportación de petróleo desde Estados Unidos a Cuba, o la reexportación de petróleo de origen estadounidense desde un tercer país a Cuba, cuando esa exportación o reexportación ha sido autorizada por el Departamento de Comercio”.

En relación con salvedades específicas, la OFAC menciona la Excepción de Licencia Apoyo al Pueblo Cubano (SCP) y explica que esta “autoriza exportaciones y reexportaciones de gas y otros productos petroleros para mejorar las condiciones de vida y apoyar la actividad económica independiente”.

El texto concluye: “En otras palabras, las exportaciones de petróleo de origen estadounidense, así como otros productos de gas y petróleo cubiertos por la Excepción de Licencia SCP, no requieren autorizaciones separadas de la OFAC”. 

Con esta aclaración, la Administración estadounidense establece el marco bajo el cual evaluará solicitudes vinculadas a la reventa de crudo venezolano hacia la Isla, condicionando cualquier autorización a que las operaciones respalden al sector privado y a la población cubana, y excluyan a estructuras asociadas al aparato estatal y de seguridad del régimen.

Un reportaje de CubaNet, publicado esta semana, expone en detalle cómo ha sido el proceso de autorización para que las mipymes puedan importar combustible en Cuba, un mecanismo presentado oficialmente como una apertura al sector privado para aliviar la crisis energética. La investigación reconstruye los pasos administrativos, los contratos firmados y las entidades involucradas, y muestra que el acceso a este negocio estratégico está lejos de ser transparente o equitativo.

El trabajo revela que muchas de las mipymes autorizadas no son realmente independientes, sino que están vinculadas al Estado a través de ministerios, del conglomerado militar GAESA, o incluso de miembros de la familia Castro, aunque en la práctica se presenten como empresas privadas. Este esquema permite al poder mantener el control del combustible —un recurso clave— mientras se simula una descentralización económica que, en los hechos, reproduce viejos monopolios bajo nuevas formas.