MIAMI, Estados Unidos ― El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart presentó ante el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de EE.UU. el proyecto de ley de asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados del año fiscal 2027, una iniciativa que mantiene el apoyo a una “transición democrática” en Cuba, Venezuela y Nicaragua, y preserva restricciones para impedir que fondos estadounidenses beneficien al aparato militar y de seguridad del régimen cubano.
La propuesta asigna 47.320 millones de dólares en fondos discrecionales, 2.690 millones menos que el nivel aprobado para el año fiscal 2026, una reducción del 6%, según el resumen oficial divulgado por el Comité de Apropiaciones de la Cámara. El texto enmarca el recorte dentro de la agenda “America First” (Estados Unidos primero) y afirma que, pese a la disminución global, mantiene financiamiento para aliados como Israel, Jordania, Egipto y Taiwán, mientras busca contrarrestar a los regímenes de China, Irán y Cuba y a los carteles de la droga.
Díaz-Balart, vicepresidente del Comité de Apropiaciones y presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados, defendió el proyecto como parte de una política de reducción del gasto sin debilitar prioridades de seguridad nacional.
“El proyecto de ley que tenemos hoy ante nosotros es el próximo paso en nuestros esfuerzos históricos por fortalecer nuestra seguridad nacional mientras reducimos el gasto”, dijo durante la sesión. También afirmó que la mayoría republicana ha logrado “casi 12.000 millones de dólares en recortes responsables” desde 2023 y que la iniciativa de 2027 suma otros 2.700 millones por debajo del nivel vigente.
En su intervención, el legislador cubanoamericano resumió el enfoque político de la propuesta con una frase dirigida tanto a aliados como a adversarios de Washington: “Si eres amigo o aliado de Estados Unidos, este proyecto de ley te apoya. Si eres un adversario o te estás acercando demasiado a nuestros adversarios, entonces no te gustará este proyecto de ley”.
Para Cuba, el proyecto mantiene varias líneas de financiamiento y restricciones específicas. El informe del Comité ordena destinar 35 millones de dólares a programas para promover la democracia y los derechos humanos en la Isla, de los cuales no menos de siete millones deben ir a la National Endowment for Democracy (NED). También establece que esos fondos solo podrán usarse para programas de construcción democrática y no para promoción empresarial, reformas económicas, emprendimientos u otro tipo de asistencia que no esté vinculada a ese objetivo.
La propuesta también prevé 35 millones de dólares para la Oficina de Transmisiones a Cuba, conocida como OCB, dentro de la cuenta de Actividades de Comunicaciones Internacionales. El texto del proyecto indica que esos fondos deben cubrir actividades de radio, internet, televisión y otras comunicaciones internacionales dirigidas a Cuba, y exige que las transmisiones por onda media y onda corta se mantengan al menos al nivel del año fiscal 2024 y puedan llegar diariamente a todas las provincias cubanas.
El informe del Comité sostiene que la OCB sigue siendo “una fuente crítica y necesaria de información independiente y externa para la población cubana” y que contrarresta “la propaganda y la opresión del régimen cubano”. Además, pide al secretario de Estado identificar oportunidades para apoyar subvenciones destinadas a métodos innovadores para llegar a audiencias dentro de Cuba.
El proyecto endurece además las limitaciones contra instituciones vinculadas al poder militar cubano. El texto prohíbe que fondos aprobados por esta ley o por leyes anteriores de asignaciones para seguridad nacional, Departamento de Estado y programas relacionados se entreguen a cualquier persona o entidad que realice transacciones financieras, transfiera fondos o proporcione apoyo material al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, al Ministerio del Interior o a cualquiera de sus subdivisiones, agencias o instrumentos. También bloquea fondos para entidades que respalden, faciliten o beneficien sus operaciones, ingresos o actividades comerciales internacionales.
La iniciativa mantiene igualmente prohibiciones para impedir el uso de fondos con el fin de retirar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo o disminuir la Lista Restringida de Cuba del Departamento de Estado. Esa restricción incluye transacciones con entidades de la lista, personas o instituciones dentro del aparato militar o de inteligencia cubano, altos miembros del Partido Comunista, entidades autorizadas por el Gobierno cubano y familiares inmediatos de esas personas o entidades.
El texto establece excepciones para la venta de productos agrícolas, medicinas y dispositivos médicos a Cuba; pagos relacionados con la base militar estadounidense en Guantánamo; asistencia para programas de sociedad civil y construcción democrática; operaciones de la misión diplomática o la embajada de EE.UU. en La Habana; y envío, procesamiento o recepción de remesas autorizadas. Las limitaciones dejarían de aplicarse si el presidente certifica ante el Congreso, conforme a la Ley Libertad (Helms-Burton), que en Cuba está en el poder un gobierno elegido democráticamente.
El informe legislativo dedica además un apartado a los presos políticos cubanos. El Comité expresa preocupación por las condiciones de cientos de presos políticos que, afirma, permanecen detenidos de forma arbitraria por el régimen cubano, incluidos artistas y activistas encarcelados antes, durante y después de las protestas del 11 de julio de 2021. El documento menciona expresamente a Maykel “Osorbo” Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, y ordena que haya fondos disponibles para apoyar a presos políticos y sus familias.
Otra sección apunta a las misiones médicas internacionales de Cuba. El proyecto exige al secretario de Estado presentar, en un plazo de 90 días desde la promulgación de la ley, un informe sobre países y organizaciones internacionales que, según información creíble, paguen directamente al Gobierno cubano por trabajo “coaccionado y objeto de trata” de profesionales médicos cubanos. También prevé restricciones de asistencia para gobiernos u organizaciones que aparezcan durante dos años consecutivos en ese reporte.
En el plano regional, Díaz-Balart afirmó que el proyecto “continúa un fuerte apoyo a una transición democrática hacia la libertad para el pueblo de Cuba, Venezuela y Nicaragua”. El texto legislativo también reserva 50 millones de dólares para programas democráticos en Venezuela y prohíbe usar fondos para negociar, permitir o facilitar el levantamiento de sanciones a ese país a menos que el secretario de Estado certifique ante los comités del Congreso que se han celebrado elecciones libres y justas.
El proyecto fue divulgado por el Comité de Apropiaciones el pasado 22 de abril y aprobado por el subcomité correspondiente un día después. La sesión del comité pleno para considerar la medida estaba fijada para el 28 de abril, según la página oficial del Comité.
