MIAMI, Estados Unidos — El Centro de Información Legal Cubalex documentó en los primeros días de junio una nueva ola de hostigamiento contra periodistas, escritores y comunicadores independientes en la Isla, que incluyó la apertura de un proceso penal y la imposición de reclusión domiciliaria al escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats, además de detenciones, citaciones y operativos de vigilancia contra varios reporteros en La Habana.
En un informe publicado este miércoles, la organización de asesoría legal y defensa de los derechos humanos señaló que los casos de Santiesteban y de las periodistas Camila Acosta, Anay Remón, Yoani Sánchez y Yania Suárez reflejan el empleo de mecanismos penales y policiales para intimidar, restringir los movimientos y limitar el ejercicio de la libertad de expresión y prensa.
Santiesteban fue instruido de cargos el 2 de junio y sometido a una medida cautelar de reclusión domiciliaria por la presunta realización de una operación de cambio de moneda extranjera fuera de los canales estatales.
El caso está relacionado con 200 dólares donados al Asilo Nacional Masónico Llansó por masones residentes principalmente en Miami. El dinero estaba destinado a cubrir necesidades de la institución benéfica, administrada por el Patronato del asilo.
Santiesteban explicó que no compró ni vendió las divisas, sino que sustituyó la cantidad en dólares por su equivalente en moneda nacional mediante el movimiento de recursos entre dos fondos pertenecientes a la propia institución. “Todavía no he hecho la declaración [ante la Policía], pero yo no cambié los dólares. Lo que hice fue sustituir dinero”, explicó a CubaNet el escritor.
Según su testimonio, una auditoría realizada a los libros contables no encontró faltantes. En la inspección participaron funcionarios del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) del Ministerio del Interior (MININT), representantes de Salud Pública y del Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia, entre otras entidades estatales.
“Nunca ha faltado un centavo. Nunca cometí el delito que ellos dicen”, declaró Santiesteban.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) indicó que la figura penal invocada por las autoridades contempla una sanción de dos a cinco años de privación de libertad, multa o ambas. La organización denunció que la instrucción de cargos continuó pese a que, de acuerdo con el relato del escritor, la auditoría no encontró dinero perdido o desviado.
Santiesteban aseguró que la Seguridad del Estado dirige el proceso desde Villa Marista y sostuvo que el objetivo principal sería José Ramón Viñas Alonso, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 y presidente del Patronato del Asilo Nacional Masónico Llansó.
El escritor vinculó el operativo con una carta pública enviada por Viñas Alonso a Miguel Díaz-Canel en julio de 2021, en la que el dirigente masónico rechazó la represión contra los participantes en las protestas antigubernamentales del 11J. “Aquí no hace falta cometer el delito, ellos lo fabrican. Y ahora pretenden volver a fabricar algo para encarcelarnos al soberano y a mí”, declaró.
Cubalex consideró que el proceso evidencia el uso de supuestos delitos comunes para encausar a personas críticas del Gobierno y presentar como procedimientos ordinarios acciones que, de acuerdo con la organización, tienen una motivación represiva.
La vigilancia policial también alcanzó el lunes 8 de junio a la periodista de CubaNet Camila Acosta, quien divulgó imágenes de un agente situado en las inmediaciones de su vivienda en La Habana. “Hoy permanezco con vigilancia policial. Desconozco el motivo, pero tampoco es que el régimen lo necesite para violar nuestros derechos”, escribió Acosta en Facebook.
Ese mismo día, su colega Anay Remón García fue citada por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). La diligencia no llegó a efectuarse porque el oficial encargado no acudió. De acuerdo con la explicación transmitida a la periodista, el agente “tenía ponchada la motocicleta”.
La directora del diario independiente 14ymedio, Yoani Sánchez, denunció también la presencia de agentes en los bajos del edificio donde reside en La Habana. “Para colmo tengo un operativo policial para impedirme salir de casa”, publicó Sánchez.
Cubalex incluyó además la detención de la periodista independiente Yania Suárez, arrestada y liberada el 8 de junio. Suárez no había ofrecido detalles sobre el interrogatorio al momento de publicarse el informe, pero comunicó que las acusaciones formuladas en su contra serían trasladadas a la Fiscalía Provincial de La Habana.
El conflicto se remonta a las denuncias presentadas por la periodista contra la instalación de un grupo electrógeno en el garaje común del edificio donde vive junto a su madre. Suárez sostiene que el equipo fue colocado ilegalmente y que sus emisiones afectan la salud de ambas.
Una alerta anterior de Cubalex señaló que existían resoluciones de la Dirección Municipal de la Vivienda y tres multas impuestas por Salud Pública, pero que el generador continuaba funcionando. La organización denunció que, en lugar de garantizar el cumplimiento de esas disposiciones, las autoridades han detenido e instruido de cargos a Suárez por sus reclamaciones.
El informe recordó otros incidentes ocurridos durante mayo, entre ellos un acto de repudio contra el periodista Yeris Curbelo Aguilera frente a su vivienda en Caimanera, Guantánamo, el mismo día en que salió de prisión tras cumplir íntegramente una condena de dos años.
El ICLEP documentó que Curbelo, colaborador de CubaNet y de la agencia Palenque Visión, fue agredido físicamente junto a su esposa, Odalis Legrat. El comunicador había sido encarcelado después de cubrir las protestas ocurridas en Caimanera en mayo de 2023.
Cubalex registró asimismo cortes selectivos del servicio de internet contra reporteros independientes, principalmente durante el 1 y el 20 de mayo, fechas en las que las autoridades cubanas han desplegado operativos contra activistas, opositores y periodistas en años anteriores.
La organización afirmó que la vigilancia, las citaciones, las amenazas de procesamiento penal y las medidas cautelares desproporcionadas vulneran la libertad personal, la privacidad, la libre circulación y las garantías del debido proceso. A juicio de Cubalex, estos métodos forman parte de un patrón dirigido a generar “miedo, autocensura y aislamiento” entre quienes informan sobre la situación del país fuera del sistema de medios controlado por el Partido Comunista.
Cuba ocupa el puesto 160 entre los 180 países evaluados en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2026 y continúa como la nación peor calificada de América Latina, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF).
La organización internacional sostiene que el monopolio estatal de los medios convierte de facto en clandestino el periodismo ajeno a la prensa oficial y advierte que, desde 2021, el espacio abierto por los medios digitales independientes se ha reducido mientras se intensifican los arrestos, las amenazas, la vigilancia, los registros domiciliarios y la confiscación de equipos.
