SANTIAGO DE CUBA.- Durante décadas, la bodega fue mucho más que un pequeño establecimiento de barrio. Para millones de cubanos representó el lugar donde se recibían los alimentos distribuidos mediante la libreta de abastecimiento y una de las expresiones más visibles del sistema estatal de comercio minorista. Ahora, casi seis décadas después de que el Estado concentrara en sus manos buena parte de los pequeños negocios privados, algunas de esas bodegas comienzan a transitar en sentido contrario: los inmuebles continúan siendo estatales, pero su administración y operación comercial pasan a manos de actores no estatales.
El cambio empezó a hacerse visible este 28 de septiembre en Songo La Maya, Santiago de Cuba, donde varias de las bodegas arrendadas ya funcionan bajo el nuevo esquema. No se trata de una privatización de los locales, sino de una transferencia de su gestión. Mipymes, cooperativas, trabajadores por cuenta propia y otros actores económicos pueden asumir la administración de determinados establecimientos mediante licitación, mientras el Estado conserva la propiedad de los inmuebles. La modalidad quedó regulada por la Resolución 16/2026 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), publicada en agosto.
La medida llega en medio de una crisis prolongada de abastecimiento, con una red estatal de comercio que durante años ha tenido dificultades para mantener una oferta estable. Los llamados Mercados de Barrio pretenden transformar parte de las bodegas, mercados y carnicerías con bajos niveles de actividad y ponerlas nuevamente en funcionamiento mediante una gestión diferente.
Según declaraciones de Marpessa Portal de Villiers, directora general de Ventas de Mercancías del Mincin, ya funcionan establecimientos bajo esta modalidad en varias provincias. La cifra, sin embargo, no es uniforme: la funcionaria habló de 30 locales, mientras una publicación de Granma reportó 24. La Habana, Camagüey y Guantánamo concentran buena parte de los establecimientos.
El cambio tiene además una dimensión histórica difícil de ignorar. En 1968, durante la llamada Ofensiva Revolucionaria, el Gobierno cubano terminó de absorber buena parte del pequeño comercio privado que todavía existía en la Isla. Las bodegas y otros negocios de barrio quedaron integrados a la red estatal. Casi 60 años después, el Estado vuelve a recurrir a comerciantes privados para hacer funcionar parte de esa infraestructura, aunque esta vez sin ceder la propiedad de los establecimientos.
La diferencia fundamental está en quién asume ahora los costos. Los nuevos gestores deberán encargarse de la operación diaria, adquirir las mercancías y realizar las inversiones necesarias para acondicionar los locales. Para atraer interesados, las autoridades han establecido incentivos fiscales y beneficios vinculados al arrendamiento. En determinadas convocatorias, los administradores pueden quedar exentos de ese pago durante los primeros dos años, con posibilidades de extender el beneficio cuando se realizan inversiones en el establecimiento.
La apuesta oficial es que esa combinación de capital privado y facilidades fiscales permita recuperar establecimientos deteriorados, ampliar la oferta y reducir los precios para los consumidores. Ahí comienza la principal incógnita.
Una bodega que ya no funciona como antes
En Songo La Maya, hasta el momento han sido arrendadas 16 bodegas, según una trabajadora consultada, bajo condición de anonimato, para este reportaje. Algunas comenzaron este lunes 28 de septiembre su nueva etapa, mientras se espera que el proceso alcance a buena parte de la red. Quedarían excepciones para establecimientos destinados a determinados productos normados, atención a personas vulnerables, venta de cigarros o donaciones.
La misma fuente, quien administra una de las pocas bodegas que permanecerán bajo el esquema tradicional en el municipio, explicó a CubaNet que el cambio, en realidad, llevaba tiempo gestándose de manera informal. Desde hace meses en estos sitios se habían comenzado a vender productos adquiridos a particulares, colocados en los mismos mostradores donde aparecía —cada vez con menor frecuencia— la mercancía correspondiente a la canasta básica.
“Se venía implementando a medias”, dice. Según su relato, los productos de particulares llegaron a convertirse prácticamente en la principal oferta de algunas bodegas, mientras los artículos normados aparecían solo cuando había disponibilidad.
La diferencia ahora es que aquella convivencia entre la bodega estatal y las mercancías privadas adquiere una estructura institucional. El particular deja de ser únicamente un proveedor ocasional y puede convertirse en el responsable de administrar todo el establecimiento.
Los nuevos Mercados de Barrio deberán priorizar alimentos y productos de aseo. La relación divulgada por las autoridades incluye arroz, azúcar, granos, café, aceite, leche en polvo, pollo, huevos, harina de trigo y otros alimentos, además de jabón, detergente, desodorante, crema dental y artículos similares.
También está la promesa de precios más bajos. Pero incluso aquí existe una diferencia entre las cifras divulgadas públicamente. Mientras Marpessa Portal de Villiers habló de reducciones de entre 15 % y 30 % respecto a otros establecimientos, informaciones oficiales y reportes posteriores sitúan la rebaja entre 10 % y 15 %.
