MIAMI, Estados Unidos ― El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre prohibió durante cinco años a José Ramón Viñas Alonso, Ángel Santiesteban Prats y otros dos masones ocupar cargos de dirección en las asociaciones masónicas de Cuba, según la sentencia escrita del caso, fechada este 16 de noviembre, a la que CubaNet tuvo acceso.
La prohibición abarca los “cargos de dirección de hecho, por elección o designación en las asociaciones masónicas del país”. Alcanza también a Fernando Marcos García, contador del Asilo Nacional Masónico Llansó, y a Osvaldo Ernesto Villegas Digat. Los jueces la justificaron porque la actitud de los cuatro “ha denotado irrespeto en relación a sus deberes ocupacionales”.
La medida afecta directamente a Santiesteban Prats, elegido el 26 de septiembre soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 con 19 votos a favor y uno en contra. El escritor sustituyó a Viñas Alonso, que encabezaba esa institución desde 2015. La sentencia no menciona esa elección.
Las penas principales son las mismas que la jueza leyó al terminar el juicio, el 5 de noviembre, y que CubaNet publicó ese día. Viñas Alonso fue condenado a cuatro años de limitación de libertad y a una multa de 500 cuotas de 50 pesos, 25.000 pesos en total. Marcos García recibió tres años. Santiesteban Prats y Villegas Digat, dos años cada uno. A los tres se les impuso una multa de 20.000 pesos. Integraron el tribunal la jueza ponente, Irene Asunción Macía Mondéjar, Isabel Moreno Salzar y Antonio Infante Rodríguez.
El tribunal dio por probados dos cambios de moneda que suman 300 dólares. El 14 de septiembre de 2023, Santiesteban Prats entregó al contador del asilo 49.600 pesos de su propiedad a cambio de 200 dólares procedentes de donaciones de masones del exterior. El 13 de junio de 2025, Villegas Digat cambió 37.500 pesos por otros 100 dólares. Según el fallo, Viñas Alonso, presidente del patronato del asilo, autorizó ambas operaciones, que se hicieron a la tasa del mercado informal publicada por la plataforma elTOQUE y quedaron anotadas en los libros de control de moneda nacional y divisas de la institución.
Con esos cambios, los acusados convirtieron el asilo “en uno de los canales no autorizados para la adquisición o compra de divisas”, escribieron los jueces, en una actuación que “afecta el orden económico del país”. En el mismo texto admitieron que los masones “no contaban con ninguna prohibición para acudir de manera personal a la institución bancaria para efectuar los cambios”.
La defensa sostuvo en el juicio que los hechos no constituyen delito y que los pesos obtenidos sirvieron para comprar alimentos para los ancianos. El tribunal respondió que la finalidad del cambio “no es determinante” para que exista el delito y que los testigos “dejaron en duda tal finalidad”. Odalys Oliva Alfonso, jefa del Departamento de Asociaciones de la Dirección Provincial de Justicia de La Habana, declaró que en el asilo no había facturas ni documentos que probaran esas compras. Dos antiguos tesoreros, Jesús Martínez Frómeta y Ernesto Valdés García, dijeron ante los jueces que las donaciones en divisas no se correspondían con la situación de los ancianos.
Valdés García declaró además que los cambios nunca se consultaban antes con los miembros del patronato y que solo se informaban después de hechos. La inspección no halló ninguna acta que los aprobara. El testigo de la defensa, Miguel Cuan Hernández, miembro del Consejo de Dirección del asilo, aseguró que las decisiones sobre los fondos se tomaban de forma colegiada, pero dijo desconocer en qué se usó el dinero de los cambios.
Para fijar las penas, el tribunal aplicó una atenuante porque, según la sentencia, “todos confesaron en el juicio oral las operaciones de cambio en la que participaron”. Santiesteban Prats negó tras la vista haber aceptado culpa alguna. “Yo no he reconocido el delito”, dijo a CubaNet el 5 de noviembre.
El caso comenzó con un escrito de Martínez Frómeta, entonces tesorero, y de otros masones ante el Ministerio de Justicia, inconformes con el manejo de las divisas donadas, según el fallo. Especialistas de los ministerios de Salud Pública y de Justicia inspeccionaron después el asilo, entre julio y agosto de 2025, y el expediente lo instruyó el órgano de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior. En junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia Masónica expulsó a Martínez Frómeta de la orden por “traición a la Fraternidad y sus Instituciones”, publicó CubaNet.
El delito de tráfico ilegal de divisas se castiga con dos a cinco años de privación de libertad o con una multa de 500 a 1.000 cuotas. Por la edad de los acusados mayores de 60 años, el tribunal rebajó en un tercio el mínimo, hasta un año y cuatro meses, y decidió que los cuatro cumplan las “sanciones rigurosas” que les impuso en sus casas, bajo el control del juez de ejecución. Mientras dure la condena, no podrán cambiar de domicilio ni trasladarse a otro municipio o provincia sin permiso del tribunal. Tampoco podrán salir del país, votar ni ser elegidos.
La multa debe pagarse en 30 días hábiles desde que el tribunal la reclame. Si el condenado no puede pagar, será recluido un día por cada cuota pendiente, hasta un máximo de seis meses.
La sentencia puede apelarse ante el mismo tribunal en un plazo de 10 días hábiles a partir de su notificación. El 17 de noviembre, la periodista de CubaNet Camila Acosta, esposa de Santiesteban Prats, dijo que su esposo aún no había presentado la apelación. Ese mismo día, un coronel del Ministerio del Interior le comunicó por teléfono que ella y el escritor enfrentan una acusación por “atentado” y que deben presentarse el jueves 19 de noviembre en la estación policial de Zapata y C, en La Habana.










