MIAMI, Estados Unidos — La periodista de CubaNet Camila Acosta denunció este lunes que permanece bajo vigilancia policial, mientras su colega Anay Remón García fue citada por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) para una diligencia que no llegó a realizarse porque el oficial encargado no se presentó, según explicó la reportera a este medio.
“Hoy permanezco con vigilancia policial. Desconozco el motivo, pero tampoco es que el régimen lo necesite para violar nuestros derechos”, escribió Acosta en Facebook.
La denuncia se inscribe en un patrón de vigilancia policial, cercos alrededor de su vivienda y limitaciones de movimiento documentado durante los últimos meses por organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
García Remón, por su parte, informó a CubaNet que había sido citada por la PNR. El oficial responsable no acudió a la diligencia porque, de acuerdo con la explicación recibida por la periodista, se le había ponchado la motocicleta. La comparecencia prevista quedó sin efectuarse.
El nuevo operativo contra Acosta ocurre apenas un mes después de otro episodio similar. El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó que el 5 de mayo una patrulla de la PNR identificada con el número 275 permaneció en una esquina próxima a la vivienda de la reportera, acompañada por un oficial de la Seguridad del Estado.
De acuerdo con el observatorio, la vigilancia se mantuvo sin que Acosta recibiera una notificación oficial, conociera la existencia de una orden judicial o fuera informada de alguna justificación legal. El ICLEP clasificó aquel caso dentro de la categoría de “ataques, amenazas y agresiones psicológicas” contra la prensa independiente.
Días después, Acosta denunció que era la tercera vez en una semana que las autoridades desplegaban agentes cerca de su casa. En una de esas ocasiones afirmó que la vigilancia buscaba impedirle asistir a una misa en la Catedral de La Habana por el aniversario de la elección del papa León XIV.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) también documentó varios operativos contra la periodista durante marzo, en medio de protestas y expresiones de descontento vinculadas con la crisis energética y los prolongados apagones que afectaban al país.
El 9 de marzo, Acosta alertó sobre la presencia de agentes de la Seguridad del Estado en las inmediaciones de la Universidad de La Habana, donde, según denunció, le impidieron cubrir una concentración de estudiantes que exigían la reanudación de las clases suspendidas por los cortes de electricidad. La reportera comunicó nuevos operativos frente a su vivienda los días 10 y 15 de marzo.
RSF consideró que la vigilancia policial y las restricciones arbitrarias de movimiento empleadas para impedir que los periodistas abandonen sus casas funcionan como una forma de censura previa, debido a que obstaculizan la cobertura de acontecimientos de interés público.
La citación de este lunes tampoco constituye el primer episodio de presión contra García Remón. El ICLEP documentó en abril de 2022 un interrogatorio en una unidad policial de La Habana durante el cual dos agentes amenazaron a la periodista con enviarla a prisión por colaborar con CubaNet.
En abril de 2025, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) incluyó tanto a García Remón como a Acosta entre los periodistas cubanos sometidos a prohibiciones de salida del país. La organización ha identificado las detenciones arbitrarias, las citaciones policiales, la vigilancia frente a las viviendas y los arrestos domiciliarios de facto entre los métodos utilizados por las autoridades para intimidar y desgastar a los reporteros independientes.
Acosta también fue detenida el 12 de julio de 2021, un día después de cubrir las protestas antigubernamentales del 11J para CubaNet y el periódico español ABC. La PNR la mantuvo cuatro días encarcelada y posteriormente la sometió a reclusión domiciliaria mientras era investigada por su trabajo durante las manifestaciones, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas.
Cuba ocupa el puesto 160 entre los 180 países evaluados en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de 2026 y continúa como la nación peor calificada de América Latina, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras. La organización sostiene que la represión ha reducido progresivamente el espacio ganado por los medios digitales independientes y ha convertido el ejercicio del periodismo ajeno al control estatal en una actividad de alto riesgo.
