LIMA, Perú – El Departamento de Estado en Estados Unidos condenó este fin de semana la represión en la Isla contra la prensa independiente, particularmente contra los comunicadores hostigados por realizar periodismo libre.
“Rechazamos los continuos ataques del régimen cubano contra periodistas independientes”, publicó en X (antes Twitter) la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, encargada de conducir la política exterior de Washington en esa región.
Según el texto oficial, la dictadura castrista solo busca desviar la atención de su incompetencia, su mala gestión económica, el fracaso de sus políticas comunistas, la corrupción y la represión.
La postura del Departamento de Estado resalta en medio de un contexto de crisis en la Isla, agudizado por las afectaciones del huracán Melissa en el Oriente cubano, y en el que el régimen continúa silenciando voces independientes no solo del ámbito estrictamente periodístico, sino también de a la ciudadanía que publica información u opiniones en redes sociales.
“A diferencia del régimen, Estados Unidos apoya al pueblo cubano y su derecho a la información sin censura”, subraya la publicación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.
La denuncia del Gobierno estadounidense trasciende también apenas un mes después de la publicación del capítulo Cuba del informe Periodismo, violencia y persecución, un texto sobre la libertad de prensa en América Latina en 2024, elaborado por la red Voces del Sur.
Según expuso el análisis, Cuba registró en 2024 un total de 232 alertas de violencia contra la prensa, una caída del 53,2% respecto a 2023 que no indica una mejora del entorno informativo, sino el resultado del éxodo forzado de periodistas, el miedo y la autocensura dentro del país.
Periodismo independiente: represión en base al silenciamiento
Los datos que corresponden a la Isla fueron recabados y analizados por el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
El 99% de las agresiones fue perpetrado por actores estatales; dentro de ellos, la Seguridad del Estado concentró el 63,2% y la empresa de telecomunicaciones ETECSA el 28,4%.
El informe sitúa la reducción de alertas en un contexto de colapso estructural del periodismo independiente. “La represión se ha transformado en una estrategia estructural de silenciamiento”, indica. Quienes permanecen en la Isla “conviven con el miedo y la autocensura”, mientras que entre quienes emigraron “muy pocos pueden sostener su labor desde el exilio”, agrega.
La persecución penal y policial siguió siendo un método central de control. El ICLEP documentó 67 detenciones arbitrarias a lo largo de 2024, con casos acompañados de amenazas y agresiones físicas; también registró dos episodios de tortura y ocho procesos judiciales, una categoría ausente el año anterior.
Al cierre del periodo, al menos tres periodistas continuaban presos sin garantías procesales: Carlos Michel Morales Rodríguez, Yeris Curvelo Aguilera y José Gabriel Berrenechea Chávez. “Estas prácticas vulneran no solo el derecho a la libertad de expresión, sino también el debido proceso y la integridad física y psicológica de las víctimas”.
El componente digital del silenciamiento adquirió un peso decisivo. En 2024 se documentaron 63 restricciones en internet (el 90% de ellas fue ejecutado por ETECSA), con bloqueos a sitios y medios independientes, cortes selectivos del servicio —incluidos cortes a periodistas durante entrevistas internacionales—, ciberataques y ciberacoso.
“Estas restricciones no son aleatorias. Estas acciones muestran que el control tecnológico no es casual, sino planificado, intensificado en fechas sensibles como el 11 de julio, con el fin de impedir la cobertura de protestas y preservar la hegemonía narrativa del Estado”, indica el informe.
El texto enfatiza que el aparato estatal actúa en tres frentes complementarios: seguridad, telecomunicaciones y justicia. La Seguridad del Estado operó como “principal brazo represivo” mediante citaciones, amenazas, detenciones y actos de intimidación; ETECSA “se consolidó como pilar en el control digital y en el aislamiento informativo”; y los tribunales, “al servicio del poder ejecutivo”, aplicaron sanciones y negaron derechos procesales, convirtiendo el sistema judicial en herramienta de represión.
En materia de violencia diferenciada, el ICLEP no reportó alertas basadas en sexo u orientación sexual durante 2024; no obstante, advierte que la ausencia de registros no implica inexistencia de riesgos, sino carencias de visibilización y documentación específica para poblaciones históricamente marginadas.
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