MADRID, España.- La periodista de CubaNet Camila Acosta y su esposo, el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats, enfrentan una acusación por el presunto delito de «atentado», según les comunicó este martes un coronel del Ministerio del Interior (MININT).
Ambos deberán presentarse el próximo jueves 19 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, ante el capitán Pileta, en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Zapata y C, en el municipio Plaza de la Revolución, en La Habana.
La información fue transmitida telefónicamente a Acosta por un oficial que se identificó como el coronel Márquez, jefe de esa unidad policial. Sin embargo, el funcionario no precisó los motivos de la acusación ni quién la formuló.
«Me acaba de llamar el coronel Márquez, jefe de Zapata y C. Dice que Ángel y yo tenemos una acusación por atentado y que tenemos que presentarnos este jueves a las 10:00 a.m. en la estación ante el capitán Pileta», precisó Camila Acosta a la redacción de CubaNet.
En declaraciones ampliadas a este medio, la periodista explicó que recibió la llamada alrededor de las 11:10 de la mañana, hora de Cuba, en el teléfono fijo de su vivienda.
«Yo no suelo responder ese teléfono, pero a veces, como mis abuelos están en la Isla de la Juventud y yo temo que me den una mala noticia, respondo», relató.
De acuerdo con su testimonio, el hombre se identificó como jefe de la estación policial y le comunicó que tanto ella como Santiesteban debían comparecer por una acusación de atentado.
La reportera intentó conocer las razones del procedimiento y la identidad del denunciante, pero el oficial se negó a ofrecer detalles.
«Le pregunté: «¿Usted es de Villa Marista?». Me dijo: «No, yo soy del MININT, el jefe de Zapata y C». Le pregunté: «¿Pero quién nos hace la acusación? ¿Cuál es? ¿Por qué el delito?». Me dijo, simplemente: «El jueves le daremos todas las informaciones»».
Hasta el momento, ninguno de los dos conoce los hechos concretos que motivan la acusación ni si las autoridades han abierto formalmente un expediente penal contra ellos.
Camila Acosta sospecha que la acusación podría estar relacionada con un video
La periodista considera que el procedimiento podría estar vinculado con un video que grabó a finales de octubre, cuando un presunto agente de la Seguridad del Estado le prohibió salir de su vivienda sin mostrar una orden judicial.
«Es posible que tenga que ver con el video que yo le hice hace unos días al oficial de la Seguridad del Estado que no me dejaba salir de mi casa, que por eso mismo fue la detención mía el 3 de noviembre», explicó.
Acosta recordó que, durante aquella detención, las autoridades le levantaron un acta de advertencia por el supuesto delito de «actos contra la intimidad personal y familiar», una figura penal utilizada recientemente contra la activista Anna Bensi.
Tras recibir la llamada del coronel, la reportera consultó el Código Penal cubano para conocer qué conductas pueden constituir el delito de atentado.
«Estuve buscando ahora lo que tipifica específicamente este delito de atentado en el Código Penal y habla de intimidación a funcionarios, autoridades y familiares», señaló.
El artículo 182 del Código Penal, contenido en la Ley 151 de 2022, contempla sanciones de dos a cinco años de privación de libertad para determinadas conductas de violencia o intimidación contra autoridades, funcionarios públicos o sus agentes, relacionadas con el ejercicio de sus funciones. También contempla supuestos de represalia contra sus familiares o allegados y penas superiores en determinadas circunstancias agravadas.
Acosta sospecha que las autoridades podrían intentar relacionar la grabación del agente con supuestas amenazas recibidas por los familiares de este. «Ellos estaban diciendo incluso que por culpa mía, por yo haber grabado al oficial de la Seguridad del Estado, su familia estaba recibiendo amenazas y demás. Cosa con lo que yo no tengo nada que ver», afirmó.
La reportera rechazó cualquier responsabilidad por esas presuntas amenazas y acusó a la Seguridad del Estado de utilizar procedimientos penales para presionar a periodistas independientes y opositores.
«Ya sabemos que a la Seguridad del Estado no le interesa tener pruebas ni nada. Lo de ellos es montar delitos, montar shows, montarte causas judiciales para llevarte a prisión u obligarte a irte del país», sostuvo.
«No entiendo por qué nos acusan a los dos»
Acosta cuestionó que la acusación también incluya a su esposo, Ángel Santiesteban Prats, quien, según explicó, no estuvo presente en ninguno de los incidentes que ella considera posibles antecedentes del procedimiento.
«Si es por esta grabación que le hice al oficial de la Seguridad del Estado, no entiendo por qué está metido Ángel también ahí, mi esposo, porque ese día que yo grabé, Ángel no estaba conmigo», dijo. La periodista recordó que Santiesteban tampoco estuvo presente durante su detención del 3 de noviembre.
«Lo que sí es seguro es que es otro montaje más de la Seguridad del Estado para presionarnos, ya bien sea a abandonar nuestro activismo, nuestra labor como periodistas independientes», afirmó.
También recordó la trayectoria de Santiesteban como escritor y guionista, incluida su participación en producciones como Plantados y Plantadas, así como su trabajo actual en otro guion sobre la lucha en el Escambray.
La reportera vinculó la acusación con el proceso judicial que acaba de enfrentar su esposo, sancionado recientemente a dos años de limitación de libertad.
«Ángel acaba de salir de un proceso que todavía ni siquiera ha hecho la apelación, un proceso también guiado y montado por la Seguridad del Estado, que lo sancionaron a dos años de limitación de libertad», denunció.
«Entonces ahora estamos los dos metidos en un mismo proceso y todo esto, yo estoy segura, es guiado por la Seguridad del Estado con el objetivo de continuar la presión y aplastar toda manifestación de disidencia o toda voz libre dentro de Cuba», añadió.
