CIDH advierte indicios de trabajo forzoso y posible trata en misiones médicas cubanas

MIAMI, Estados Unidos ― La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) publicaron este martes el informe Derechos laborales del personal sanitario en misiones médicas provenientes de Cuba, el cual concluye que, en algunas misiones promovidas por el Estado cubano, existirían vulneraciones a derechos laborales y de movilidad humana, así como elementos compatibles con trabajo forzoso y, en determinados casos, con trata de personas. 

Aunque la CIDH reconoce la relevancia del personal sanitario cubano en la prestación de servicios esenciales, el organismo sostuvo que la participación en estas misiones no siempre sería plenamente voluntaria y que, según la información recabada, en algunos casos habría mediado presión, miedo a represalias o coacción. En sus conclusiones, el informe afirma que en ciertos casos aparecen elementos como “la amenaza, la coacción y el engaño” con el objetivo de explotar laboralmente al personal de salud.

La CIDH documentó 71 testimonios: 61 de ellos corresponden a personal que participó en misiones en 10 países de América y el Caribe —Bahamas, Brasil, Bolivia, Dominica, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Santa Lucía y Venezuela— y el 83% de esos 61 casos está vinculado con Venezuela. Aun así, la Comisión señala que las personas entrevistadas participaron, en conjunto, en 109 misiones, lo que amplía el alcance territorial del análisis.

El informe describe un patrón de denuncias que incluye trato diferenciado respecto del personal local y de otros trabajadores extranjeros, contratos opacos, retención de parte del salario, jornadas extensas, guardias obligatorias no remuneradas, tareas políticas o docentes fuera del horario laboral y confiscación de documentos personales.

La CIDH afirma además que algunas de esas prácticas vulnerarían el derecho a una remuneración justa. En un pasaje especialmente duro, recoge que en la audiencia pública celebrada en 2024 se denunció la retención de entre 60% y 90% del salario, mientras que otros informes citados por la propia Comisión sostienen que algunos profesionales solo habrían recibido entre 2,5% y 25% de lo pagado por sus servicios.

En el terreno de la movilidad humana, el documento sostiene que el Estado cubano no respetaría plenamente los derechos de circulación y residencia del personal sanitario. La CIDH recoge testimonios sobre la necesidad de autorizaciones para salir del país, la entrega de pasaportes oficiales limitados al país de acogida y la retención de esos documentos una vez llegados al destino. También reporta represalias por desobedecer o abandonar la misión, incluidas sanciones penales, pérdida de salarios retenidos, perjuicios patrimoniales y afectaciones a la posibilidad de regresar al país o rehacer la vida profesional.

Según el propio informe, la exportación de profesionales de la salud iniciada en 1963 alcanzó 56 países en 2024, incluidos 19 Estados miembros de la OEA, y esas misiones representan hoy una de las principales fuentes de ingresos de la economía cubana.

Al concluir su informe, la CIDH pidió al Estado cubano revisar y reformar el modelo vigente de misiones médicas, garantizar que la participación sea “voluntaria, libre e informada”, asegurar contratos claros, pagar el salario de forma íntegra y directa, permitir que los profesionales abandonen la misión sin represalias y abrir investigaciones independientes sobre posibles situaciones de trabajo forzoso. A los Estados receptores les reclama mecanismos de supervisión, monitoreo e investigación cuando existan denuncias o hallazgos de trabajo forzoso.

Ahora bien, el propio informe incorpora una advertencia metodológica: en votos parcialmente disidentes, las comisionadas Roberta Clarke y Andrea Pochak respaldan la relevancia del documento respecto del marco normativo cubano, pero sostienen que la evidencia sería insuficiente para generalizar responsabilidades a todos los Estados receptores. Clarke afirmó que se trata de “una base de evidencia muy insuficiente”, mientras Pochak habló de una “fuerte deficiencia metodológica” por extrapolar a toda la región hallazgos concentrados sobre todo en Venezuela.

El propio informe reconoce que algunos Estados de la región que respondieron a la solicitud de información dijeron no tener registros de denuncias ni procesos judiciales por violaciones de derechos humanos o trabajo forzoso relacionados con estas misiones.

La CIDH ya había abordado el tema en una audiencia pública durante su 189º período de sesiones, el 29 de febrero de 2024. El nuevo informe se inserta en una línea de trabajo que incluye el cuestionario sobre derechos laborales y sindicales en Cuba y el informe de 2023 sobre esa misma materia, pero esta vez la Comisión articula en un solo documento las denuncias sobre salarios retenidos, restricciones a la salida del país, confiscación de pasaportes, ausencia de libertad sindical y riesgos de trabajo forzoso dentro de las misiones médicas cubanas.