MIAMI, Estados Unidos ― Una pintada con la frase “Abajo Canel y el PCC” apareció en la fachada del Teatro Universitario de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), en Santa Clara, entre la noche del domingo 13 y la madrugada del lunes 14 de septiembre, horas antes del acto de apertura del curso académico 2026-2027.
Las autoridades del centro la cubrieron con banderas porque no hubo tiempo de borrarla antes de la ceremonia, confirmaron a CubaNet fuentes de la propia universidad, que pidieron proteger su identidad para evitar represalias. El mensaje ocupaba buena parte del muro curvo del teatro, con letras de gran tamaño visibles desde el exterior del edificio.
La imagen de la pintada circuló primero entre los propios estudiantes de la UCLV, en forma de estado de WhatsApp, antes de llegar a las redes sociales. La denuncia se hizo pública la tarde del lunes en la página de Facebook “Guapo YFajao”, que publicó imágenes y el testimonio enviados por un lector. Según ese relato, las autoridades cubrieron los mensajes “con banderas y carteles del 26 de julio” y después “volvieron a pintar la fachada para borrar cualquier rastro”.
La misma fuente sostiene que en el lugar se desplegó un operativo con agentes del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) y unidades caninas, y que desde el inicio del curso se mantiene presencia policial constante en la entrada del campus. La plataforma advirtió que esos detalles “no han podido ser verificados de manera independiente”.
El acto de bienvenida se celebró ese mismo lunes. La universidad informó al día siguiente en su sitio web que abrió sus puertas a más de 1.00 estudiantes de primer año del curso diurno y reprodujo las palabras del rector, Luis Antonio Barranco Olivera: “Este constituye el inicio de un camino donde podrán materializar sueños y aspiraciones, porque la universidad no es solamente un lugar de aprendizaje, es un espacio de encuentro y superación”.
El secretario general de la institución, Ramiro Pérez Vázquez, declaró a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que la matrícula de nuevo ingreso asciende a 2.326 estudiantes y que la cifra total en todas las modalidades supera los 8.500. Los años continuantes no se incorporan hasta el 28 de septiembre.
El curso empezó con retraso y en formato mayoritariamente semipresencial. La UCLV había informado el 25 de agosto de que la docencia presencial del curso diurno se organizaría en tres bloques escalonados de cuatro semanas cada uno. La estrategia se ajusta, según la agencia Prensa Latina, “a las actuales condiciones energéticas del país”; la propia universidad lo atribuye al “recrudecimiento del bloqueo energético, económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos”.
Ni la UCLV ni las autoridades provinciales de Villa Clara se han referido públicamente a la pintada. La reseña oficial del acto, el despacho de Prensa Latina y la crónica de la ACN se limitan a las cifras de matrícula y a las intervenciones del rector, de la vicerrectora de Formación de Pregrado, Neibys Casdelo Gutiérrez, de un miembro del Secretariado de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en el centro y de dos estudiantes de primer año.
Las pintadas contra el gobernante cubano se repiten desde hace años en distintas provincias. Al reportar en septiembre de 2022 un cartel de “Abajo Díaz-Canel” en una pared de Lawton, en el habanero municipio de Diez de Octubre, CubaNet consignaba que ese tipo de mensajes se había hecho “cada vez más frecuente en todo el país, como muestra de la oposición popular al régimen cubano”. También entonces las autoridades los borraron con rapidez.
Un siglo de protesta universitaria
La consigna aparecida en la fachada del teatro se inscribe en una tradición de protesta estudiantil que el propio discurso oficial cubano reivindica como fundacional.
El 30 de septiembre de 1930, Rafael Trejo González, vicepresidente de la FEU en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana (UH), murió a los 20 años por disparos de la policía durante una manifestación contra el régimen de Gerardo Machado que intentaba llegar al Palacio Presidencial. La UH recuerda que “la muerte de Trejo galvanizó la oposición a Machado y consolidó la tradición de rebeldía de la FEU”, y que cada 30 de septiembre los estudiantes de nuevo ingreso reciben el carné de la organización en actos que evocan ese episodio.
El 13 de marzo de 1957, integrantes del Directorio Revolucionario dirigidos por José Antonio Echeverría, entonces presidente de la FEU, asaltaron el Palacio Presidencial y ocuparon la emisora Radio Reloj para intentar derrocar a Fulgencio Batista. Echeverría murió ese mismo día, abatido por los disparos de una patrulla policial en una calle lateral de la Universidad de La Habana, según relata el portal del Gobierno de La Habana.
Después de 1959 la disidencia dentro de las aulas pasó a resolverse por la vía disciplinaria, y las organizaciones nacidas de aquella tradición quedaron del lado de la sanción.
Específicamente la UCLV acumula un historial de expulsiones por motivos políticos. En octubre de 2008 separó de la carrera de Periodismo a Henry Constantín Ferreiro, hoy director del medio independiente La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa.