La periodista insistió en que deberán esperar a la comparecencia del jueves para conocer los detalles del nuevo procedimiento.
Detención, amenazas y vigilancia contra Camila Acosta en las últimas semanas
Este episodio se suma a las restricciones de movimiento que Acosta ha denunciado en las últimas semanas, entre ellas la mencionada del 28 de octubre, cuando grabó al agente de la Seguridad del Estado que le impedía abandonar su vivienda.
La situación se agravó el 3 de noviembre, cuando varios agentes interceptaron a Acosta en una calle de La Habana mientras se dirigía al veterinario con su mascota. Los funcionarios la esposaron y la introdujeron por la fuerza en una patrulla. Permaneció varias horas detenida e incomunicada en la estación policial de Playa.
Tras su liberación, Acosta relató a CubaNet que las autoridades la habían interrogado sobre el video del agente que le prohibió salir de su casa y que finalmente le impusieron un acta de advertencia por supuestos actos contra la intimidad personal y familiar.
La reportera denunció, además, que su teléfono móvil le fue devuelto inutilizado. Posteriormente mostró fotografías del interior del dispositivo y afirmó que había sido dañado con algún tipo de sustancia, posiblemente un ácido.
El 6 de noviembre, apenas tres días después de su detención, Acosta volvió a denunciar un operativo de la Seguridad del Estado frente a su vivienda, que le impedía salir junto a su esposo.
Ángel Santiesteban, condenado recientemente a dos años de limitación de libertad
La acusación comunicada contra Ángel Santiesteban Prats ocurre menos de dos semanas después de que el escritor fuera condenado, junto con otros tres masones, por el supuesto delito de tráfico ilegal de divisas.
El 5 de noviembre, el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, en La Habana, sancionó a Santiesteban a dos años de limitación de libertad y una multa de 20.000 pesos cubanos, en un proceso relacionado con operaciones de cambio de divisas del Asilo Nacional Masónico Llansó.
El tribunal también condenó a José Ramón Viñas Alonso a cuatro años de limitación de libertad y al contador Fernando Marcos García a tres años. Osvaldo Ernesto Villegas Digat recibió, al igual que Santiesteban, una sanción de dos años.
El caso se originó en dos operaciones de cambio de divisas realizadas fuera de los canales oficiales, por un total de 300 dólares vinculados al asilo masónico.
Los cuatro condenados recibieron además sanciones accesorias, entre ellas la prohibición de salir del país y la inhabilitación para ejercer cargos u oficios.
Santiesteban, elegido soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba en septiembre, denunció que el proceso respondió a presiones de la Seguridad del Estado para apartarlo de sus responsabilidades dentro de la masonería.
El escritor aseguró que una teniente coronel de la policía política, identificada como «Kenia», lo había amenazado previamente con consecuencias judiciales si no abandonaba el cargo.
Su esposa sostiene que aquel proceso estuvo condicionado por la Seguridad del Estado y teme que la nueva acusación de atentado constituya otra forma de presión contra ambos.
Santiesteban es, además, un exprisionero político que ha denunciado durante años la persecución por sus posiciones críticas frente al Gobierno cubano.
Aumentan las denuncias de represión contra periodistas independientes
La acusación contra Acosta y Santiesteban se produce en medio de una serie de detenciones, citaciones, amenazas y procesos penales denunciados durante las últimas semanas por periodistas independientes dentro de Cuba.
Uno de los casos más recientes es el de Vladimir Turró Páez, periodista de CubaNet, quien fue retenido el 12 de noviembre durante aproximadamente diez horas por agentes de la Seguridad del Estado.
En declaraciones a este medio, Turró aseguró que tres oficiales lo sacaron de la vivienda de su madre, lo trasladaron a una zona apartada de La Habana y lo amenazaron con una pistola para obligarlo a grabar un video en el que anunciara públicamente que renunciaba a CubaNet.
El caso provocó una reacción de Amnistía Internacional, que condenó públicamente las amenazas denunciadas por el periodista.
Otro colaborador de CubaNet, Adelth Bonne Gamboa, fue detenido violentamente el 2 de noviembre cerca de su vivienda en La Habana. Los agentes lo esposaron, le ocuparon equipos de trabajo y le impusieron una multa de 3.000 pesos por sus publicaciones en redes sociales.
Por su parte, el periodista y activista Ángel Cuza Alfonso, también colaborador de CubaNet, permanece encarcelado tras su nueva detención del 30 de abril de 2026. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado irregularidades en su proceso penal y el presunto uso de pruebas fabricadas para incriminarlo.
Las acciones policiales también han afectado a periodistas de otros medios independientes.
El 5 de noviembre, agentes de la Seguridad del Estado detuvieron a Yoani Sánchez, fundadora y directora del diario digital 14ymedio, cuando salía de su vivienda en Nuevo Vedado, La Habana.
La periodista fue interceptada por funcionarios vestidos de civil. Permaneció aproximadamente nueve horas detenida y, tras su liberación, denunció amenazas de procesamiento penal por el supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional.
En Camagüey, el periodista Henry Constantín Ferreiro, director del medio independiente La Hora de Cuba, permanece en prisión provisional desde septiembre, acusado de desobediencia.
Constantín fue trasladado a la prisión de Kilo 7, donde también ha denunciado sanciones disciplinarias y nuevas imputaciones. Organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa han reclamado su liberación.
La acusación por atentado contra Camila Acosta y Ángel Santiesteban se suma así a los procedimientos policiales y judiciales denunciados contra periodistas, escritores y activistas críticos de las autoridades cubanas.









