LA HABANA, Cuba. – La ciudadana Ana Belquis Márquez Rodríguez fue víctima de un registro y el decomiso de su teléfono móvil por parte de las autoridades del centro penitenciario pinareño Combinado de Sandino, según ella misma denunció en conversación telefónica con CubaNet este 11 de noviembre.
Márquez Rodríguez es madre del recluso José Manuel Olivera Márquez, quien se encuentra encarcelado en ese penal desde el 9 de julio de 2022, condenado a ocho años de cárcel por su supuesta complicidad en un delito de robo con fuerza.
La mujer relató que el pasado 4 de noviembre se presentó en la instalación carcelaria para la visita de su hijo. Según mencionó, los víveres que le llevaba al joven le costaron todo el dinero que tenía disponible.
También explicó que las autoridades del penal tienen una regla arbitraria que obliga a los familiares de los prisioneros a dejar los teléfonos móviles en unas casas frente a la prisión, donde les cobran 50 o 60 pesos en moneda nacional por el “servicio”. Sin embargo, Márquez Rodríguez no llevaba encima más dinero que el del transporte de regreso, por lo tanto, como ha hecho en ocasiones anteriores, dejó el móvil apagado dentro de su cartera antes de entregarla en el guardabolsos al cuidado de los militares (es decir, que no había posibilidad de introducirlo al área donde se efectúa la visita, que es lo que a los uniformados les interesa impedir).
Sin embargo, la militar encargada de recibir los bolsos y carteras le registró la suya ―algo que, según puntualizó, nunca antes habían hecho―, y al descubrir el teléfono móvil, a pesar de sus súplicas, llamó inmediatamente al director de la prisión, el teniente coronel Euclides Reloba Baños.
Como castigo por no haber guardado el móvil en la casa de enfrente, el uniformado se apropió del equipo y además le suspendió el derecho de visitar a su hijo durante seis meses, empezando ese mismo día. Tampoco permitió la entrega de los alimentos, por lo que la mujer tuvo que regresar a su casa con ellos.
La madre del recluso denunció que ante sus protestas, el director del penal le espetó que ya ese teléfono “estaba perdido”, y que no fuera a reclamarlo “ni a la Delegación [del Ministerio del Interior], ni al Sector de Pinar del Río” (ubicado frente a la Prisión Provincial Kilo 5 ½), porque “no tenía derecho”.
Márquez Rodríguez, quien es maestra de profesión, destacó que además del obvio perjuicio económico y la previsible incomunicación, la medida la afecta doblemente, pues el móvil ilegalmente decomisado es su herramienta de trabajo y en él se encuentra todo el material que necesita para dar clases.
La mujer, de 56 años de edad, reside en el poblado Santa Damiana, en el municipio pinareño San Juan y Martínez.
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