El inventario publicado en 2019 por la revista Tremenda Nota recoge otros tres casos de expulsiones por motivos políticos en ese centro de estudios: el del historiador Gustavo Pérez Silverio, despedido en febrero de 2015 después de opinar públicamente sobre la situación cubana durante un viaje a Estados Unidos; el del profesor adjunto Luis Pérez de Castro, a quien en 2016 sus jefes sugirieron pedir la baja por haber salido en fotos con “elementos contrarios a la Revolución”; y el del profesor Leonardo Rodríguez González, separado en 2018 entre otras causas por negarse a afiliarse al sindicato de trabajadores.
Más adelante, en abril de 2017, fue separada del claustro de la Facultad de Humanidades de la UCLV Dalila Rodríguez González, profesora auxiliar de 33 años con más de una década en el centro, a la que las autoridades educacionales atribuyeron una actitud “antisocial”.
Rodríguez denunció a Radio Martí que el entonces rector, Andrés Castro Alegría, informó al claustro en conversatorios convocados en todas las facultades de que en los meses anteriores se había expulsado a 15 personas —estudiantes, instructores y adiestrados— a las que calificó de “contrarrevolucionarios”. “Todas las expulsiones han sido por motivos políticos y las reuniones han sido para explicar los motivos por los que han expulsado a cada una de esas personas”, afirmó.
Días después de aquella expulsión le tocó a Karla María Pérez González, de 18 años, estudiante de primer año de Periodismo, por pertenecer al grupo opositor Somos+, que lidera Eliécer Ávila, y por escribir en el blog de la organización.
La decisión estuvo precedida por reuniones convocadas por el rector, la FEU y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), celebradas sin la presencia de la estudiante, en las que se la catalogó como parte “del enemigo”. “Ya me dieron el papel oficial de la decisión. Es expulsión de la Universidad. Tengo 10 días hábiles para apelar”, declaró Pérez a Martí Noticias. La joven terminó la carrera en una universidad privada de Costa Rica.
La universidad defendió públicamente la medida en una declaración titulada “Nuestras razones”. El texto reprochaba a la estudiante haber ingresado con el propósito de “actuar en la sociedad desde una posición contraria a la política de los medios de comunicación de nuestro país”, preguntaba si podía “estudiar en una institución revolucionaria (…) comprometidos con la Revolución” y calificaba su conducta de “comportamiento hipócrita y utilitarista”.
El antecedente más próximo a lo ocurrido en Santa Clara no está en Villa Clara, sino en Camagüey. Jorge Enrique Cruz Batista, estudiante de tercer año de Arquitectura en la Universidad “Ignacio Agramonte”, fue expulsado de forma definitiva de la educación superior a mediados de marzo de 2019, acusado de ser uno de los autores de unos carteles de “Abajo Díaz-Canel” aparecidos el domingo 13 de enero en una pared de la Facultad de Construcciones.
Preguntado por el caso, el rector de esa universidad, Santiago Lajes Choy, respondió en Facebook que “a ningún estudiante por sus ideas se ha enviado a la Policía”.
Tras las protestas del 11 de julio de 2021, más de 200 estudiantes, profesores y egresados de la Universidad de La Habana entregaron al Ministerio de Educación Superior (MES) una carta en la que exigían la liberación inmediata de los universitarios detenidos durante y después de aquella jornada, entre ellos el estudiante de Física Leonardo Romero Negrín, según informó Diario de Cuba. El MES respondió con una nota en la que sostuvo que la participación estudiantil en las manifestaciones había sido mínima y circunscrita a algunas localidades.
La protesta volvió a las aulas en junio de 2025, y la UCLV estuvo dentro. Después de que ETECSA anunciara el viernes 30 de mayo un fuerte aumento de las tarifas de telecomunicaciones, el llamado al paro partió de las facultades de Matemática y Computación (MatCom), de Filosofía, Historia, Sociología y Trabajo Social (FHS) y de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, y se extendió a más de una decena de facultades, entre ellas la de Medios Audiovisuales del Instituto Superior de Arte, la de Comunicación, el Instituto Superior de Diseño, la Universidad de Ciencias Informáticas y varios planteles de Ciencias Médicas. Fuera de la capital se sumaron “el pleno de estudiantes” de la UCLV y los alumnos de segundo año de Biología de la Universidad de Oriente, según la revista Rialta.
El claustro de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de La Habana salió en defensa de sus alumnos: “Declaramos nuestras preocupaciones con el tratamiento político que se le ha dado a la inconformidad manifestada por nuestra población y en particular por nuestro estudiantado, quienes no nos son ajenos y tienen reclamos justos”. Los estudiantes de la FHS exigieron la renuncia del presidente nacional de la FEU, Ricardo Rodríguez González, al que reprocharon una “clara incapacidad para representar los intereses del estudiantado”, mientras el Secretariado de la FEU de esa universidad rechazaba lo que llamó “manipulación mediática”.
