MADRID, España.- La situación de los adultos mayores en Cuba fue abordada este miércoles durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada en Washington como parte de su 196 período de sesiones.
Durante la audiencia, el director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Yaxys Cires, expuso el agravamiento de la crisis económica y social de la Isla y su impacto desproporcionado sobre la población de mayor edad.
“Estamos hablando de una crisis generalizada, es decir, que abarca a toda la población cubana, pero hemos dicho aquí que, si hay que ponerle un rostro a esa crisis, es la de un adulto mayor”, declaró Cires a Martí Noticias al concluir el debate.
El activista señaló que problemas como el deterioro de las viviendas, la escasez de alimentos y la falta de medicamentos adquieren una dimensión más grave entre los ancianos.
“Es una población que se va apagando lentamente y esto es precisamente lo que hemos denunciado hoy aquí”, afirmó.
Cires atribuyó la situación a la ineficiencia del sistema económico cubano, pero también a lo que calificó como decisiones políticas erróneas y prioridades gubernamentales equivocadas.
Como ejemplo, recordó que durante la pandemia de la COVID-19 el Gobierno continuó destinando recursos a la construcción de hoteles de lujo, mientras no se levantaron nuevos hospitales para atender las necesidades de la población.
También sostuvo que “en los últimos años se recibió combustible subsidiado de Venezuela, se revendió en torno al 60%; sin embargo, no se dedicaron recursos para el sistema energético nacional, para atender a los más pobres, para atender a los adultos mayores”.
El representante del OCDH reclamó cambios que no se limiten al ámbito económico, sino que incluyan transformaciones políticas, sociales y en materia de políticas públicas.
Las mipymes ¿una solución suficiente?
Durante su intervención ante la CIDH, Cires se refirió además a la reciente autorización del Gobierno cubano para que micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes) gestionen casas de cuidado destinadas a adultos mayores.
El activista aseguró que el OCDH no se opone a la participación de emprendedores privados en ese sector y consideró positiva cualquier iniciativa que contribuya a aliviar la crisis. No obstante, advirtió que esa medida no puede presentarse como una solución integral.
“No es la lógica del mercado en exclusiva, y menos la del capitalismo de amigos, la que salvará a nuestros mayores ni a las personas con enfermedades crónicas, sino una respuesta integral al problema”, afirmó.
Según Cires, sería un error considerar que la crisis de los adultos mayores —o la crisis general del país— puede resolverse únicamente mediante medidas económicas o cambios en la gestión administrativa.
“Los cambios económicos deben ir acompañados de cambios políticos y de políticas públicas sociales, si es que realmente queremos estabilidad, prosperidad y derechos para todos”, concluyó.
Envejecimiento, pensiones insuficientes y creciente desprotección social
El deterioro de las condiciones de vida del grupo poblacional de adultos mayores resulta especialmente preocupante en un país donde las personas mayores de 60 años representan ya más de una cuarta parte de la población. Las proyecciones demográficas indican que, para 2030, cerca del 30% de los cubanos pertenecerá a ese segmento etario.
Sin embargo, la pensión mínima mensual, fijada en 4.000 pesos —unos ocho dólares según la tasa del mercado informal—, resulta insuficiente para cubrir necesidades básicas en un contexto de inflación persistente y encarecimiento sostenido de los alimentos. Ante esta realidad, numerosos jubilados continúan trabajando después de la edad de retiro, principalmente como custodios en centros estatales o negocios privados, aunque los ingresos adicionales tampoco suelen compensar el elevado costo de la vida.
La precariedad también se manifiesta en el aumento de ancianos que permanecen en calles, portales y espacios públicos, algunos sin vivienda, redes familiares de apoyo ni acceso adecuado a cuidados. A ello se suma el cierre de hogares de ancianos y casas de abuelos reportado durante los últimos años, lo que reduce aún más las alternativas de atención institucional.
Activistas y organizaciones independientes han advertido, además, sobre un posible incremento de los suicidios entre personas de la tercera edad, un fenómeno del que no existen estadísticas públicas suficientemente detalladas ni una cobertura sistemática en los medios oficiales.
