LA HABANA, Cuba. – La exitosa acción de fuerzas estadounidenses que hace un par de días cargaron con el dictador venezolano Nicolás Madura y su esposa tiene indudables repercusiones de carácter jurídico. En mi condición de abogado considero que puedo aportar algunos comentarios al respecto.
La primera cuestión que me parece conveniente abordar es la encendida denuncia que los socialistas burocráticos hacen sobre lo que ellos llaman la “ilegalidad” del golpe estadounidense. Buen ejemplo de ello es lo dicho por el gobernante de Cuba en la “concentración antiimperialista” que convocó de corre-corre, a apenas unas horas de los sucesos.
Dijo allí el señor Díaz-Canel: “Cuba condena y denuncia esas acciones como un acto de terrorismo de Estado; un asalto criminal contra nuestra América, zona de paz; una violación de la soberanía de una nación que es símbolo de independencia, dignidad y solidaridad, y un ataque inaceptable al derecho internacional”.
Ante todo, debo reconocer que, en verdad, la decisiva acción estadounidense no puede encontrar resguardo en las normas del derecho internacional. Es cierto que estas últimas contienen multitud de regulaciones, pero ninguna de ellas ampara acciones como la realizada contra el dictador instalado en el Palacio de Miraflores. No importan, a estos efectos, las múltiples violaciones de los derechos humanos ni la infinidad de otros actos ilegales perpetrados por él.
Pero yo no entiendo en absoluto la indignación mostrada al respecto por el mandamás oficial de Cuba. Él no se esconde para decir que él mismo y su gobierno representan la “continuidad” de las políticas del castrismo. ¿Y acaso se le olvidó el enfoque dado por su mentor a la invasión de los países del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia en 1968?
Recuerdo la alocución televisiva pronunciada en aquella oportunidad por el “Máximo Líder”. Comenzó por señalar que la invasión de la URSS y sus aliados no tenía viso alguno de legalidad. Pero de inmediato argumentó que el acto de fuerza era necesario para “salvar el socialismo” (¡como si el funesto socialismo fuera algo que mereciese ser salvado!).
El señor Fidel Castro, en su torcida interpretación, estimaba necesaria la ocupación de un país independiente ¡que se prolongó durante dos decenios! Por su parte, este modesto informador considera que la acción puntual de Estados Unidos, enfocada en la captura de Maduro y que duró apenas unos minutos, ¡puede invocar justificaciones muchísimo mayores!
Por cierto, ya que abordamos temas relacionados con la injerencia en los asuntos internos de un país soberano, no puedo dejar de aludir a los que murieron con motivo de la actuación estadounidense.
De acuerdo con The New York Times, al menos 80 personas murieron durante la acción estadounidense. Las autoridades de la Isla reconocieron que 32 de los “combatientes” caídos en Venezuela eran cubanos.
¡Entonces, es un hecho cierto que los nacidos en la Gran Antilla constituían el grueso de los componentes del entorno de Maduro! ¡Y tener que oír a los castristas hablando de la injerencia en asuntos internos!… (la perpetrada por los otros, claro).
Es probable que el silencio guardado sobre este particular durante días por las autoridades de Venezuela (una evidente falta de respeto por el natural interés de los ciudadanos de ese país por mantenerse informados de ese suceso que les atañe) se prolongue todo lo posible. Y no dudo que ambos equipos gobernantes (los de Caracas y La Habana) hayan adoptado un acuerdo al respecto.
Hay otras implicaciones jurídicas evidentes que creo importante abordar. Me refiero a las que se derivan de la permanencia en el poder del régimen madurista (aunque ahora sin su principal personero, que le daba nombre). En ese contexto, el interés se centra en la señora Delcy Rodríguez, nombrada por el dictador ahora prisionero como su sustituta.
Durante la importantísima conferencia de prensa sostenida por el presidente Trump y sus principales colaboradores al mediodía del sábado, hubo un pasaje en el que también intervino el cubanoamericano Marco Rubio. Este secretario de Estado aludió a un largo intercambio telefónico que sostuvo con la referida señora.
Como es natural, quienes brindaban la conferencia no entraron en detalles sobre el contenido específico de la conversación, pero el mero hecho de que se haya señalado su notable duración indica que en aquella se abordaron en detalle los principales problemas pendientes de las relaciones venezolano-estadounidenses y las perspectivas surgidas tras la reciente acción militar.
Es verdad que las autoridades chavistas representan a un régimen espurio, que permanece en el poder gracias al escamoteo electoral perpetrado contra Edmundo González Urrutia (pese a haber obtenido este, según las actas existentes, más de los dos tercios de los votos emitidos). Pero, nos guste o no esa realidad, es un hecho cierto que el régimen que ahora encabeza Delcy Rodríguez mantiene el control sobre el conjunto del país.
Considero que, para esta señora constituyen importantes acicates no solo la prolongada conversación mantenida con el secretario Rubio, sino también las declaraciones de Trump sobre que ella “pagará un precio muy alto” si no colabora con Estados Unidos… Deberemos observar, como es lógico, su actuación en los días y semanas por venir.
Y es probable que, en definitiva, todo desemboque no en el reconocimiento retroactivo del triunfo de don Edmundo, sino en nuevas elecciones. Este es el principio que aparece plasmado en el artículo 233 de la flamante Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Según ese precepto, entre las “faltas absolutas” de quien ocupe la Presidencia se encuentra “el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional”.
Desde luego, ya sabemos que el actual legislativo de la Patria de Bolívar, controlado por los chavistas, es harto proclive a aprobar las sugerencias provenientes de la alta jefatura del régimen… Pero es que, aun si se opta por no recurrir a este mecanismo, o en el improbable caso de negativa parlamentaria a declarar el referido “abandono del cargo” (para lo cual se presta un argumento sólido: que Maduro no sigue ejerciendo su puesto por causas ajenas a su voluntad), existiría otra salida constitucional.
El aludido precepto contempla también la “renuncia” del presidente. Esto, claro, dependerá de la decisión que adopte el ahora prisionero de la DEA, pero imagino que, ante la perspectiva de largos años de encierro, Maduro se incline por prestar suma atención a las sugerencias que le formulen sus carceleros.
Como reza el dicho popular, “a veces lo que sucede conviene”. La celebración de nuevas elecciones bajo la atenta mirada de la opinión democrática internacional, permitirá que figure como candidata María Corina Machado, que era la persona preferida por el pueblo venezolano (González Urrutia fue apenas un sucedáneo). Y la contundente victoria de la Premio Nobel de la Paz abrirá, sin dudas, nuevas perspectivas en el continente.
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