MIAMI, Estados Unidos ― La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el “uso continuado de la tortura y otros malos tratos” contra personas detenidas arbitrariamente por razones políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y pidió a los tres regímenes poner fin a esas prácticas y liberar de forma inmediata e incondicional a los presos políticos bajo su jurisdicción.
En un comunicado publicado este viernes, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la CIDH advirtió que las personas encarceladas por motivos políticos en los tres países siguen expuestas a graves riesgos. Según los datos más recientes de la sociedad civil citados por la Comisión, se registran 1.281 personas presas políticas en Cuba, 46 en Nicaragua y 554 en Venezuela.
La Comisión reiteró sus preocupaciones por el “uso indebido del derecho penal” para encarcelar a personas con discrepancias político-ideológicas frente a los gobiernos de turno, a quienes ejercen libertades de expresión, reunión y asociación, o a quienes defienden derechos humanos en los tres países.
La CIDH afirmó que la mayoría de esas personas han sido víctimas de actos de violencia, tortura física y psicológica, y malos tratos, cometidos principalmente por agentes públicos como mecanismos para obtener información, castigar o humillar. También subrayó que esas prácticas afectan de forma diferenciada a las mujeres.
En el caso de Cuba, la Comisión citó a la ONG Prisoners Defenders sobre “reiteradas torturas y malos tratos contra personas presas políticas”. Según el organismo interamericano, esas prácticas incluyen actos de violencia sexual, agresiones físicas, aislamiento, tortura psicológica y amenazas de muerte, en un contexto marcado por ausencia de investigaciones independientes e impunidad.
Respecto a Nicaragua, la CIDH señaló que el Observatorio Nicaragüense contra la Tortura registró más de 40 formas de tortura perpetradas contra personas detenidas por razones políticas desde la crisis de abril de 2018. Entre ellas mencionó violencia sexual, golpizas, asfixias, choques eléctricos, quemaduras, aislamiento prolongado y tortura psicológica.
El comunicado agrega que el observatorio identificó a 170 presuntos perpetradores, entre ellos autoridades estatales, policiales y penitenciarias.
Sobre Venezuela, la Comisión dijo haber recibido constantes informes de tortura y malos tratos contra personas presas políticas, especialmente durante los primeros meses de detención. Entre las prácticas mencionadas incluyó el suministro de sustancias desconocidas que afectan la movilidad.
La CIDH expresó además su preocupación por el funcionamiento del Helicoide, en Caracas, al señalar que “sigue funcionando como un lugar clave de tortura en la región, colocando en riesgo continuo a decenas de detenidos”.
El organismo añadió que el informe más reciente de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela reportó torturas, malos tratos, violencia sexual y de género dentro de instalaciones de la Guardia Nacional Bolivariana.
La Comisión precisó que no puede conocer el número total de víctimas, en parte porque muchos casos no se denuncian por temor a represalias. También señaló que las familias que denuncian violaciones sufridas por sus allegados son víctimas de acoso y persecución por parte de agentes estatales.
De acuerdo con la CIDH, esas familias también sufren malos tratos durante las visitas a los centros de detención y en los prolongados plantones a las afueras de las prisiones para exigir la liberación de sus familiares.
El organismo alertó además sobre las condiciones de detención de presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, agravadas por los motivos que originaron sus encarcelamientos. La Comisión mencionó falta de información oficial sobre la situación y lugar de aislamiento, carencias de agua potable, alimentación adecuada y atención médica de calidad, así como condiciones insalubres, uso de espacios de aislamiento como castigo y restricciones para recibir visitas o intercambiar correspondencia con familiares.
La CIDH recordó que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son una ofensa a la dignidad humana y están absolutamente prohibidos por instrumentos regionales e internacionales. También sostuvo que los Estados no pueden invocar circunstancias excepcionales para evadir sus obligaciones de respeto y garantía de trato humano hacia las personas encarceladas.
Según la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, recordó la Comisión, los Estados deben prevenir e investigar de oficio esos actos, juzgar y sancionar a los responsables, reparar integralmente a las víctimas y sus familias, y adoptar medidas para garantizar la no repetición.
“La Comisión urge a Cuba, Nicaragua y Venezuela a poner fin a la tortura contra las personas presas políticas, y liberar, de manera inmediata e incondicional, a todas las personas detenidas por razones políticas bajo su jurisdicción”, concluyó la CIDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con mandato de promoción y observancia de los derechos humanos en la región.
