MIAMI, Estados Unidos ― El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga, defendió el paquete de reformas económicas aprobado por la Asamblea Nacional y negó que las medidas respondan a presiones externas, en medio de la tensión creciente entre La Habana y Washington.
En una entrevista con CNN en Español, el funcionario sostuvo que las transformaciones “no obedecen a presión alguna” y las vinculó con una estrategia interna del Gobierno cubano.
Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de los dictadores Fidel y Raúl Castro, afirmó que los cambios tienen respaldo legal y constitucional, y aseguró que el propósito oficial es generar bienestar para la población. También rechazó que se trate de decisiones improvisadas y dijo que el punto de partida de las reformas es el programa económico y social del Gobierno, al que atribuyó el objetivo de “crear un dinamismo diferente en la economía”.
El paquete fue presentado por el Gobierno de Miguel Díaz-Canel y recoge 176 propuestas de transformaciones agrupadas en 23 ejes fundamentales de la vida económica y social del país. La propuesta incluye cambios en el sistema empresarial estatal, la participación del sector privado, la inversión extranjera, la política de subsidios, el turismo, el comercio, la gastronomía, los servicios y la organización del aparato estatal.
Washington recibió las medidas con escepticismo. Un portavoz del Departamento de Estado, citado por AFP, calificó las reformas como “modestas, largamente esperadas” y como “señales de humo superficiales” del régimen cubano.
Entre las disposiciones más relevantes figura la posibilidad de transformar empresas estatales socialistas en sociedades mercantiles por acciones o participaciones, aunque el Estado mantendría presencia mayoritaria en sectores considerados estratégicos. La propuesta también permitiría que empresas estatales compren acciones de otras empresas y que formas de gestión no estatal y personas naturales adquieran acciones de manera gradual, según la clasificación que se defina.
El plan contempla además permitir la compra de acciones de empresas estatales por personas jurídicas estatales y no estatales, nacionales y extranjeras, así como por personas naturales. También autoriza la venta de propiedades estatales a personas jurídicas y naturales, nacionales y extranjeras, incluidos cubanos residentes en el exterior, siempre que se demuestre el origen lícito de los fondos.
En materia de inversión extranjera, las reformas proponen permitir capital extranjero en empresas privadas, extender hasta 99 años el límite de otorgamiento de derechos de superficie, autorizar a negocios con capital extranjero a abrir cuentas bancarias en el exterior sin autorización previa y eliminar el uso obligatorio de entidades empleadoras para seleccionar y contratar trabajadores. También se prevé que la inversión extranjera pueda disponer de ingresos en divisas, operar con flexibilidad en un entorno de dolarización parcial y acceder al mercado cambiario.
Pérez-Oliva Fraga reconoció en CNN que la desconfianza de los inversionistas sigue siendo uno de los principales obstáculos para atraer capital. El funcionario dijo que el Gobierno busca ofrecer seguridad jurídica, trámites simplificados y “mucha transparencia para generar confianza”, aunque analistas consultados por la cadena advirtieron que la falta de garantías más sólidas y el impacto de las sanciones estadounidenses limitan el atractivo real del país para los inversionistas.
El paquete también abre espacio a medidas en comercio, gastronomía y servicios, como la creación de cadenas de tiendas, restaurantes y redes de gastronomía ligera de marcas reconocidas, así como la invitación a franquicias extranjeras de alimentos ligeros para invertir y expandirse en Cuba. Además, contempla licitar parques recreativos, zoológicos, acuarios, áreas protegidas y unidades de alojamiento a empresas estatales, extranjeras, privadas y cooperativas.
Otra de las áreas sensibles es la política de subsidios. Pérez-Oliva Fraga defendió ante CNN la eliminación parcial del modelo universal y dijo que la idea oficial es “eliminar ese modelo de subsidio universal”. En la exposición ante la Asamblea Nacional, Marrero Cruz planteó eliminar subsidios a productos y transformarlos gradualmente en subsidios a personas, comenzando por productos transversales a la economía que impactan en la producción y los servicios.
Las reformas llegan en medio de una crisis económica prolongada y de una mayor presión estadounidense sobre La Habana. El panorama actual de la Isla está marcado por restricciones al suministro de combustibles, sanciones a sectores clave y la acusación formal en Estados Unidos contra el exgobernante Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
Pérez-Oliva Fraga sostuvo que las restricciones al acceso estable al mercado internacional de combustibles han agravado la crisis interna y dijo a CNN que La Habana está recibiendo combustible en contenedores, un mecanismo que describió como insostenible para la economía. La Asamblea Nacional, por su parte, admitió que la implementación del paquete impactará más de 148 disposiciones del ordenamiento jurídico cubano y requerirá elaborar 32 nuevas normas de rango superior: 10 leyes, 14 decretos-leyes y ocho decretos.