Más allá del porcentaje definitivo, el desafío parece estar en cómo conseguir que un comerciante que debe comprar, transportar y almacenar mercancías pueda venderlas más baratas y, al mismo tiempo, cubrir sus propios gastos. En Songo La Maya, esa pregunta ya tiene una respuesta parcial: invertir primero, recuperar después.
Según la administradora consultada, los arrendatarios deben documentar el estado de los locales antes y después de las reparaciones y conservar los comprobantes de los gastos realizados. La exención del arrendamiento está vinculada, en parte, a las inversiones que deberán realizar para recuperar centros que en muchos casos llevan años deteriorados.
Para algunos emprendedores la posibilidad de administrar una bodega estatal no compensa necesariamente el riesgo de poner capital propio en un negocio cuyas condiciones de funcionamiento todavía no están claras.
“Muchos particulares no quieren arrendar porque eso es un arma de doble filo. Tienes que invertir y luego acogerte a lo que dicen, aunque pierdas tu dinero”, cuenta Yasmany Formeza, residente en Songo La Maya, quien inicialmente estuvo interesado en participar en una de las licitaciones.
Miguel, otro cuentapropista consultado, enumera los gastos que tendría que asumir un gestor: reparar el local, garantizar los salarios iniciales, conseguir transporte para las mercancías y enfrentarse a las inspecciones.
“Uno tiene que garantizar la estética, cuando la mayoría de esos lugares están viejos y destartalados. Luego garantizar el salario a las dependientes por lo menos dos meses, buscar el transporte para la mercancía y lo más lindo, luchar con los inspectores que o te ponen multas o tienes que sobornarlos. Ya sé cómo funciona y no me meto ahí”, afirma.
Existe una dificultad todavía más básica: abastecer el establecimiento
De momento, según la administradora consultada, Songo La Maya no cuenta con un mercado mayorista funcionando específicamente para suministrar a los nuevos gestores. Eso significa que, mientras esa infraestructura no esté disponible, deberán conseguir las mercancías en condiciones similares a las de otros comerciantes privados.
La situación resulta especialmente problemática si, al mismo tiempo, deben vender por debajo de los precios del resto del mercado.
El Mincin también ha anunciado los llamados Mercados de Abasto, concebidos para reorganizar el comercio mayorista y facilitar que personas naturales y jurídicas accedan directamente a mercancías. Pero el hecho de que ese circuito todavía no funcione plenamente en el municipio deja una pregunta abierta sobre la viabilidad práctica del nuevo modelo. Porque cambiar quién administra una bodega no resuelve por sí solo el problema de conseguir los productos que deben venderse dentro de ella.
Otra incertidumbre está detrás del mostrador
Los trabajadores que ya laboraban en los establecimientos tienen prioridad para ser contratados por los nuevos gestores. En Songo La Maya, sin embargo, esa garantía tiene un límite: según la información proporcionada por la administradora consultada, los empleados deberán ser mantenidos inicialmente durante dos meses, después de los cuales el nuevo encargado podrá decidir si continúa con ellos. Pero para algunos trabajadores, la transición llega después de meses sin cobrar.
“De momento nosotros no cobramos hace seis meses. Supongo que en la transición eso se quede perdido, porque el nuevo dueño no se va a hacer cargo de esa deuda. Y después de que pasen los dos meses, para la casa sin dinero y sin empleo”, lamenta Jackeline, dependienta de una de las bodegas arrendadas en La Maya.
La administradora entrevistada confirma que los empleados llevan entre dos y seis meses sin recibir sus salarios. Durante ese tiempo, la propia falta de actividad comercial los ha obligado a buscar otras formas de obtener ingresos.
“Hacemos caldosa, chocolate y hasta vendemos leña para poder recibir algún dinero a fin de mes”, relata. “El resto del tiempo nos lo pasamos sin hacer nada, a no ser que llegue una leche o algo para los asistenciados”.
Ese detalle modifica la lectura de la reforma. Para un emprendedor, la transformación puede representar una oportunidad comercial, pero también una inversión de riesgo. Para el Estado, supone trasladar parte de las responsabilidades de operación y financiamiento de una red que lleva años funcionando con dificultades. Para los trabajadores, en cambio, significa entrar en una transición cuyo resultado puede ser la conservación del puesto o la pérdida definitiva de su sustento.
Pregunta para los consumidores: ¿qué habrá realmente en los estantes?
Los Mercados de Barrio forman parte de un conjunto más amplio de medidas con las que el Gobierno cubano intenta aumentar la participación de actores no estatales en actividades comerciales que durante décadas estuvieron concentradas en empresas públicas. El Estado conserva la propiedad de los establecimientos, pero busca que otros actores aporten capital, mercancías y capacidad de gestión.
La paradoja histórica es evidente: el mismo sistema que en 1968 terminó de desplazar al pequeño comercio privado necesita ahora que los emprendedores vuelvan a poner dinero y mercancías en establecimientos que continúan siendo estatales.
En Songo La Maya, donde el nuevo modelo empezó a hacerse realidad este 28 de septiembre, todavía están por verse sus resultados.
