MIAMI, Estados Unidos ― El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) comenzó a levantar las suspensiones que impedían emitir decisiones finales en trámites migratorios de ciudadanos cubanos y venezolanos, incluidos los procesos de naturalización, tras una orden de un tribunal federal que anuló las políticas utilizadas por la agencia para paralizar los expedientes.
La confirmación aparece en una carta fechada este 16 de julio y enviada a la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar (republicana por Florida).
La medida no se limita a las solicitudes para obtener la ciudadanía estadounidense. Las políticas anuladas habían bloqueado la adjudicación final de beneficios como el ajuste de estatus para conseguir la residencia permanente, los permisos de trabajo, el asilo y la naturalización, según el expediente del caso “Dorcas International Institute of Rhode Island v. USCIS”.
“USCIS está tomando medidas inmediatas para levantar todas las suspensiones restantes sobre la adjudicación final que estaban vigentes”, señala la respuesta de la agencia. “El procesamiento para cubanos y venezolanos debe reanudarse en consecuencia”, agrega el documento.
La reanudación no supone la aprobación automática de los expedientes. USCIS volverá a evaluarlos individualmente y podrá aprobarlos, denegarlos o solicitar verificaciones adicionales conforme a la legislación migratoria. La carta tampoco establece un plazo para resolver los casos acumulados ni precisa cuántas personas resultaron afectadas por las suspensiones.
Salazar había pedido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que reactivara los trámites de ciudadanía y naturalización de cubanos y venezolanos, mantuviera las verificaciones reforzadas de seguridad y normalizara las ceremonias de juramento. En un comunicado publicado el 31 de marzo, su oficina afirmó que decenas de miles de solicitantes en el sur de Florida permanecían en un limbo administrativo después de haber cumplido los requisitos y controles correspondientes.
En su respuesta, USCIS rechazó que las ceremonias de naturalización hubieran sido suspendidas completamente. La agencia aseguró que nunca dejó de celebrarlas y que continúan realizándose en todo el país, incluida el área de Miami, aunque las paralizaciones de adjudicaciones impedían a numerosos solicitantes llegar a la fase final del proceso.
USCIS también informó que está “examinando opciones para las personas bajo la Ley de Ajuste Cubano”, pero no explicó qué alternativas estudia ni si están relacionadas con los cubanos que recibieron documentos I-220A o con otros grupos que enfrentan obstáculos para acogerse a esa legislación.
La reactivación responde al fallo emitido el 5 de junio por el juez federal John J. McConnell Jr., presidente del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Rhode Island. El magistrado declaró ilegales y dejó sin efecto cuatro políticas de USCIS: la suspensión global de solicitudes de asilo, la paralización de beneficios para nacionales de países sometidos a restricciones de viaje, la revisión general de beneficios ya aprobados y el uso del país de origen como factor negativo en decisiones discrecionales.
El tribunal concluyó que esas políticas eran contrarias a la ley y “arbitrarias y caprichosas” conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo. En su fallo de 135 páginas, McConnell señaló que USCIS había colocado en un limbo indefinido a personas que presentaron la documentación requerida, pagaron las tarifas, entregaron sus datos biométricos y asistieron a entrevistas, pero seguían sin recibir una decisión por razón de su país de nacimiento.
Las restricciones comenzaron a finales de 2025. El 27 de noviembre, USCIS ordenó considerar determinados factores vinculados con el país de origen como elementos negativos en la evaluación de beneficios discrecionales. El 2 de diciembre, un nuevo memorando paralizó todas las solicitudes de asilo y retención de expulsión, congeló los beneficios pendientes de ciudadanos de países incluidos en las prohibiciones de viaje y ordenó revisar expedientes previamente aprobados. Otra directiva, emitida el 1 de enero de 2026, extendió esas medidas a países adicionales y aclaró que los casos podían seguir acumulando trámites, pero no recibir una decisión final.
El tribunal determinó que las políticas afectaron a nacionales de 39 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio. En el caso de los países señalados por la Administración como de “alto riesgo”, las personas podían asistir a entrevistas o presentar documentación, pero USCIS no podía aprobar, rechazar ni cerrar definitivamente sus solicitudes. Cuba y Venezuela figuraban entre las nacionalidades alcanzadas por esas disposiciones.
USCIS anunció el 12 de junio que cumpliría la decisión judicial, aunque manifestó su desacuerdo y dejó abierta la posibilidad de continuar impugnándola. La Administración apeló el fallo ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, pero McConnell rechazó el 15 de julio una solicitud gubernamental para suspender su orden mientras se resuelve esa apelación. Por tanto, las políticas continúan anuladas y la agencia debe seguir levantando las paralizaciones, salvo que una instancia superior dicte posteriormente una suspensión.
