MIAMI, Estados Unidos. — La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) anunció la deportación de un ciudadano cubano previamente condenado por tráfico de personas, sin detallar a qué país será trasladado. En una publicación en X, la agencia informó que el hombre “fue condenado previamente por tráfico de personas en 2024” tras “intentar de manera temeraria traficar a 29 personas, incluidos niños, en la parte trasera de un tráiler”.
CBP añadió que “agentes de la Patrulla Fronteriza, con Jeffrey Dinise [jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector Miami], lo detuvieron y está siendo expulsado de nuestro país”. También remarcó: “No toleraremos a los traficantes de personas”.
CBP no especificó el destino de la deportación. Sin embargo, casos recientes documentados muestran que Washington ha recurrido a enviar a “terceros países” cuando el régimen cubano se niega a recibir a sus nacionales con historial criminal. El pasado 16 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ejecutó un vuelo hacia el Reino de Esuatini con varios extranjeros, entre ellos un cubano con condenas graves, al que, según las autoridades estadounidenses, el régimen de la Isla se negó a recibir.
“Hoy, el DHS realizó un vuelo de deportación a un tercer país con destino a Esuatini”, informó entonces la agencia. “Estos extranjeros ilegales criminales son tan excepcionalmente bárbaros que sus países de origen se negaron a aceptarlos de vuelta”.
Tras esa operación, el DHS afirmó, además: “Bajo el liderazgo de la secretaria Noem y el presidente Trump, estamos retirando a estos criminales convictos del suelo estadounidense, para que nunca puedan hacerle daño a otra víctima estadounidense”.
El Gobierno de Esuatini reconoció “preocupación generalizada” por la recepción de deportados. “Los cinco reclusos están actualmente alojados en nuestras instalaciones penitenciarias, en unidades aisladas, donde se encuentran otros delincuentes similares. La nación tiene la seguridad de que estos reclusos no suponen ninguna amenaza para el país ni para sus ciudadanos”, declaró el portavoz Thabile Mdluli, citado por la BBC.
Antes de ese vuelo a Esuatini, Washington ya había enviado deportados a Sudán del Sur, en una operación que incluyó a dos cubanos —Enrique Arias-Hierro y José Manuel Rodríguez-Quiñones— pese a que “un juez federal había emitido una orden de emergencia para suspender la deportación”. En ese contexto, el DHS sostuvo: “Estamos retirando a estos criminales convictos del suelo estadounidense, para que nunca puedan hacerle daño a otra víctima estadounidense” y dijo que “ningún país en la Tierra quería aceptarlos, porque sus crímenes son tan monstruosos y bárbaros que resultan únicos”.
Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre riesgos legales y humanitarios de estas deportaciones a terceros países, en especial allí donde existen sistemas judiciales o penitenciarios precarios y no está claro el estatus migratorio de los expulsados al arribar.
Funcionarios de la actual Administración estadounidense también han defendido la práctica. El director interino de ICE, Todd Lyons, afirmó: “Como funcionario de carrera en ICE, llevo años lidiando con países recalcitrantes que se niegan a aceptar a sus nacionales, obligándonos a liberar en EE.UU. a delincuentes reincidentes y violentos”.
Mientras, desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt declaró: “El presidente Trump está sacando del país a asesinos, violadores y pedófilos extranjeros ilegales. No importa cuánto moleste esto a los demócratas: seguiremos deportando a estos monstruos para mantener a salvo a los estadounidenses”.
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