Exigen al régimen liberar todos sus presos políticos de manera “inmediata e incondicional”

MIAMI, Estados Unidos ― Human Rights Watch (HRW) exigió este miércoles la liberación “inmediata e incondicional” de todos los presos políticos en Cuba, después de denunciar que ni esa organización ni otros grupos de derechos humanos han logrado identificar a reclusos encarcelados por motivos políticos entre las 2.010 personas beneficiadas por la excarcelación masiva anunciada por el Gobierno cubano el pasado 2 de abril.

“Cuba debería liberar de inmediato y de manera incondicional a todos los presos políticos. Los cubanos deberían poder expresarse libremente, sin miedo. El embargo de Estados Unidos y su brutal bloqueo petrolero no son excusa para mantener a los críticos en la cárcel”, señaló HRW en una declaración publicada en su sitio oficial.

La organización sostuvo que la exclusión de presos políticos no es accidental. En su pronunciamiento, HRW recordó que el propio Gobierno cubano dejó fuera de la medida a personas condenadas por delitos contra la autoridad, una categoría penal que, según la ONG, ha sido utilizada durante décadas para perseguir de forma arbitraria a críticos del sistema. 

En mensajes difundidos por la Presidencia cubana sobre el indulto, las autoridades presentaron la medida como un “gesto humanitario y soberano”, dijeron que respondía a una evaluación de la conducta penitenciaria, el tiempo de sanción cumplido y el estado de salud de los reclusos, e informaron que entre las exclusiones figuraban precisamente los delitos contra la autoridad, así como reincidentes y multirreincidentes.

HRW ilustró ese patrón con casos concretos: entre ellos mencionó al artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, condenado a cinco años de cárcel, entre otros cargos, por “ultraje a los símbolos patrios”, tras usar la bandera cubana como forma de protesta, y al artista Leonard Richard González Alfonso, sentenciado en marzo pasado a siete años por “propaganda contra el orden constitucional” después de pintar en una pared la frase “¿Hasta cuándo? Nos están matando”.

Sobre la magnitud de la represión, HRW habló de más de 700 presos políticos todavía en las cárceles cubanas y citó los registros de Justicia 11J y Prisoners Defenders. La primera organización dijo el 3 de abril que tenía documentadas 775 personas privadas de libertad por razones políticas en Cuba; la segunda situó en 1.214 su lista de prisioneros políticos y de conciencia al cierre de febrero.

El nuevo indulto llegó apenas tres semanas después de otra liberación anunciada por La Habana, esta vez de 51 personas, en una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores divulgada el 12 de marzo. En ese comunicado, el Gobierno cubano dijo que actuaba “en el espíritu de buena voluntad” y en el contexto de sus relaciones con el Vaticano. Prisoners Defenders sostuvo después que, de esos 51 excarcelados, solo 27 podían ser considerados presos políticos.

La falta de transparencia atraviesa ambos procesos. Justicia 11J denunció que las autoridades no publicaron el listado de beneficiados con la excarcelación de 2.010 personas, lo que impide una verificación independiente y reproduce, según esa organización, “un patrón de opacidad sistemática”. La Habana, por lo general, no divulga los nombres de los reclusos liberados en este tipo de medidas, lo que dificulta corroborar cuántos de ellos son presos políticos.

HRW añadió que varios excarcelados en procesos anteriores han descrito abusos en las prisiones cubanas, incluidas golpizas, aislamiento, condiciones insalubres y falta de acceso a comida, agua limpia y atención médica. En un informe publicado en julio de 2025, la organización ya había documentado que manifestantes encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021 denunciaron precisamente golpizas, confinamiento solitario y carencia de atención médica, y que aun después de salir de prisión seguían bajo vigilancia constante.

El Gobierno cubano mantiene que en la Isla no hay presos políticos y sostiene que las personas encarceladas por las protestas o por acciones contra el sistema fueron condenadas por delitos comunes.